El fiscal del TSJA solicita c¨¢rcel para dos empresarios por usar mano de obra irregular

La Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) ha solicitado tres y dos a?os de prisi¨®n, respectivamente, para dos empresarios de la construcci¨®n que utilizaban como peones y alba?iles a mano de obra irregular. La Fiscal¨ªa, que en su ¨²ltima memoria, correspondiente al a?o 2005, ya advirti¨® del preocupante incremento de este tipo de delitos en Andaluc¨ªa, imputa a cada uno de los empresarios, un espa?ol y un argentino, un delito contra el derecho de los trabajadores.

El primer acusado, M. A. M., propietario de la empresa Master Construcciones, contrat¨® entre febrero y mayo de 2005 a un n¨²mero no determinado de bolivianos que viv¨ªan en Espa?a sin permiso de trabajo ni de residencia. El acusado les dio trabajo en obras de la periferia de Granada y, en todos los casos y "aprovechando la circunstancia de su estancia irregular", seg¨²n la denuncia del fiscal, la contrataci¨®n se realiz¨® verbalmente y sin concretar la duraci¨®n del acuerdo, las gratificaciones extraordinarias, la jornada laboral y las vacaciones.

El empresario supuestamente pactaba con cada uno de ellos un jornal y les promet¨ªa que les ayudar¨ªa a regularizar su situaci¨®n en Espa?a. "En la mayor¨ªa de los casos, el salario no fue pagado o fue aminorado sustancialmente", se?ala el fiscal, quien acusa tambi¨¦n al empresario de "amenazar" a los trabajadores con denunciar su situaci¨®n "de ilegal" ante las autoridades espa?olas. Por esta actuaci¨®n, el Ministerio P¨²blico solicita una pena de tres a?os de prisi¨®n para el empresario.

El mismo tipo de acuerdo estableci¨® en agosto de 2004 el segundo acusado, D. R. P., due?o de la empresa Multiservicios Granada, con un boliviano que tambi¨¦n estaba de forma irregular en Espa?a. El empresario, para el que el fiscal pide dos a?os de c¨¢rcel, hizo "caso omiso" de las reclamaciones que le hizo el trabajador para que le pagara todo lo pactado y le ayudara a regularizar su situaci¨®n, seg¨²n la acusaci¨®n del fiscal. El Ministerio P¨²blico cifra en 1.750 euros la cantidad adeudada por el acusado al trabajador.