La Comunidad forz¨® a la familia del alcalde de Pedrezuela a ceder un solar con 26 casas

La Audiencia de Madrid ha dejado visto para sentencia el juicio por prevaricaci¨®n y negociaciones prohibidas a funcionarios p¨²blicos contra el alcalde de Pedrezula, Jos¨¦ Antonio Chinch¨®n, del PP. El origen del proceso nace con la decisi¨®n del Ayuntamiento de Pedrezuela de permitir a una asociaci¨®n de personas disminuidas que levantara una granja escuela y 26 casas adosadas en unos terrenos no urbanizables propiedad en gran parte de la madre y de un t¨ªo carnal del regidor. El regidor ha reconocido que su familia tuvo que ceder los terrenos a la Comunidad para que ¨¦sta diera luz verde al proyecto.

Lo primero que se levant¨® ilegalmente en esos terrenos, en 1999, fue una granja escuela. Los 26 adosados para la residencia de disminuidos, cuyas obras est¨¢n pr¨¢cticamente acabadas, comenzaron a construirse despu¨¦s, en 2003.

Fue una denuncia de los concejales del PSOE en Pedrezuela, localidad pr¨®xima a los 3.000 habitantes, la que dio la voz de alarma. El asunto lleg¨® a la Comunidad de Madrid, que lo analiz¨® y orden¨® derribar la granja. El terreno no era urbanizable y adem¨¢s estaba protegido por la Ley 16/95 Forestal y de Protecci¨®n a la Naturaleza.

Antes de que la granja fuese derribada, la Comunidad modific¨® en 2002 el plan de ordenaci¨®n de sus recursos naturales y otorg¨® "un car¨¢cter social" a los terrenos en los que se enclavaba la granja. Y aprovechando ese car¨¢cter social otorgado al terreno, la Comisi¨®n de Gobierno Municipal tambi¨¦n dio el visto bueno para que en esa misma parcela (unos 36.000 metros cuadrados) se construyesen 26 casas adosadas como albergue de los disminuidos.

Al iniciarse las obras de las casas, los agentes forestales de la zona y el PSOE denunciaron el asunto ante el fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio. ?ste comenz¨® a indagar y comprob¨® que entre el Ayuntamiento y los responsables de la residencia exist¨ªa una suerte de acuerdo que permite que el terreno en cuesti¨®n (y, obviamente, lo construido sobre ¨¦l) revirtiese a la madre y al t¨ªo del alcalde pasados 20 a?os. L¨®gicamente, en herencia, una parte de esa finca pasar¨ªa directamente a manos del regidor. Mientras tanto, la residencia pagar¨ªa 3.600 euros anuales a la familia del alcalde por el arrendamiento de ese terreno.

El pasado mes de julio, cuando ya el asunto estaba judicializado y se avecinaba el juicio, la Comunidad de Madrid impuso, para dar luz verde al proyecto, la eliminaci¨®n de ese acuerdo. Es decir, oblig¨® a que la familia del alcalde cediese los terrenos a la Comunidad. La familia, antes del verano (y tres meses antes del juicio), formaliz¨® una escritura en la que efectivamente cede esos terrenos.

El director general de Urbanismo de Madrid, Enrique Porto, que compareci¨® como testigo en el juicio, reconoci¨® que la Comunidad impuso que los terrenos deb¨ªan ser p¨²blicos, y que s¨®lo se le dar¨ªa cobertura legal al proyecto si se produc¨ªa la cesi¨®n de los terrenos por parte de la familia del alcalde. Porto a?adi¨® que, cuando el Ayuntamiento dio luz verde a la granja, la decisi¨®n no se ajustaba a derecho, puesto que atribu¨ªa "un uso residencial a un suelo no urbanizable" y de titularidad privada.

Juicio

Durante el juicio, el alcalde ha atribuido lo ocurrido a una campa?a pol¨ªtica contra ¨¦l. Asever¨® que la citada asociaci¨®n de disminuidos buscaba un terreno para construir una granja av¨ªcola y unos equipamientos sociales. "Los arquitectos recorrieron el municipio y eligieron la finca de la que mi madre y mi t¨ªo eran propietarios, entre otras. Yo no se?al¨¦ el terreno que hab¨ªa que elegir", indic¨® el regidor. Matiz¨® que en un primer momento el proyecto de la asociaci¨®n s¨®lo contemplaba la construcci¨®n de una granja escuela y un equipamiento social en un terreno r¨²stico y que la edificaci¨®n de las 26 viviendas se pens¨® despu¨¦s de que la asociaci¨®n firmara un convenio con la Consejer¨ªa de Medio Ambiente.

Francisco Esquiv¨¦, presidente de la asociaci¨®n, manifest¨® que el Ayuntamiento "no oblig¨® a construir la granja" en el terreno de los familiares del edil de Pedrezuela. Y declar¨® que se enter¨® por el consejero de Medio Ambiente de que se iban a paralizar las obras por falta de licencias y que la ¨²nica forma de solucionarlo era cediendo el terreno a la Comunidad.

En unas declaraciones que hizo a este peri¨®dico, el regidor se?al¨® que los terrenos pertenec¨ªan "a numeros¨ªsimas personas" y no s¨®lo a su madre y a su t¨ªo, y que la denuncia de los agentes forestales obedec¨ªa a "una venganza pol¨ªtica". El fiscal Valerio ha indicado que los 26 adosados se han levantado justamente sobre los terrenos de la familia del edil.

El abogado defensor del alcalde pidi¨® su absoluci¨®n. Se?al¨® que en esta operaci¨®n no hab¨ªa habido ning¨²n ¨¢nimo lucrativo por parte de su cliente puesto que los terrenos han sido cedidos a la Comunidad.