Hacienda detect¨® en 2003 compras de sellos de escaso valor por 60 millones y su venta por 700

El informe de la Agencia Tributaria sobre Afinsa, una de las dos sociedades de comercializaci¨®n de sellos intervenida judicialmente, destapa que las irregulares ventas de timbres por parte del principal proveedor de esa empresa, Francisco Guijarro, se conocieron a principios de 2003.

Guijarro, seg¨²n la investigaci¨®n de la Agencia Tributaria, habr¨ªa vendido hasta ese a?o a Afinsa sellos de escaso valor por cerca de 60 millones de euros que, a su vez, Afinsa hab¨ªa colocado a sus clientes por m¨¢s de 700 millones de euros. La Agencia Tributaria inici¨® sus comprobaciones sobre esta operaci¨®n el 12 de febrero de 2003 cuando comunic¨® a Afinsa que Guijarro, su principal proveedor, no acreditaba documentalmente el origen de los sellos que vend¨ªa. Cuatro meses despu¨¦s de esa fecha, en junio, Afinsa decide tomar las primeras medidas por supuestos defectos en los sellos comprados a Guijarro y en julio cancela la relaci¨®n que manten¨ªa con su principal proveedor y le reclama 900.000 euros por "sellos inadecuados".

Los inspectores plantearon que se trataba de un negocio financiero, pese a que la legislaci¨®n se?ala que es mercantil

La filat¨¦lica contrat¨® a una agencia de detectives para que investigara el origen de los sellos que le vend¨ªa su proveedor

"Dif¨ªcilmente puede considerarse que estemos ante un delito de estafa, ni en grado de tentativa"

El jefe jur¨ªdico de la Agencia Tributaria consider¨® que la actividad de la empresa Afinsa no pod¨ªa tipificarse como estafa

Las conclusiones de la investigaci¨®n de la Agencia Tributaria, resumidas en un informe fechado hace 11 meses, fueron la base para la intervenci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que concluy¨® con una querella presentada el 24 de abril de 2006. Dos jueces de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz y Fernando Grande-Marlaska, ordenaron tras esa iniciativa del fiscal la detenci¨®n de nueve directivos de las dos filat¨¦licas intervenidas, Afinsa y F¨®rum, y su posterior encarcelamiento hace 10 d¨ªas. Desde entonces, 350.000 clientes de ambas empresas que hab¨ªan invertido sus ahorros en sellos con una garant¨ªa por escrito de que iban a obtener en torno a un 6% de inter¨¦s anual temen que no podr¨¢n recuperar su dinero.

La investigaci¨®n de los inspectores fiscales, a la que ha tenido acceso EL PA?S, destap¨® "la existencia de un tr¨¢fico de sellos que Afinsa ha calificado de inadecuados para la venta en los contratos de inversi¨®n". Afinsa compr¨® esos sellos por 60 millones de euros y se los vendi¨® a sus clientes por m¨¢s de 700 millones de euros. La Agencia Tributaria descubri¨® que el proveedor Francisco Guijarro no pudo justificar documentalmente la compra de esos sellos ni el origen de los mismos. Afinsa retir¨® los timbres inadecuados de los contratos con sus clientes y revis¨® todo el proceso de compras de sus sellos, la principal materia prima del negocio. Entre 1998 y 2003, Guijarro hab¨ªa sido su principal suministrador de timbres.

La Agencia Tributaria plantea en su informe que pese al enga?o de Guijarro en la venta de sellos por valor de 60 millones de euros a Afinsa, la empresa no hizo nada contra su proveedor, lo que resultar¨ªa sospechoso. La filat¨¦lica explic¨® al juez que hab¨ªa reclamado la devoluci¨®n de la mercanc¨ªa y abri¨® una investigaci¨®n, que encarg¨® a una de las agencias de detectives privados m¨¢s importantes en Espa?a, para conocer el origen de los sellos que les hab¨ªa vendido Guijarro. Pero la Agencia Tributaria mantiene en su informe que Afinsa inici¨® por primera vez una actuaci¨®n por defectos en los sellos en junio de 2003, cuatro meses despu¨¦s de que la inspecci¨®n fiscal iniciara su trabajo de comprobaci¨®n. La Agencia Tributaria recuerda en su informe que Afinsa le remiti¨® una nota en octubre de 2004 donde admit¨ªa que pod¨ªan existir "sellos falsos o manipulados".

Adem¨¢s de las relaciones con el supuesto defraudador fiscal Francisco Guijarro, la Agencia Tributaria tambi¨¦n analiz¨® en su informe los contratos comerciales que Afinsa suscrib¨ªa con sus clientes: "Consisten en la captaci¨®n de ahorro del p¨²blico realizada por la sociedad mediante unos contratos de venta de sellos de inversi¨®n equivalentes a pr¨¦stamos retribuidos". Esa definici¨®n conduce a la Agencia Tributaria a considerar que Afinsa es un negocio de tipo financiero pese a que los legisladores del Gobierno del PP hab¨ªan excluido a esas empresas de la exigente y rigurosa regulaci¨®n correspondiente a las empresas que ofrecen productos financieros. El fiscal, en la querella presentada contra Afinsa, sigue la misma pauta: "El negocio debe calificarse de financiero por la certeza de la revalorizaci¨®n pactada, cuya cuant¨ªa queda supeditada exclusivamente al tiempo de duraci¨®n del contrato y a un porcentaje anual sobre el capital, con total independencia de las eventuales oscilaciones de valor de los sellos, contingencia que, en caso de resultar adversa, tendr¨ªa nulo efecto sobre su cliente".

La visi¨®n de la Fiscal¨ªa sobre las actividades de las filat¨¦licas contrasta con la que tuvieron los legisladores del PP, que a finales de 2003 regularon la actividad desarrollada por Afinsa y F¨®rum dejando claro que se exclu¨ªa a ambas empresas del sector de los negocios financieros.

La inspectora de la Agencia Tributaria encargada de la investigaci¨®n de la actividad de Afinsa tambi¨¦n lleva la contraria a los legisladores del anterior y del actual Gobierno cuando escribe en su informe: "La naturaleza financiera resulta evidente por la cuant¨ªa de la revalorizaci¨®n que obtiene el inversor, que consiste siempre en un tanto por ciento anual sobre el capital invertido, percibiendo incluso en forma trimestral y anticipada la futura rentabilidad".

Con ese convencimiento, la investigaci¨®n de la Agencia Tributaria concluye que el d¨¦ficit patrimonial de la empresa es de 1.100 millones de euros de acuerdo a los criterios contables que se aplicar¨ªan a cualquier negocio financiero y no mercantil.

Los abogados de Afinsa recuerdan que en m¨²ltiples actas de la Agencia Tributaria sobre los rendimientos declarados por los clientes de la filat¨¦lica, esos beneficios obtenidos por la inversi¨®n tienen la consideraci¨®n de ganancias patrimoniales, que son propias de los negocios mercantiles. Hacienda no considera esos beneficios como rendimientos del capital mobiliario, como lo hace cuando se trata de negocios financieros.

El director del Servicio Jur¨ªdico de la Agencia Tributaria, en el informe elaborado con fecha 11 de julio de 2005, tiene claro que el proveedor Guijarro incurri¨® en un delito contra la Hacienda P¨²blica, pero en el caso de Afinsa rechaza que su conducta se pudiera tipificar como estafa y ni siquiera como estafa en grado de tentativa:

"Aunque la sensaci¨®n de riesgo es elevada, resulta dif¨ªcil tipificar los hechos descritos como delito de estafa. Para justificar esta afirmaci¨®n debe admitirse que los hechos s¨®lo ser¨ªan constitutivos de un delito de estafa en grado de tentativa (no existe consumaci¨®n). Pero el art¨ªculo 16.1 del C¨®digo Penal dispone que 'hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecuci¨®n del delito por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deber¨ªan producir el resultado', y sin embargo ¨¦ste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor". "En el caso examinado", contin¨²a el jefe jur¨ªdico de la Agencia Tributaria, "ser¨ªa el propio autor del supuesto delito al que hasta la fecha ha reintegrado las inversiones a sus cuentas o ha encontrado nuevo comprador, por lo que dif¨ªcilmente puede considerarse que estemos ante un delito de estafa en grado de tentativa".

El jefe jur¨ªdico de la Agencia Tributaria reconoce en el informe que es muy dif¨ªcil tipificar conductas como la de Afinsa, "que quiz¨¢s se aparta de los principios de prudente administraci¨®n, evidenciando un riesgo, pero que no se materializan o personifican en un concreto perjudicado". 25 a?os despu¨¦s de la creaci¨®n de Afinsa, con 150.000 clientes activos, 2.600 empleados, 150 delegaciones y una facturaci¨®n anual de 500 millones de euros, no existe ni un solo inversor que haya dejado de cobrar lo establecido por contrato.