La suma de todos
El autor mantiene que las concesiones de las televisiones locales no deber¨ªa decidirlas la Administraci¨®n, sino un organismo independiente.
Que la Comunidad de Madrid desde el asunto de Tamayo y S¨¢ez se ha convertido en una especie de monarqu¨ªa bananera, que nos recuerda a la Espa?a rural y atrasada de anta?o, donde el alcalde, el cura, el m¨¦dico y el boticario, hac¨ªan y deshac¨ªan entre envite y ¨®rdago al mus, lo evidencia las peripecias y el resultado del concurso de televisi¨®n local que ha resuelto en pleno mes de agosto el Gobierno de Esperanza Aguirre.
Que la decisi¨®n supone una flagrante ilegalidad lo sabe cualquiera que se haya le¨ªdo la ley vigente que proh¨ªbe que un mismo titular pueda ser adjudicatario de m¨¢s de una concesi¨®n: aqu¨ª licencias se han repartido entre solo nueve empresas. La ampliaci¨®n a posteriori del plazo concesional establecido en el pliego de condiciones es de una arbitrariedad manifiesta. Este mismo pliego contiene cl¨¢usulas contrarias a la legislaci¨®n como la obligaci¨®n de tener que emitir a trav¨¦s de un operador designado por la Comunidad, hecho acreditado por la Comisi¨®n del Mercado de las Telecomunicaciones.
La ley proh¨ªbe que un mismo titular pueda ser adjudicatario de m¨¢s de una concesi¨®n
Que la pretensi¨®n del Gobierno regional de que la segunda cadena de Telemadrid emita en anal¨®gico y de autorizar a los adjudicatarios de este concurso de televisi¨®n digital a emitir por tecnolog¨ªa anal¨®gica, nos devuelve a la situaci¨®n de alegalidad y autoatribuci¨®n de frecuencias anterior a 1995, de lo que tomamos buena nota todos los interesados.
Que los participantes excluidos, algunos como Tele K -con m¨¢s de 12 a?os de experiencia y de trayectoria intachable en la televisi¨®n de proximidad- hemos servido de figurantes de una farsa con un desenlace previsible y previamente determinado lo constata el hecho de que desde hac¨ªa meses algunos confidenciales digitales ya barruntaban los nombres de algunos proyectos ganadores.
Pero lo que no puede durar m¨¢s en nuestro sistema audiovisual, es que sean los gobiernos los encargados de otorgar las concesiones, de decidir qui¨¦n s¨ª y qui¨¦n no puede comunicar como si de la ejecuci¨®n de una obra se tratase, en lugar de unos consejos audiovisuales independientes que llegar¨¢n demasiado tarde, cuando todo el pescado est¨¦ vendido.
Lo que es urgente desterrar son pr¨¢cticas como la llevada a cabo por Esperanza Aguirre de intentar suprimir por decreto las voces cr¨ªticas o simplemente diferentes aprovech¨¢ndose de sus prerrogativas legales para beneficiarse de una red de medios afines socavando de esta forma el pluralismo en el que se debe basar toda sociedad democr¨¢tica.
Lo que no debe continuar es la impunidad en la que se mueve el poder y la falta de garant¨ªas de los perjudicados por decisiones a todas luces injustas. A lo m¨¢s que se puede aspirar en el mejor de los casos despu¨¦s de un largu¨ªsimo y costoso proceso es a una indemnizaci¨®n compensatoria que en ning¨²n caso podr¨¢ reparar el da?o causado.
Lo que en definitiva no puede prolongarse ni un minuto m¨¢s es la visi¨®n exclusivamente mercantilista y politizada de la comunicaci¨®n que incluso en un campo natural para favorecer la diversidad como es la televisi¨®n local, excluye a propuestas sustentadas por la iniciativa ciudadana, con una clara vocaci¨®n de servir a la comunidad a la que se dirige, de promover el empleo, la cultura local y el acceso de los ciudadanos de zonas desfavorecidas a la sociedad de la informaci¨®n. Antes se prefiere entregar a la empresa del amiguete de turno, constituida unos d¨ªas antes de convocar el concurso, la tercera parte de las licencias en juego.
Los ciudadanos tienen que ser conscientes de que sin unos medios de comunicaci¨®n diversos y plurales que recojan los diferentes puntos de vista presentes en la sociedad no habr¨¢ una democracia efectiva.
Esto s¨ª lo percibieron cientos de miles de italianos que hace dos a?os salieron a la calle a parar la llamada Ley Gasparri por la que el primer ministro del pa¨ªs trataba de favorecer su imperio de comunicaci¨®n.
Madrid no puede permitir este toque de queda informativo que nos quiere imponer Esperanza Aguirre. Permanezcan atentos a nuestra pantalla. Nos vemos en septiembre.
Francisco P¨¦rez es director de Tele K y presidente de la Asociaci¨®n de Televisiones Locales de la Comunidad de Madrid.
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