Solbes promete mejorar la financiaci¨®n de Catalu?a si renuncia a un modelo propio

Las negociaciones entre el Gobierno y los partidos catalanes sobre el nuevo Estatuto entran en su fase decisiva con la discusi¨®n del modelo de financiaci¨®n. El vicepresidente Pedro Solbes se ha reunido con representantes del PSC, ERC, CiU e ICV para pedirles que renuncien a su exigencia de un sistema propio para Catalu?a (en el que la Generalitat recaudar¨ªa todos los impuestos) a cambio de una mejora sustancial de la financiaci¨®n. El Gobierno quiere solapar la negociaci¨®n del Estatuto con la propuesta, en febrero, de un nuevo modelo de financiaci¨®n para todas las comunidades.

El PSOE teme que el PP dificulte la reforma aunque pueda interesar a Madrid y Baleares

El Gobierno propone solapar la tramitaci¨®n del Estatuto y el nuevo sistema de financiaci¨®n

Con gran discreci¨®n, al contrario de lo que sucedi¨® en Catalu?a, la negociaci¨®n del Estatuto avanza imparable. A¨²n no se ha llegado a ning¨²n cruce de documentos, sobre todo por el temor del Gobierno a que cualquier texto sea filtrado a la prensa, pero las reuniones para intercambiar puntos de vista, y ofrecer soluciones a los art¨ªculos m¨¢s estridentes del Estatuto, son constantes. "Me van a dar la tarjeta de platino del puente a¨¦reo", bromea un negociador catal¨¢n acostumbrado a viajar casi cada d¨ªa de Barcelona a Madrid para verse con los representantes del Gobierno. M¨¢s de 150 art¨ªculos han sido vistos ya en diversas reuniones.

Estas negociaciones m¨¢s t¨¦cnicas sobre el articulado las lleva el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caama?o. En cambio, el asunto m¨¢s conflictivo, que estuvo a punto de bloquear el paso del Estatuto por el Parlamento catal¨¢n, el de la financiaci¨®n, lo lleva directamente el vicepresidente econ¨®mico, Pedro Solbes, junto al secretario de Estado de Hacienda, Miguel ?ngel Fern¨¢ndez Ord¨®?ez. Solbes se re¨²ne y habla a menudo con el consejero de Econom¨ªa catal¨¢n, Antoni Castells, el principal negociador econ¨®mico, pero el vicepresidente tambi¨¦n se ha visto la semana pasada, para poder explicar en persona su oferta, con representantes de CiU (Francesc Homs), de ERC (Joan Puigcerc¨®s) y de ICV (Joan Saura).

Nadie, ni siquiera los representantes de los socialistas andaluces en esta negociaci¨®n, niegan el d¨¦ficit de financiaci¨®n que ha sufrido Catalu?a en los ¨²ltimos a?os. Y el Gobierno tiene la intenci¨®n de buscar una f¨®rmula para paliarlo, pero el sistema propuesto por Catalu?a, seg¨²n el cual esta comunidad recaudar¨ªa todos los impuestos para luego devolver al Estado una parte en concepto de solidaridad interterritorial, es inaceptable para el Ejecutivo.

La argumentaci¨®n pol¨ªtica de Solbes es clara. El Gobierno, se?ala, no puede aceptar ninguna reforma que no se acuerde en el marco de la negociaci¨®n multilateral, esto es, en el seno del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera. El Estatuto, por tanto, no puede salir del Congreso con un aut¨¦ntico modelo de financiaci¨®n propio, como tiene ahora su T¨ªtulo VI. El Gobierno y el PSOE aceptan que ese texto, como otros estatutos de autonom¨ªa, contenga criterios generales de financiaci¨®n, como la suficiencia o el desarrollo de corresponsabilidad fiscal y de la capacidad normativa sobre impuestos propios, pero rechaza que recoja un modelo que afecta a la financiaci¨®n de todas las autonom¨ªas.

El Ejecutivo sabe que ¨¦se es un tr¨¢gala muy importante para los partidos catalanes -CiU amenaz¨® con romper la negociaci¨®n por este punto- y prepara las compensaciones. Para empezar, y ante la desconfianza de los catalanes, el modelo de financiaci¨®n de todas las comunidades, y por tanto tambi¨¦n el de Catalu?a, se empezar¨¢ a negociar en febrero, de forma paralela al Estatuto, para que los catalanes puedan comprobar si sus peticiones son aceptadas y realmente se mejora su financiaci¨®n, seg¨²n confirman fuentes catalanas y de La Moncloa.

Esto es en s¨ª mismo un avance para los catalanes, ya que hace s¨®lo unos meses los socialistas hablaban de reformar la financiaci¨®n auton¨®mica al final de la legislatura, y ahora ya se piensa, con compromisos concretos, en febrero. Sin embargo, esta soluci¨®n no resuelve el problema a corto plazo, porque el modelo, como pronto, se comenzar¨ªa a aplicar en 2007. Tanto Solbes como otros representantes socialistas, incluidos los andaluces, reconocen la sobrefinanciaci¨®n de comunidades poco pobladas y pobres que ha marcado el actual sistema, y los problemas que ha generado en las autonom¨ªas ricas que han tenido un aumento mayor de la poblaci¨®n, como Baleares, Madrid, Catalu?a, la Comunidad Valenciana o Arag¨®n, por este orden.

Para compensar entonces a Catalu?a, se baraja ofrecer un aumento de las inversiones sobre todo en infraestructuras, que se har¨ªa extensivo a otras comunidades con d¨¦ficit de financiaci¨®n para evitar agravios. Los interlocutores catalanes han rechazado de momento esta posibilidad, porque quieren un modelo consolidado, que no dependa de los distintos gobiernos centrales y que, por tanto, no pueda ser eliminado si hay una nueva mayor¨ªa absoluta y sus votos ya no son imprescindibles, como sucedi¨® en 2000. Sin embargo, los negociadores catalanes admiten que el proceso marcha bien "porque Solbes no se ha negado a reconocer los problemas reales que tiene Catalu?a".

En cuanto a la reforma de la Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas (LOFCA), que se har¨¢ con todos, Solbes ha explicado a sus interlocutores catalanes que el problema pol¨ªtico se sit¨²a en el PP. El cambio que prepara, argumenta, beneficiar¨ªa sobre todo a las m¨¢s perjudicadas por el anterior modelo, pero entre ellas hay tres gobernadas por la oposici¨®n (Madrid, Baleares y la Comunidad Valenciana) que, por inter¨¦s pol¨ªtico, estar¨¢n en contra de cualquier reforma que venga del Gobierno.

El Ejecutivo, en cualquier caso, busca una reforma que no perjudique a las comunidades con menos rentas, y especialmente a Andaluc¨ªa, fundamental para garantizar el ¨¦xito de cualquier sistema. De momento, el modelo no est¨¢ cerrado y por tanto el vicepresidente econ¨®mico no ha presentado una propuesta concreta. Las conversaciones se concentran en la idea de aumentar el porcentaje del IRPF gestionado por las autonom¨ªas, hasta el 50%, y crear agencias consorciadas con el Estado para que las comunidades participen tambi¨¦n en la recaudaci¨®n, y en la posibilidad de que el Gobierno anticipe los ingresos previstos cada a?o en vez de esperar a la recaudaci¨®n, una soluci¨®n similar a la que se ha buscado para paliar el d¨¦ficit sanitario.