El ex subdelegado en Lleida declara por las anomal¨ªas en los papeles a inmigrantes

El titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Lleida ha interrogado al subdelegado del Gobierno en Lleida durante el mandato del PP, Joan Barios, como imputado en una presunta trama de presunta corrupci¨®n descubierta en la Oficina ?nica de Extranjer¨ªa, donde seg¨²n los investigadores se tramitaron entre los a?os 2001 y 2003 m¨¢s de 300 expedientes de inmigrantes de forma supuestamente irregular. Adem¨¢s de Barios, tambi¨¦n est¨¢n presuntamente implicados algunos de sus colaboradores, entre los que se encuentran el que fue su asesor personal, Salvador Puy; el secretario general, Antoni Dolcet; el ex delegado de Trabajo, Lorenzo Echarri, y el responsable de la oficina de extranjeros, el polic¨ªa Jos¨¦ Mar¨ªa Vieites.

Barios, a preguntas del fiscal del caso, se limit¨® a negar cualquier relaci¨®n con las supuestas irregularidades cometidas en la tramitaci¨®n y concesi¨®n de permisos de trabajo y de residencia a ciudadanos extranjeros. Igualmente rechaz¨® que durante el tiempo que permaneci¨® al frente de la Subdelegaci¨®n del Gobierno central en Lleida existieran casos de tratos de favor en la Oficina de Extranjer¨ªa o que los funcionarios hubieran cobrado dinero a los inmigrantes por facilitarles los papeles. A lo largo de las m¨¢s de tres horas que dur¨® su declaraci¨®n, el ex alto cargo present¨® numerosos documentos a fin de acreditar la forma de proceder en la tramitaci¨®n de los expedientes.

En el juzgado que investiga el esc¨¢ndalo ya han declarado una docena de personas, algunas imputadas, como Puy y Vieites, y otras en calidad de testigos, as¨ª como varios funcionarios, inmigrantes, empresarios e intermediarios. Entre las versiones de estos ¨²ltimos y la de los responsables de los asuntos de extranjer¨ªa existen notorias contradicciones que avalan la tesis del fiscal sobre la existencia de presuntas corruptelas en el proceso de regularizaci¨®n de decenas de inmigrantes.

Fuentes cercanas a la investigaci¨®n del caso han explicado que las presuntas irregularidades investigadas consistieron en ofrecer a los inmigrantes contratos de trabajo ficticios para conseguir la regularizaci¨®n a cambio de cantidades de dinero que oscilaban entre 2.500 y 6.000 euros, y tambi¨¦n en fingir tener buenos contactos en la Oficina de Extranjer¨ªa para tramitarles los expedientes de regularizaci¨®n de forma fraudulenta.

De las indagaciones realizadas por los Mossos d'Esquadra se desprende que los responsables de la oficina resolvieron, durante los a?os 2001, 2002 y 2003, decenas de expedientes de forma irregular dando trato de favor a determinadas solicitudes que llegaron con notas manuscritas. Algunos expedientes analizados por los Mossos se resolvieron en un tiempo r¨¦cord -entre un d¨ªa y un mes-, cuando el proceso legal no puede ser inferior a tres meses. En esa ¨¦poca, la Oficina de Extranjer¨ªa de Lleida ten¨ªa s¨®lo 13 funcionarios para resolver unos 37.000 expedientes.

La investigaci¨®n policial detect¨® que en ese periodo se hab¨ªa llegado a aprobar hasta 8.214 solicitudes, un n¨²mero muy elevado para una provincia de las dimensiones de Lleida, con unas necesidades laborales determinadas. De los 1.772 expedientes revisados, 1.522 hab¨ªan sido tramitados por tres funcionarias que denunciaron pr¨¢cticas irregulares por parte de los altos cargos de la Administraci¨®n. Este trato de favor, seg¨²n se desprende de las pesquisas, se conced¨ªa a particulares pero, principalmente, a tres empresas de trabajo temporal (ETT) y alguna cooperativa, que llegaron a acaparar en ese periodo hasta el 25% de las ofertas. El 60% de los beneficiarios de esas ofertas de trabajo aprobadas nunca llegaron a ser dados de alta en la seguridad social.

En caso de demostrarse todas estas irregularidades, los ex altos cargos del PP podr¨ªan ser acusados de los delitos de prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias y contra los derechos de los trabajadores.