Cristina Narbona: "No se pueden pedir fondos europeos y tratar de eludir la ley"

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se mostr¨® ayer "muy satisfecha" por la decisi¨®n de la UE que considera necesaria la declaraci¨®n de impacto ambiental para la M-30. "No se pueden pedir fondos europeos y luego tratar de eludir la ley", se?al¨®. El Gobierno espa?ol ha informado en dos ocasiones a la UE sobre las obras de la M-30 y en ambas ocasiones ha expresado por escrito que era necesario efectuar la declaraci¨®n de impacto ambiental. La Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Tajo acaba de denegar al Ayuntamiento la autorizaci¨®n para ocupar m¨¢s tramos de r¨ªo.

El Ministerio de Medio Ambiente act¨²a como representante de las administraciones ante la UE. As¨ª ha informado en dos ocasiones y por escrito de que en su opini¨®n era necesaria, para acometer la remodelaci¨®n de la M-30, contar con una declaraci¨®n de impacto ambiental. "Cuando se quiere ir por atajos, se tarda m¨¢s", declar¨® ayer la ministra Narbona nada m¨¢s conocer la noticia. "Nosotros hemos dejado clara siempre cu¨¢l era nuestra opini¨®n al respecto. Pero la Comunidad de Madrid decidi¨® eliminar este tr¨¢mite y ha podido vulnerar la ley".

En opini¨®n de Narbona, el Gobierno que preside Esperanza Aguirre ha adoptado esta decisi¨®n en su beneficio pol¨ªtico poniendo en riesgo valores medioambientales de la ciudad. "Como lo ha hecho con la M-501", advierte, en referencia a su desdoblamiento.

Seg¨²n explic¨® ayer la ministra, la queja de la UE llegar¨¢ al Ministerio de Medio Ambiente. "Seremos nosotros, de nuevo, quienes actuaremos como representantes de la Comunidad y del Ayuntamiento. Les llamaremos otra vez, escucharemos sus argumentaciones y, adem¨¢s, nosotros volveremos a informar a la UE. Otra vez insistiremos en la necesidad de que haya una declaraci¨®n de impacto ambiental".

Subvenciones

"No se puede ser europeo para lo que se quiere y eludir las leyes cuando no convengan", insisti¨® Narbona.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) concedi¨® al Ayuntamiento en 2004 un cr¨¦dito de 1.500 millones, con un inter¨¦s muy bajo, para financiar parte de las obras de la M-30. Pero el Consistorio a¨²n no ha podido utilizar ese dinero porque el cr¨¦dito est¨¢ bloqueado hasta que la Comisi¨®n Europea aclare si las obras cumplen la normativa ambiental. De hecho, el Ayuntamiento ha decidido pedir la cantidad que necesitaba a otro banco comercial.

Medio Ambiente, a trav¨¦s de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Tajo, controla las obras de la M-30 en el tramo del r¨ªo. Para autorizar esta parte del proyecto, la Confederaci¨®n solicit¨® al Ayuntamiento el cumplimiento de 42 condiciones. "Est¨¢n muy vigilados", se?al¨® ayer un portavoz de la Confederaci¨®n. "Y, aun as¨ª, hay cinco expedientes abiertos y en alguno de los casos se detuvo durante unos d¨ªas la obra en un tramo del r¨ªo porque se estaban vertiendo residuos".

En noviembre de 2005 se inici¨® un procedimiento sancionador por el dep¨®sito de material de obra en el cauce, junto al puente de Praga. El 13 de enero, dos m¨¢s: uno por la construcci¨®n de un murete de hormig¨®n en zona de dominio p¨²blico hidr¨¢ulico y otro por acopio de tierras en el cauce. El cuarto expediente fue por los vertidos de material junto al puente de Praga. El pasado 25 de enero, la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica comprob¨® que se estaban realizando vertidos ilegales de bentonita en una zona pr¨®xima a la calle de San Pol de Mar.

Recientemente, el Ayuntamiento de Madrid, seg¨²n explic¨® este portavoz de la Confederaci¨®n, ha solicitado permiso para ampliar las plataformas de ocupaci¨®n de la obra en el tramo del r¨ªo. "Les hemos dicho que no, claro. Ellos quieren m¨¢s plataformas porque van muy justo en los plazos de ejecuci¨®n del proyecto, pero ¨¦se no es asunto nuestro", a?adi¨®.

El Parlamento Europeo est¨¢ tambi¨¦n a punto de fijar la fecha de la visita de los eurodiputados a Madrid para visitar la obra a petici¨®n de IU, los grupos ecologistas y los vecinos afectados.

Hace unas semanas, el Tribunal de Justicia de la UE ha condenado a Espa?a por no realizar la evaluaci¨®n de impacto ambiental de Kin¨¦polis, un centro de ocio en Paterna (Valencia). Esta sentencia, que ha sentado jurisprudencia, se?ala que al excluir del an¨¢lisis de impacto los proyectos de zonas urbanas, no se ha adaptado correctamente a la legislaci¨®n espa?ola la normativa comunitaria. Las autoridades espa?olas hab¨ªan argumentado que como el centro de ocio, considerado el segundo complejo de cines m¨¢s grande de Europa, con una afluencia semanal de m¨¢s de 60.000 personas, se construy¨® en suelo urbano, el impacto sobre el medio ambiente no pod¨ªa ser importante.