La verdad como m¨¦todo

En el art¨ªculo La evasi¨®n como norma, publicado por EL PA?S el 13 de los corrientes, los 11 ciudadanos que han ejercitado la acci¨®n popular ante los tribunales de Palma de Mallorca sobre los vuelos de la CIA acusan al Gobierno de: 1?. Complicidad con la CIA al permitir el uso fraudulento de los aeropuertos espa?oles en violaci¨®n de la norma internacional; 2?. Encubrimiento por no investigar e informar cumplidamente de estas violaciones; 3?. Utilizar como coartada para ello que los hechos est¨¦n sub i¨²dice gracias a su denuncia; 4?. Querer dar largas a este asunto.

Se trata de cuatro graves acusaciones que ponen en entredicho la buena fe del Gobierno, su honorabilidad y su capacidad para respetar y hacer respetar el Estado de derecho. Pero estas cuatro acusaciones son falsas y est¨¢n hechas a la ligera. Una mera lectura de la actuaci¨®n del Gobierno en sede parlamentaria sobre este asunto basta para desmentirlas.

Si alguien tiene m¨¢s pruebas, es hora de que las presente. No se llegar¨¢ a la verdad acusando sin fundamento al Gobierno

Lo que est¨¢ en cuesti¨®n no es si hubo o no vuelos de la CIA para realizar las llamadas rendiciones de presos. EE UU ha reconocido hace a?os que forman parte de su pol¨ªtica de lucha contra el terrorismo internacional. Lo que est¨¢ en cuesti¨®n es si el Gobierno espa?ol, el actual y el anterior, del Partido Popular, colaboraron con los mismos de manera activa o simplemente no d¨¢ndose por enterado de los mismos a pesar de conocer o sospechar violaciones de la legislaci¨®n espa?ola en nuestro territorio. Ninguno de los informes elaborados hasta la fecha -incluyendo el Informe Marty del Consejo de Europa, el Informe Preliminar de la Comisi¨®n Temporal del Parlamento Europeo o incluso la contribuci¨®n personal del eurodiputado Fava- han aportado pruebas concluyentes que puedan tener efecto ante los tribunales.

El Gobierno compareci¨® a trav¨¦s del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperaci¨®n ante la Comisi¨®n de Asuntos Exteriores del Congreso el pasado 24 de noviembre para dar toda la informaci¨®n de que dispon¨ªa sobre los vuelos denunciados ante los tribunales y por la prensa. Los 11 ciudadanos deber¨ªan releer esta comparecencia, que se puede consultar en la p¨¢gina web del Congreso. Si lo hacen ver¨¢n que el Gobierno afirm¨® que de los 23 vuelos investigados hasta entonces -de los que se entreg¨® a los diputados y a la prensa los cuadros que luego se han reproducido- siete (cuatro bajo el Gobierno del PP, tres en los primeros meses del Gobierno socialista) hab¨ªan hecho escalas t¨¦cnicas breves que no hab¨ªan permitido inspeccionar si lo declarado en su documentaci¨®n de vuelo se correspond¨ªa con los pasajeros y carga real. De estos, seis vuelos hab¨ªan hecho escala en Canarias y uno en Ibiza. Fue el Gobierno quien dio instrucciones a la fiscal¨ªa para que abriera una investigaci¨®n sobre estos siete vuelos.

Los 23 vuelos investigados entonces aterrizaron en aeropuertos espa?oles en el marco legal de los Acuerdos de Chicago sobre aviaci¨®n civil. No hubo sospechas ni por parte de las autoridades portuarias, ni de la polic¨ªa de la posible comisi¨®n de delitos en territorio espa?ol que las hubiese aconsejado inspeccionar las aeronaves. Las sospechas surgieron despu¨¦s, cuando las investigaciones posteriores de prensa en EE UU, en Espa?a y las investigaciones judiciales en otros pa¨ªses europeos tras secuestro de sus ciudadanos produjeron una lista de matr¨ªculas de aviones supuestamente contratados por la CIA para llevar a cabo su programa de rendiciones de presos.

Cuando estas sospechas, gracias a la acci¨®n popular de los 11 ciudadanos y otras denuncias de fuerzas pol¨ªticas, dieron lugar a una investigaci¨®n judicial en abril del 2005, el Gobierno no s¨®lo apoy¨® dicha investigaci¨®n, sino que tom¨® medidas preventivas sobre los aviones con matr¨ªculas denunciadas, de manera que no se han producido escalas t¨¦cnicas de corta duraci¨®n sin posible inspecci¨®n de dichas aeronaves desde entonces.

Las investigaciones realizadas por iniciativa del Gobierno y por orden de los jueces encargados del caso, sobre estos 23 vuelos y sobre los cuatro posteriores con escalas en Barcelona y M¨¢laga se?alados por la prensa, no han escatimado recursos y siguen abiertas. El Gobierno ha informado de ellas con detalle en la comparecencia citada, sin excusarse nunca en que las investigaciones judiciales eran sub i¨²dice. Es m¨¢s, se comprometi¨® en sede parlamentaria a informar de cualquier nuevo hecho que descubriera. As¨ª hizo al Consejo de Europa, que solicit¨® m¨¢s informaci¨®n sobre legislaci¨®n vigente en relaci¨®n con el control de servicios extranjeros, no sobre los hechos investigados.

El PSOE apoy¨® y vot¨® a favor de la proposici¨®n no de ley presentada por IU-ICV ante la Comisi¨®n de Asuntos Exteriores para que el Gobierno informe de cualquier nuevo dato y en cualquier caso elabore un nuevo informe, sin perjuicio de las diligencias judiciales, antes de finalizar este periodo de sesiones. El Consejo de Ministros ha decidido adem¨¢s, ante las afirmaciones ambiguas del Informe Marty, la comparecencia en sede parlamentaria espa?ola del director del CNI y del secretario de Estado de Seguridad y la del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperaci¨®n ante la comisi¨®n investigadora del Parlamento Europeo.

Todo ello contradice todas y cada una de las graves acusaciones formuladas por los 11 ciudadanos, que para hacer honor a la verdad, deber¨ªan rectificarlas.

El Gobierno del presidente Zapatero se ha comprometido a defender con toda firmeza los derechos humanos y a perseguir cualquier violaci¨®n de los mismos en nuestro territorio. Se ha comprometido a investigar los posibles vuelos "sospechosos" -todos ellos- y ha pedido formalmente garant¨ªas a EE UU que no se han cometido en las escalas de estos vuelos en territorio espa?ol violaciones de nuestra legislaci¨®n, garant¨ªas que han sido dadas.

Si alguien tiene m¨¢s pruebas, es hora de que las presente. Pero no se llegar¨¢ a la verdad de este asunto acusando sin fundamento al Gobierno, que se ha comprometido ante los ciudadanos a llegar al fondo del mismo. Poniendo en cuesti¨®n su voluntad pol¨ªtica s¨®lo se debilita la propia investigaci¨®n y la acci¨®n de la justicia.

Miguel ?ngel Moratinos es ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperaci¨®n.