La juez del Registro de Burgos cuestiona la ley que permite las bodas homosexuales

La jueza encargada del Registro Civil de Burgos, Mar¨ªa Luisa Miranda de Miguel, ha presentado una cuesti¨®n de inconstitucionalidad que paraliza el expediente de matrimonio solicitado por dos mujeres, Carmen Mart¨ªn e Isabel Rodr¨ªguez. Esta juez es la tercera que duda de la constitucionalidad de la ley, despu¨¦s de los de D¨¦nia (Alicante) y Telde (Tenerife). En el auto la juez defiende la heterosexualidad del matrimonio y afirma que "duda" de la constitucionalidad de la ley.

La Direcci¨®n de General de Registros y Notariado ha intentado detener esta actitud de algunos jueces mediante una circular. En el texto se les advierte de su falta de legitimaci¨®n para promover este tipo de cuestiones de inconstitucionalidad. El auto de la juez de Burgos argumenta que la "singularidad" del modelo espa?ol "atribuye facultades jur¨ªdicas al encargado del Registro Civil".

En su escrito, Miranda de Miguel destaca la posible contradicci¨®n entre la ley de 1 de julio que autoriza los matrimonios gays y el art¨ªculo 32 de la Constituci¨®n. ?ste dice que "el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jur¨ªdica" y que "la ley regular¨¢ las formas de matrimonio". Esta formulaci¨®n indica, seg¨²n la juez, que "la heterosexualidad es el elemento sustancial e identificador de la instituci¨®n del matrimonio".

Miranda tambi¨¦n hace referencia al anteproyecto original de la Constituci¨®n, en cuyo art¨ªculo 27 se indicaba que "a partir de la edad n¨²bil, el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio y a crear y mantener, en igualdad de derechos, relaciones estables de familia".

Jurisprudencia europea

El auto indica adem¨¢s que "la apertura de la instituci¨®n del matrimonio a personas del mismo sexo tampoco encuentra su apoyo en resoluciones del Parlamento Europeo ni en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos"; y que la Constituci¨®n de la Uni¨®n Europea se limita a garantizar el derecho a contraer matrimonio seg¨²n las leyes de los pa¨ªses miembros.

Por su parte, Natividad Cabello, presidenta de la Asociaci¨®n para la Defensa de la Mujer La Rueda, que apoya a las novias, consider¨® que "se trata de una objeci¨®n de conciencia encubierta de una funcionaria p¨²blica, que debe cumplir la ley igual que todos los espa?oles".

La asociaci¨®n estudia pedir un auto definitivo para que la encargada del registro se pronuncie y d¨¦ tr¨¢mite al matrimonio independientemente de la resoluci¨®n que adopte en su d¨ªa el Tribunal Constitucional. "El fiscal de Alicante que interviene en el caso de D¨¦nia ha indicado que el matrimonio debe llevarse adelante porque no perjudica a nadie y su no celebraci¨®n tendr¨ªa efectos negativos morales e incluso econ¨®micos para las dos personas que lo han solicitado", afirma Cabello.