El uso pol¨ªtico de la lengua catalana

A juzgar por las tormentas que han descargado sobre el Estatuto catal¨¢n, sus negociadores tambi¨¦n ser¨¢n considerados culpables de la supuesta capitulaci¨®n del idioma castellano. Y sin embargo, algunos de los denunciantes de la discriminaci¨®n de esta lengua en Catalu?a son los primeros que afirman: "Llueve sobre mojado", apuntando al Partido Popular (PP), que ocho a?os atr¨¢s, cuando estaba en el poder, no recurri¨® la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica de Catalu?a, provocando as¨ª la desolaci¨®n de aqu¨¦llos.

El Partido Popular gobernaba gracias a un pacto de estabilidad con Jordi Pujol, en aquel tiempo al frente de la Generalitat de Catalu?a. Como presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar pod¨ªa haber recurrido contra la norma ling¨¹¨ªstica aprobada a finales de 1997 por el Parlamento catal¨¢n; pero no lo hizo. Mientras tanto, Alejo Vidal-Quadras, ex presidente del PP en esa comunidad, que hab¨ªa organizado la resistencia desde la Asociaci¨®n Convivencia C¨ªvica Catalana, pidi¨® al Defensor del Pueblo que usara ¨¦l de su facultad de recurrir al Constitucional.

El deber de conocer el gallego fue declarado inconstitucional 20 a?os antes de que se plantee para el catal¨¢n

Todas las autonom¨ªas con "lengua propia" aplican procesos de normalizaci¨®n

La utilizaci¨®n pol¨ªtica de las lenguas 'pesa' m¨¢s que su valor como instrumentos de comunicaci¨®n

El PP se ha lanzado a una campa?a de condena al Gobierno catal¨¢n

"Cuarenta y ocho horas antes de la finalizaci¨®n del plazo para la presentaci¨®n del recurso, el propio Defensor del Pueblo comunic¨® a los solicitantes su decisi¨®n de hacerlo", cuenta el profesor universitario Francisco Caja, colaborador de Vidal-Quadras en aquellas lides. Una filtraci¨®n alert¨® a Pujol. "Las llamadas al Defensor del Pueblo antes de la finalizaci¨®n del plazo para el recurso fueron numerosas e importantes, todas coincidentes en que su presentaci¨®n acarrear¨ªa consecuencias pol¨ªticas imprevisibles", recuerda Caja. El defensor, Fernando ?lvarez Miranda, finalmente tampoco present¨® recurso contra la ley ling¨¹¨ªstica del Parlamento catal¨¢n.

"Los lodos actuales proceden de aquellos polvos", afirma Caja, actualmente al frente de Convivencia C¨ªvica, que por descontado rechaza las disposiciones sobre lenguas incluidas en el proyecto de nuevo Estatuto. Sus cr¨ªticas no se limitan a ese 89% de diputados catalanes que aprobaron la propuesta de Estatuto enviada a las Cortes, sino que se extienden a Josep Piqu¨¦ como dirigente del PP en Catalu?a, pese a que ¨¦ste no respald¨® la propuesta estatutaria en la C¨¢mara auton¨®mica.

Cuando la regulaci¨®n de las lenguas en Catalu?a lleva ocho a?os en vigor, ahora se plantea consolidarla a trav¨¦s del nuevo Estatuto. De aprobarse, tendr¨¢ rango de ley org¨¢nica y ser¨¢ votado en refer¨¦ndum, circunstancias todas ellas que no re¨²ne la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica vigente. En el proyecto de Estatuto se recoge el deber de la poblaci¨®n de conocer tanto el castellano como el catal¨¢n; nada tiene de particular que se mencione el deber de conocer el castellano, puesto que ya lo estableci¨® la Constituci¨®n de 1978 para todos. Resulta mucho m¨¢s significativo que se generalice a la poblaci¨®n de Catalu?a el deber de conocer el catal¨¢n, puesto que de ello nada dice el texto constitucional.

Y en este punto existe un antecedente: el 26 de junio de 1986 fue declarado inconstitucional el deber de conocer el idioma gallego en la comunidad aut¨®noma de Galicia. El Tribunal Constitucional consider¨® que no es discriminatorio respecto de los ciudadanos "la existencia de un deber de conocimiento del castellano y la inexistencia del mismo deber respecto del gallego", seg¨²n se lee en los fundamentos de la sentencia 84/1986. El tribunal que tom¨® esa decisi¨®n estaba encabezado por Francisco Tom¨¢s y Valiente, con el magistrado Antonio Truyol Serra como ponente; uno de sus miembros era Francisco Rubio Llorente.

Conviene recordar el contexto en que se dict¨® aquel fallo: las autonom¨ªas comenzaban a organizarse y hab¨ªa una relaci¨®n de fuerzas pol¨ªticas en Espa?a diferente a la actual. En aquel momento fue el presidente del Gobierno socialista, Felipe Gonz¨¢lez, el que se opuso al "deber" de conocer el gallego, que hab¨ªa sido introducido como tal en una ley del Parlamento de Galicia aprobada en 1983. Esta comunidad aut¨®noma ten¨ªa entonces un Ejecutivo conservador encabezado por Xerardo Fern¨¢ndez Albor.

El deber de conocer el gallego "no viene impuesto por la Constituci¨®n y no es inherente a la cooficialidad de la lengua gallega", se lee en los fundamentos de la sentencia. Los jueces afirman que el art¨ªculo 3 de la Constituci¨®n establece que el castellano es "idioma com¨²n a todos los espa?oles y cuyo conocimiento puede presumirse en cualquier caso, independientemente de factores de residencia o vecindad. No ocurre, sin embargo, lo mismo con las otras lenguas espa?olas cooficiales en los ¨¢mbitos de las respectivas comunidades aut¨®nomas, pues el citado art¨ªculo (constitucional) no establece para ellas ese deber, sin que ello pueda considerarse discriminatorio". El tribunal acepta una acci¨®n p¨²blica destinada a asegurar el conocimiento de ese idioma por los ciudadanos de Galicia -por ejemplo, en la ense?anza-, pero rechaza que se obligue a todos los ciudadanos de una comunidad a conocer una lengua distinta del castellano. El representante del Parlamento de Galicia aleg¨® ante el Constitucional que ese deber "carece de exigibilidad coercitiva" y es un "imperativo ¨¦tico que, jur¨ªdicamente, no es exigible", pero tales argumentos fueron rechazados por los jueces constitucionales.

Han transcurrido veinte a?os. Con Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero en La Moncloa, el equipo del PSOE que ha negociado el proyecto de Estatuto de Catalu?a ha aceptado inicialmente la propuesta ling¨¹¨ªstica avalada por la mayor¨ªa de los partidos catalanes, mientras la direcci¨®n del Partido Popular, encabezada por Mariano Rajoy, ha iniciado un intento de condena pol¨ªtica del Gobierno catal¨¢n por "discriminar al castellano", Ayuntamiento por Ayuntamiento -en paralelo con la b¨²squeda de firmas para combatir el Estatuto entero-. Desde posiciones nacionalistas han continuado las cr¨ªticas al desequilibrio jur¨ªdico de la lengua catalana respecto del castellano. Y mientras tanto, el Constitucional se ha pronunciado varias veces sobre regulaciones ling¨¹¨ªsticas, en general para avalar el uso en la educaci¨®n de idiomas distintos del castellano, sin abrir paso a la posibilidad de que alguien pueda ser obligado a conocer un idioma que no es com¨²n a todos.

El ling¨¹ista Juan Ram¨®n Lodares -fallecido el a?o pasado- dedic¨® varios art¨ªculos y parte de un libro (El porvenir del espa?ol) a reflexionar sobre "el proceso que va a convertir a Espa?a en un pa¨ªs donde la lengua com¨²n, el espa?ol, no sirva por s¨ª misma para instalarse en todo su territorio".

Las barreras ling¨¹¨ªsticas

Lodares pon¨ªa este ejemplo: "Ma?ana, alguien que desde ni?o no se haya instruido en catal¨¢n, valenciano, gallego o vasco encontrar¨¢ dif¨ªcil la instalaci¨®n laboral medio-alta en las zonas donde se concentra, aproximadamente, el 40% de la poblaci¨®n espa?ola, es decir, en Catalu?a, Valencia, Baleares, Galicia y Pa¨ªs Vasco. La instalaci¨®n ser¨¢ pr¨¢cticamente imposible en lo que ata?e a puestos de trabajo que tengan que ver con la gesti¨®n p¨²blica". Los que sienten el catal¨¢n como propio resaltan el arraigo hist¨®rico y cultural de esta lengua y la persecuci¨®n sufrida por sus hablantes durante el franquismo, como razones que avalan las pol¨ªticas de fomento del catal¨¢n. Tambi¨¦n, la importancia de esta lengua a escala continental, hablada por alrededor de 10 millones de personas (los documentos disponibles en la p¨¢gina de la Generalitat catalana en Internet cuentan entre los hablantes del catal¨¢n a los del valenciano. Uno de ellos se reproduce en esta p¨¢gina. Sin entrar en la pol¨¦mica catal¨¢n/valenciano, dos datos: el nombre oficial de la lengua propia de la Comunidad Valenciana es el valenciano. El diccionario de la Real Academia Espa?ola define al valenciano como "variedad del catal¨¢n").

La Constituci¨®n tampoco sirve de referencia para definir el alcance de la "lengua propia", palabras que ni siquiera aparecen en su texto. El concepto de lengua propia se introdujo en los estatutos catal¨¢n y vasco promulgados en 1979, extendi¨¦ndose desde ah¨ª a otros.

Varias lenguas espa?olas

As¨ª, el Estatuto de Galicia considera como lengua propia el gallego, y su Ley de Normalizaci¨®n califica este idioma de "n¨²cleo vital de la identidad gallega" y "verdadera fuerza espiritual que da unidad interna a la comunidad". Los idiomas valenciano y castellano simplemente reciben la consideraci¨®n de "oficiales" de la Comunidad Valenciana en su Estatuto, pero una ley posterior tambi¨¦n caracteriz¨® al valenciano como "lengua propia". La Ley 3/1986 de Normalizaci¨®n Ling¨¹¨ªstica de las islas Baleares afirma que la lengua catalana es "el instrumento con el cual los isle?os han realizado sus m¨¢ximas aportaciones a la cultura universal". Y en el Pa¨ªs Vasco, la ley proclama el euskera como "el signo m¨¢s visible y objetivo de identidad de nuestra comunidad y un instrumento de integraci¨®n plena del individuo en ella a trav¨¦s de su conocimiento y uso". "El castellano no es la ¨²nica lengua espa?ola", recalca Joan Jordi Rosell, presidente de la Federaci¨®n de Padres de Alumnos de Catalu?a. Y el ling¨¹ista Albert Branchadell sostiene que si en Espa?a todo el mundo puede entenderse en castellano, otra cosa es hacerlo siempre en esa lengua, "con la consiguiente omisi¨®n de otras lenguas espa?olas que, para una parte de los espa?oles, puedan ser tan importantes como lo es el malt¨¦s para los malteses". Ejemplo tra¨ªdo a cuento de la oficialidad en la Uni¨®n Europea (UE) de un idioma usado por 400.000 personas.

A partir de 2007 tambi¨¦n ser¨¢ oficial en la UE el ga¨¦lico, hablado por una minor¨ªa en Irlanda, cuya mayor¨ªa de habitantes vive y trabaja en ingl¨¦s. Varias lenguas habladas en Espa?a han sido admitidas como de uso oficial en algunas instancias comunitarias. En suma, la Uni¨®n Europea ha preferido no ofender a nadie, en el af¨¢n de ganar adhesiones populares a la causa europe¨ªsta.

Ahora bien, las lenguas de trabajo en la UE son muchas menos que las oficiales. Peri¨®dicamente surgen intentos de reducir su n¨²mero, en nombre de la facilidad operativa y del ahorro de costes de traducci¨®n e interpretaci¨®n. Espa?a, Italia y Portugal ya han boicoteado alguna reuni¨®n del Consejo de Ministros de la UE porque los documentos de trabajo s¨®lo hab¨ªan sido distribuidos en ingl¨¦s, franc¨¦s y alem¨¢n. Los servicios que dependen de la Comisi¨®n Europea, dirigida por Jos¨¦ Manuel Dur?o Barroso, han ensayado otros movimientos para reducir el volumen de traducciones.

"Espa?a nos potencia a todos"

M¨¢s all¨¢ del debate pol¨ªtico sobre las cuestiones ling¨¹¨ªsticas, "lo preocupante de la pol¨¦mica en torno al Estatuto de Catalu?a es el fondo de la cultura que estamos generando: que la gente hable mal de los catalanes en Espa?a o que la hispanofobia pueda instalarse en Catalu?a", reflexiona Nicol¨¢s Sartorius, vicepresidente de la Fundaci¨®n Alternativas, que est¨¢ organizando rondas de debates entre personas de la sociedad civil, enfocadas a la eliminaci¨®n de prejuicios y malentendidos sobre el alcance de la Espa?a plural. (La transcripci¨®n de esos trabajos puede encontrarse en Internet: www.falternativas.org).

"Hemos tenido el periodo m¨¢s brillante de nuestra historia", a?ade Sartorius. "Es la primera vez que la democracia dura, nos hemos integrado en Europa y hay una mejora muy seria desde el punto de vista econ¨®mico. Tenemos proyectos en com¨²n. Hemos de convencernos de que Espa?a nos potencia a todos".