El cors¨¦ tributario de las comunidades aut¨®nomas

La mayor¨ªa de las comunidades aut¨®nomas, 13 en total, han ensayado distintas formas de aumentar su recaudaci¨®n a trav¨¦s del establecimiento de tributos propios. Arag¨®n ha sido la ¨²ltima en engrosar la lista (ver gr¨¢fico), con el anuncio de tres impuestos medioambientales que gravar¨¢n las emisiones contaminantes, las superficies comerciales con m¨¢s de 500 metros cuadrados y los remontes de esqu¨ª. Con ellos, el Gobierno aut¨®nomo espera recaudar 17,7 millones. Hace poco m¨¢s de un mes, Baleares anunci¨® tambi¨¦n la creaci¨®n de un impuesto sobre el alquiler de veh¨ªculos, que reportar¨¢ unos ingresos de 12,5 millones de euros.

Las limitaciones a las que se enfrentan las autonom¨ªas convierten, no obstante, la creaci¨®n de los tributos propios -una f¨®rmula para recaudar m¨¢s y sanear as¨ª sus arcas- en un ejercicio de imaginaci¨®n fiscal. Se trata casi de un ejemplo de funambulismo, porque adem¨¢s de la impopularidad de los impuestos, las autonom¨ªas deben enfrentarse a los l¨ªmites que impone la Constituci¨®n, la Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas (LOFCA) y las normas comunitarias. Am¨¦n de no poder invadir los espacios fiscales de los entes locales.

Las autonom¨ªas obtienen m¨¢s de 1.000 millones de euros con los tributos propios

Encajonadas en este cors¨¦, las administraciones regionales han optado por los tributos propios como v¨ªa para ara?ar unos ingresos que, aunque al lado de lo que recaudan por los impuestos cedidos por el Estado (m¨¢s de 50.000 millones de euros) parece un pellizco insignificante, suponen anualmente m¨¢s de 1.000 millones de euros.

Catalu?a y Andaluc¨ªa son las pioneras en la creaci¨®n de nuevas figuras tributarias. La que m¨¢s recauda en estos momentos -sin tener en cuenta Canarias, que ha creado un impuesto propio porque carece de IVA- es Madrid (72 millones de euros), seg¨²n datos del Ministerio de Administraciones P¨²blicas.

Del otro lado, cuatro comunidades -Cantabria, Pa¨ªs Vasco, Navarra y Castilla y Le¨®n- han decidido renunciar a esos ingresos extra, bien para eludir la impopularidad que generan, bien por los impedimentos mencionados, o porque aprovechan para aumentar los impuestos cedidos; algo que suele resultar m¨¢s ventajoso que el monto que supone la recaudaci¨®n por tributos auton¨®micos. El dilema es: que muchos paguen poco o que pocos paguen mucho. Es decir, aplicar el recargo de los tributos cedidos, que suelen recaer en toda o una gran parte de los ciudadanos, o establecer impuestos propios, que suelen gravar actividades de un sector muy espec¨ªfico.

El art¨ªculo 6 de la LOFCA proh¨ªbe que las autonom¨ªas graven hechos imponibles tasados por el Estado. Y el Estado ya grava casi todo. Las comunidades tampoco pueden ejercer su poder tributario en materias cuya competencia no les haya sido transferida. Y si invaden materias que la legislaci¨®n reserva a los ayuntamientos, tiene que compensarles. El espacio que les queda es, por tanto, muy reducido. Las que se atreven a crear nuevas figuras se topan siempre con recursos de inconstitucionalidad.

Para sortear estos obst¨¢culos, existen varias opciones. En algunos casos la clave est¨¢ en la formulaci¨®n del hecho imponible. Catalu?a, por ejemplo, decidi¨® crear en 2001 un impuesto que grava las grandes superficies en virtud del n¨²mero de metros que tengan y no en funci¨®n de los beneficios, lo que chocar¨ªa con el impuesto estatal de sociedades. De momento, est¨¢ recurrido, pero el Tribunal Constitucional todav¨ªa no se ha pronunciado.

Otra f¨®rmula consiste en camuflarlo, llam¨¢ndole canon -figura que no existe jur¨ªdicamente-. "?stos son impuestos como la catedral de Burgos, y los vinculan a la prestaci¨®n de un servicio, cuando existe una caja ¨²nica y todos los ingresos sirven para pagar todos los gastos", explica el profesor de Derecho Financiero de la Universidad de Salamanca Jos¨¦ Mar¨ªa Lago. Son muchas las comunidades que han decidido crear un canon sobre el saneamiento de agua, por el que obtienen jugosos ingresos.

Una tercera soluci¨®n es buscarle una finalidad extrafiscal, por ejemplo, para combatir una pr¨¢ctica da?ina o peligrosa. Tambi¨¦n est¨¢ muy de moda gravar actividades que perjudican el medio ambiente. En Andaluc¨ªa hay cuatro impuestos de este tipo con los que el Ejecutivo de Manuel Chaves recauda 35 millones de euros. En el caso de Baleares, el consejero de Econom¨ªa, Llu¨ªs Ramis de Ayreflor (PP), argumenta que el tributo que obligar¨¢ despu¨¦s del verano de 2006 a quien alquile un veh¨ªculo a pagar hasta cinco euros al d¨ªa servir¨¢ para "regular el sector" y "atajar la competencia desleal". Los ecologistas y la oposici¨®n critican al PP por haber anulado la ecotasa -que establec¨ªa que los turistas deb¨ªan pagar en los establecimientos hoteleros un euro al d¨ªa- para luego crear un impuesto que afectar¨¢ casi exclusivamente al sector tur¨ªstico.

La finalidad extrafiscal, adem¨¢s de favorecer una mejor aceptaci¨®n del tributo por parte de la ciudadan¨ªa, ha sido determinante para que el Tribunal Constitucional deje pasar algunos impuestos al considerar que no son sustancialmente id¨¦nticos a los del Estado, seg¨²n explica Lago.

El profesor de la Universidad de Salamanca es contrario a la creaci¨®n de tributos propios, porque "van en direcci¨®n contraria a la armonizaci¨®n fiscal que se pretende instalar en la Uni¨®n Europea". No obstante, es partidario de que las comunidades aumenten su participaci¨®n en los impuestos cedidos. "Con un punto m¨¢s de IRPF ingresar¨ªan miles de millones de pesetas m¨¢s. No lo hacen porque saben que es muy sensible a la ciudadan¨ªa", subraya.

Sin embargo, el profesor de Derecho Tributario de la Universidad de Sevilla, Francisco Adame, autor de varios libros sobre la fiscalidad auton¨®mica, se muestra partidario de que las comunidades creen m¨¢s tributos propios. Si Espa?a es un pa¨ªs "funcionalmente federal, lo que har¨ªa falta es que el Estado cediera espacios fiscales a las comunidades, que hubiera un reparto de materias", asegura. Pero no carga todas las culpas en esa direcci¨®n: "Algunas comunidades no quieren ejercer su responsabilidad fiscal, porque dif¨ªcilmente est¨¢n dispuestas a asumir su coste pol¨ªtico", asegura. Adame explica que el Tribunal Constitucional ha establecido el principio de corresponsabilidad fiscal, que significa que las administraciones auton¨®micas tienen competencia tanto en los gastos como en los ingresos. "El avance de descentralizaci¨®n en materia de gasto es incomparable", asegura, pero cuando las comunidades tienen alg¨²n tipo de d¨¦ficit, acuden al "pap¨¢ Estado para cubrirlo". "Si usted quiere m¨¢s fondos para mejorar los servicios, tiene que dar la cara ante sus ciudadanos y crear tributos", a?ade.

El profesor de la Universidad de Sevilla considera que todav¨ªa hay margen para crear nuevos impuestos. Sobre todo en materias medioambientales. Opina que los problemas financieros de las autonom¨ªas no se resuelven con este tipo de impuestos, pero si existiera un sistema de tributos propios "bien dise?ado" s¨ª que se podr¨ªa lograr "una recaudaci¨®n considerable". Seg¨²n sus datos, los tributos sobre el juego y el agua son los que ofrecen un pellizco mayor.

Tanto, que el ministro de Econom¨ªa, Pedro Solbes, propuso recientemente gravar el consumo del agua para penalizar el despilfarro. El Gobierno pretende crear varios tributos verdes que compensen la ca¨ªda de recaudaci¨®n que se producir¨¢ con las reformas del impuesto sobre la renta y el de sociedades. Pero muchas de estas nuevas figuras son de competencia auton¨®mica y el Estado tendr¨ªa que compensar a las comunidades por lo que ¨¦stas dejaran de recaudar.

Mientras, el cors¨¦ tributario seguir¨¢ siendo un fastidioso impedimento para las autonom¨ªas que ingenian impuestos propios y una buena excusa para aquellas que no est¨¢n dispuestas a establecer estas figuras.