La ejecuci¨®n n¨²mero 1.000 aviva el debate de la pena de muerte en EE UU

Kenneth Lee Boyd, el ejecutado n¨²mero 1.000 tras la reanudaci¨®n de la pena de muerte en EE UU, muri¨® a las 2.15 de ayer en Raleigh, Carolina del Norte, despu¨¦s de recibir una inyecci¨®n letal. Boyd, de 57 a?os, fue condenado por el asesinato de su mujer y de su suegro en 1988. En EE UU sigue habiendo una mayor¨ªa de la poblaci¨®n a favor del castigo m¨¢ximo, pero aumentan los que condenan la pena de muerte mientras desciende el n¨²mero de condenados y de ejecutados. "Dios bendiga a todos los que est¨¢n aqu¨ª", fueron las ¨²ltimas palabras de Boyd en la c¨¢mara de ejecuci¨®n.

Boyd se refer¨ªa a su nuera, Kathy Smith -casada con un hijo que el condenado hab¨ªa tenido en un primer matrimonio- y a un religioso. En una entrevista con la agencia Associated Press dos d¨ªas antes de la ejecuci¨®n, Kenneth Boyd -que nunca neg¨® su culpabilidad y batall¨® sin ¨¦xito para conmutar la sentencia por otra de cadena perpetua- lament¨® la vinculaci¨®n con la cifra del millar: "No me gusta nada que se me recuerde por esto; no me gusta la idea de ser un n¨²mero".

Sam Page, sheriff del condado, dijo despu¨¦s de que se certificara la muerte de Boyd que era el momento de recordar a las v¨ªctimas: "Esta noche se ha hecho justicia". El abogado del ejecutado, Thomas Maher, opin¨® que la ejecuci¨®n no hab¨ªa servido "para que el mundo sea mejor o m¨¢s seguro". En su opini¨®n, compartida por casi dos centenares de personas que protestaron ante la puerta de la c¨¢rcel y por muchos m¨¢s en EE UU, "la cifra de los 1.000 ejecutados es un hito del que deber¨ªamos avergonzarnos".

En 1988, Boyd descarg¨® su Magnum calibre 357 sobre su mujer, de la que se hab¨ªa separado. Christopher, uno de los hijos de la pareja, qued¨® bajo el cuerpo muerto de la madre y de all¨ª escap¨® y se meti¨® debajo de una cama. Otro de los hijos le quit¨® la pistola a Boyd cuando intentaba volver a cargarla. Despu¨¦s, llam¨® a la polic¨ªa y dijo: "He disparado a mi mujer y a mi suegro, vengan a detenerme", relat¨® en el juicio la fiscal, Belinda Foster, para la que hab¨ªa argumentos suficientes como para justificar la condena. La defensa de Boyd argument¨® que hab¨ªa estado en Vietnam, donde manejaba una excavadora, y que su desequilibrio se deb¨ªa a la tensi¨®n sufrida.

Pausa de 10 a?os

En 1976, en plena oleada de criminalidad, el Tribunal Supremo fall¨® a favor de la reanudaci¨®n de las ejecuciones, despu¨¦s de una pausa de 10 a?os. La primera condena se aplic¨® un a?o despu¨¦s. En 1999 hubo 98 ejecutados. Desde entonces, las condenas han descendido en un 50%, y las ejecuciones, en un 40%, seg¨²n el Centro de Informaci¨®n sobre la Pena de Muerte, que cree que "la cifra de las mil ejecuciones ayuda a reflexionar" en un momento en el que "disminuye claramente su aplicaci¨®n: hay menos sentencias, hay menos personas esperando la ejecuci¨®n y el apoyo popular tambi¨¦n desciende". En opini¨®n de Richard Dieter, director del centro, "hay se?ales claras de que este pa¨ªs est¨¢ replante¨¢ndose el asunto".

El descenso de la criminalidad, las dudas sobre la eficacia disuasoria de la pena capital, las malas defensas que sufren muchos acusados sin recursos para pagarse un buen abogado y los avances en las t¨¦cnicas de ADN -que han contribuido a demostrar la inocencia de m¨¢s de un centenar de condenados a muerte- se han reflejado en la sociedad. En 1994, la pena de muerte era respaldada por el 80%; seg¨²n el ¨²ltimo sondeo Gallup, esa cifra es ahora del 64%. Y si se plantea la alternativa de que los criminales culpables sean condenados a cadena perpetua sin posibilidad de salir de la c¨¢rcel, el apoyo a la pena de muerte se reduce al 50%.

El presidente Bush, que est¨¢ con la mayor¨ªa favorable a la pena m¨¢xima -sobre todo republicanos (77%), pero tambi¨¦n independientes (62%) y dem¨®cratas (55%)- y que cree que "contribuye a salvar vidas de inocentes", ha lanzado una iniciativa para extender el empleo de las pruebas de ADN en las investigaciones criminales, seg¨²n dijo ayer su portavoz, Scott McClellan. En los ¨²ltimos 30 a?os, esas pruebas han sacado del corredor de la muerte a 122 personas y han obligado a algunos gobernadores y Estados a replantearse el asunto. Illinois y Nueva Jersey han adoptado moratorias en todas las ejecuciones pendientes; comisiones parlamentarias de California y Carolina del Norte revisan sus normas, y Nueva York ha anulado la aplicaci¨®n de la pena.