?Sentencias ejemplares?

El C¨®digo Penal es un cat¨¢logo de conductas delictivas que el legislador entiende que son merecedoras del m¨¢ximo reproche social, representado por la imposici¨®n de una pena.

Los delitos son consecuencia de una pluralidad de factores entre los que destaca, en nuestra sociedad, el econ¨®mico. As¨ª, los componentes de cada clase social, como regla general, cometen unos determinados delitos.

Los delitos fiscales s¨®lo pueden ser realizados por las personas que disfruten de rentas altas. Las clases desfavorecidas, casi en exclusiva, cometen principalmente hurtos, robos, peque?as estafas, etc¨¦tera, que son los que satisfacen sus apetencias inmediatas y est¨¢n a su alcance.

El delito es visto como una v¨ªa r¨¢pida e ilegal para obtener ventajas de las que se carece. Nadie que est¨¦ en sus cabales comete delitos que no necesita y que no le producen satisfacci¨®n.

Una visita a las salas de los tribunales penales permite ver qui¨¦nes son sus clientes ordinarios y ratifica las afirmaciones anteriores. Por ello no es de extra?ar, respecto a los delitos imputados a los altos directivos del Banco Santander-Central Hispano (BSCH) por percibir unas jubilaciones de varias decenas de miles de millones de pesetas, que s¨®lo personas con un estatus equivalente al suyo estuvieran en condiciones de cometerlos. Igual sucede con los atribuidos a un ex alcalde de Marbella, por los que ya ha sido condenado, de concesi¨®n de m¨¢s de un centenar de licencias de obras ilegales que han sido utilizadas para liquidar unos suelos destinados a zonas verdes, espacios libres o equipamientos sociales, y con los cometidos en Madrid y Castilla-La Mancha por 35 responsables de estaciones de servicio que se lucraron enga?ando a sus clientes durante varios a?os al servirles el 5% menos de los carburantes que les vend¨ªan.

?Cu¨¢les han sido las respuestas de los tribunales ante estas conductas? Pues unas muy representativas de una determinada -y mayoritaria- moral social.Los directivos de la citada entidad bancaria han sido absueltos, a reserva de la decisi¨®n del Tribunal Supremo, que parece perfectamente previsible. Se razona en la sentencia que en el sistema econ¨®mico imperante una empresa, si los tiene, puede disponer de sus fondos con total libertad con tal que los acuerdos para hacerlo hayan sido adoptados por sus ¨®rganos de gobierno.

Esta absoluci¨®n, solicitada tambi¨¦n por el fiscal, ha sido objeto de elogios y de pocas cr¨ªticas, aparte de alguna reserva acerca de la mala imagen de aquellas percepciones. Es decir, no se valoran otros factores, como los ¨¦ticos, morales, de oportunidad, de moderaci¨®n, de ejemplaridad y solidaridad social, de austeridad, etc¨¦tera. El mensaje es: el af¨¢n de lucro carece de otros l¨ªmites que no sean los impuestos por la situaci¨®n econ¨®mica financiera. As¨ª es el C¨®digo Penal. La ley y los jueces, se viene a argumentar, no est¨¢n para abordar estos valores.

?Produce sosiego y armon¨ªa social esta soluci¨®n? ?Hasta tal extremo es tolerable que alcance la desigualdad social? ?Se tiene conciencia de los efectos demoledores de los hechos expuestos entre unos ciudadanos que despu¨¦s de trabajar toda su vida en el sector p¨²blico o privado comparen, como no puede ser menos, las cantidades cobradas por aquellos directivos con las que ellos perciben por el mismo concepto, simplemente por no disponer las administraciones o las empresas de los activos necesarios para su equiparaci¨®n? Aqu¨ª todos estos factores brillan por su ausencia. En Francia se est¨¢ tramitando una ley para dificultar, como m¨ªnimo, que se produzcan hechos como los relatados.

El ex alcalde marbell¨ª ha sido condenado a una pena de seis meses de prisi¨®n, la m¨ªnima de las previstas en el C¨®digo Penal, que a buen seguro no cumplir¨¢ al serle suspendida, tal como autoriza la ley. Eso s¨ª, mediante una sentencia de casi 100 folios. No consta que se le haya impuesto

el abono de alguna indemnizaci¨®n para resarcir los da?os ocasionados, y tampoco si es solvente, en sentido legal.

Los responsables de las gasolineras, se informa, han sido condenados, de acuerdo con el fiscal, a penas de c¨¢rcel de entre 15 y 21 meses, aunque ninguno de ellos, por la raz¨®n ya se?alada, ingresar¨¢ en prisi¨®n, seg¨²n los pactos suscritos. Se han comprometido, adem¨¢s, al pago de 351,8 millones de pesetas del total de las defraudadas, que seg¨²n el ministerio p¨²blico de la Audiencia de Madrid alcanzaban la suma de 5.300 millones, rebaja que justifica por el fiscal del proceso, el de la Audiencia Nacional, por la prescripci¨®n del resto. Sea como sea, no es de extra?ar la conformidad de los acusados. As¨ª se las pon¨ªan a Fernando VII.

Con prudencia y esperando no incurrir en demagogia, parece obligado precisar que el robo de un c¨¦ntimo de euro situado en el interior de un veh¨ªculo despu¨¦s de romper su cerradura tiene se?alada en el C¨®digo Penal una posible pena superior a la impuesta al citado ex edil, y si se comete en una tienda, m¨¢s elevada que las aplicadas a los responsables de las gasolineras.

La conclusi¨®n de que en Espa?a los delitos econ¨®micos est¨¢n baratos constituye un imperativo legal. Aqu¨ª se encuentra una de las razones del apego a nuestro pa¨ªs de las mafias internacionales. Esto es Jauja, deben de pensar, y es de temer que con alg¨²n fundamento.

Si uno de los objetivos de la pena es avisar a todos de las consecuencias de cometer delitos, todo hace suponer que en estos casos las ense?anzas son poco aleccionadoras y que incluso pueden ser de signo contrario.

Confiemos en que no sea as¨ª. La esperanza, dicen, es lo ¨²ltimo que se pierde, pero una reforma legal que acudiera en su ayuda no estar¨ªa de m¨¢s. Esperemos, como casi siempre.

?ngel Garc¨ªa Fontanet es magistrado em¨¦rito jubilado.