'The New York Times', contra Bush

La revista The Nation resume as¨ª el asunto de las escuchas ilegales en Estados Unidos: "La Administraci¨®n de George W. Bush no es una dictadura, pero tiene todas las caracter¨ªsticas de un embri¨®n de dictadura". "Los Gobiernos que desatan guerras ilegales enga?an a sus ciudadanos, violan sus derechos, abusan del poder y se saltan leyes, rechazan ser investigados desde el poder judicial y legislativo, claman poseer poder sin l¨ªmites, torturan prisioneros y act¨²an en secreto tienen un solo nombre: dictaduras".

Para The Nation, el presidente George W. Bush se mueve en canales ajenos a los constitucionalmente establecidos. "S¨ª, estoy por encima de la ley. Yo soy la ley. Y si no os gusta os desaf¨ªo a que hag¨¢is algo al respecto", viene a decir el presidente, seg¨²n la revista estadounidense.

Con la defensa numantina hecha por Bush sobre su autorizaci¨®n a los servicios de espionaje estadounidenses tras el 11-S para que interceptaran mensajes de correo electr¨®nico y pincharan tel¨¦fonos en busca de indicios de actos terroristas pero sin recurrir a ning¨²n mandato judicial ha quedado al descubierto m¨¢s que nunca el car¨¢cter autoritario de la actual Administraci¨®n.

Esta semana, The New York Times decid¨ªa sacar a los ciudadanos del oscurantismo. El diario presentaba una demanda ante un tribunal federal para que el Departamento de Defensa libere documentos sobre las escuchas ilegales que el Gobierno de Bush orden¨® a partir de 2001. El Times ya hab¨ªa solicitado los documentos en diciembre pasado invocando la Ley de Libertad de Informaci¨®n (FOIA, en sus siglas en ingl¨¦s), pero se ha visto obligado a acudir a la justicia por no estar satisfecho con la respuesta del Pent¨¢gono de que la solicitud estaba "siendo procesada lo m¨¢s r¨¢pidamente posible", seg¨²n la demanda de seis p¨¢ginas presentada ante un juzgado federal de Nueva York.

La FOIA obliga a la Casa Blanca a entregar la documentaci¨®n sobre el programa de espionaje del Organismo de Seguridad Nacional (NSA), que control¨® las comunicaciones internacionales de un n¨²mero indeterminado de ciudadanos estadounidenses. Si el Departamento de Defensa no entrega los papeles, el peri¨®dico reclama que justifique la raz¨®n por la que los deniega.

Promulgada en 1966, la Ley de Libertad de Informaci¨®n fue la primera legislaci¨®n en establecer un derecho jur¨ªdico eficaz de acceso a la informaci¨®n gubernamental subrayando la necesidad crucial en una democracia de acceso abierto a los ciudadanos a la informaci¨®n de la Casa Blanca.

En los ¨²ltimos 40 a?os, los ciudadanos, estudiantes y reporteros han usado la FOIA para obtener informaci¨®n gubernamental vital y valiosa. Como asegur¨® el presidente Bill Clinton: "Esta legislaci¨®n no s¨®lo afirma la importancia, sino tambi¨¦n el desaf¨ªo de mantener la apertura en el Gobierno".

Para el abogado de The New York Times, David McCraw, el caso de las escuchas ilegales es lo suficientemente grave como para invocar la Ley de Libertad de Informaci¨®n. "Los hechos tienen una relevancia suficiente como para que nuestros reporteros trabajen en ella, y el camino para hacerlo es a trav¨¦s de esta ley", asegura.

El citado peri¨®dico neoyorquino fue el que revel¨® en diciembre pasado la existencia del programa secreto de espionaje. Desde ese momento, la pol¨¦mica no ha abandonado Washington y las cr¨ªticas sobre c¨®mo Bush est¨¢ gestionando su declarada guerra contra el terrorismo se han sucedido en cascada. El mandatario calific¨® la divulgaci¨®n del programa por el Times como un "acto vergonzoso" que pon¨ªa en peligro al pa¨ªs. Entonces, el diario reclam¨® al Gobierno informaci¨®n sobre el programa de escuchas cobij¨¢ndose en la Ley de Libertad de Informaci¨®n, que concede a los organismos p¨²blicos 20 d¨ªas h¨¢biles para dar una respuesta. Ante la falta de contestaci¨®n, The New York Times ha llevado al Pent¨¢gono ante los tribunales.

Otro de los objetivos del diario a la hora de requerir la entrega de informes internos y correspondencia es descubrir si exist¨ªa disidencia dentro de la Administraci¨®n sobre si poner en marcha el programa o no. Tambi¨¦n exige los nombres de las personas o grupos identificados en el programa de vigilancia de Bush en el que se interceptaban comunicaciones dentro del pa¨ªs presuntamente vinculadas a Al Qaeda tras los ataques del 11 de septiembre.

Cuando el presidente Bush admiti¨® de forma reiterada que hab¨ªa ordenado el programa de escuchas tom¨® una decisi¨®n: "Abusar de su poder presidencial como no se ha hecho en la historia americana", puntualiza The Nation.