?Que pase el condenado!

Recuerdo que en el a?o 1982 tom¨¦ posesi¨®n como fiscal en Barcelona. Era mi primer destino, y el presidente del tribunal ante el que me correspond¨ªa actuar se dirig¨ªa al ujier con esa frase: "?Que pase el condenado!", para indicar que se iniciaba la audiencia y el acusado deb¨ªa presentarse ante el tribunal.

En aquel tiempo en que la democracia era menor de edad hab¨ªa una gran prepotencia policial, y bien por dejadez, bien por comodidad o por desconfianza a los valores constitucionales, hab¨ªa una gran resistencia no s¨®lo en los estamentos policiales, sino tambi¨¦n entre los jueces y fiscales para abandonar el modelo de justicia heredado del franquismo. Este sistema era perfecto, desde el punto de vista de la eficacia y la organizaci¨®n: la polic¨ªa deten¨ªa a los delincuentes, los jueces acordaban la prisi¨®n, los fiscales acusaban y los tribunales condenaban, todo ello bas¨¢ndose en un atestado que nadie cuestionaba. Pero llegamos jueces y fiscales que empezamos a cuestionarlos, no les dimos m¨¢s valor que el que tienen, meras denuncias, exigimos rigor constitucional en la instrucci¨®n y en los juicios, el Tribunal Constitucional fue desarrollando el sistema de garant¨ªas, el legislador fue introduci¨¦ndolas en reformas sucesivas en el ordenamiento jur¨ªdico, y en su perfeccionamiento y mejora se sigue trabajando.

Se trata de fortalecer el sistema acusatorio y crear una aut¨¦ntica polic¨ªa judicial

En 1982 ya se dec¨ªa que debe primar un criterio restrictivo para imponer la prisi¨®n provisional

Los tribunales condenaban bas¨¢ndose en un atestado que nadie cuestionaba

Una de las primeras medidas adoptadas para remover estos obst¨¢culos y que gener¨® una gran pol¨¦mica fue la reforma llevada a cabo por la UCD en 1980 de la prisi¨®n preventiva; si bien ser¨ªa Fernando Ledesma, ministro de Justicia del primer Gobierno del PSOE y magistrado, quien puso su empe?o en que la prisi¨®n preventiva dejara de ser pena anticipada, y las c¨¢rceles, un espacio para vigilar y castigar, y se pusieron en marcha programas de reinserci¨®n y rehabilitaci¨®n social de los presos. En su apoyo, Antonio Bur¨®n, tambi¨¦n magistrado y fiscal general del Estado en esa legislatura, que era un hombre intelectualmente avanzado, quiso trasladar a los fiscales su visi¨®n constitucional de la instituci¨®n que representaba. Para ¨¦l, el derecho de todo ciudadano a esperar el juicio en libertad era esencial; por eso, la primera circular que dicta, y ¨²nica en todo el a?o 1982, la dedica a las "funciones del ministerio fiscal en relaci¨®n con las situaciones de prisi¨®n provisional". En ella dice que debe primar un criterio restrictivo para imponer la medida cautelar de prisi¨®n provisional y el fiscal debe actuar en direcci¨®n a la justicia excluyendo cualquier otra consideraci¨®n.

Esta encendida defensa de la libertad, que hicieron el ministro Ledesma y el fiscal Bur¨®n Barba, provoc¨® alg¨²n enfrentamiento con el ministro del Interior, situaci¨®n que se agrav¨® con motivo de la elaboraci¨®n de la ley de asistencia letrada al detenido. Recordemos que aquellos eran tiempos en los que se escuchaba el ruido de sables y el 70% de los presos encerrados en las c¨¢rceles eran preventivos. Su previsible puesta en libertad generaba temor, temor que era explotado por los elementos reaccionarios e involucionistas. El ministro del Interior, se?or Barrionuevo, enfrascado en la reforma democr¨¢tica de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y la realidad del terrorismo que mostrar¨ªa su cara m¨¢s sanguinaria tras el fracaso de las conversaciones de Argel, pensaba que una de las causas del desastre de la Segunda Rep¨²blica fue el no haber sabido controlar la seguridad ciudadana, y no estaba dispuesto a que volviera a suceder; por consiguiente, tampoco terminaba de ver bien esas iniciativas por el riesgo y la alarma social que se produc¨ªa; sin embargo, en aquella ocasi¨®n EL PA?S, siguiendo la tradici¨®n constitucional iniciada a?os antes, apoy¨® este pensamiento progresista.

Pero aquellos enfrentamientos no llegaron a tener la dimensi¨®n ni la trascendencia del provocado a ra¨ªz del d¨ªa 10 de junio pasado, cuando el Juzgado de Guardia de Madrid puso en libertad a cinco supuestos ladrones de bancos. Ahora se dan caracter¨ªsticas genuinas que lo hacen particularmente preocupante y ponen de relieve la fragilidad del sistema democr¨¢tico.

En primer lugar, a estas alturas de la democracia, la filosof¨ªa constitucional deber¨ªa haber impregnado todo el espacio institucional, y deber¨ªa haber adaptado sus m¨¦todos de trabajo a las exigencias constitucionales. En el ¨¢mbito de la prisi¨®n preventiva, la Ley 13/2003 reform¨® la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dando acogida a la doctrina constitucional, que expulsa a la alarma social de los criterios para poder acordar la prisi¨®n provisional; sin embargo, el nivel de enfrentamiento y las descalificaciones surgidas, tales como que los fiscales de instrucci¨®n son los responsables de la inseguridad, demuestra que todav¨ªa existen espacios opacos.

En segundo lugar, deber¨ªa haberse desarrollado ¨ªntegramente el principio acusatorio, y existir perfectamente estructurada una polic¨ªa judicial que, dirigida por el fiscal y en su entorno, desarrolle las investigaciones con solvencia profesional y rigor constitucional.

Tercero, con absoluto desprecio al secreto del sumario, se ha sustra¨ªdo al conocimiento del juez y el fiscal material importante, consistente en un v¨ªdeo con im¨¢genes del robo que ha sido mostrado al p¨²blico por todas las televisiones provocando un importante impacto emocional en los espectadores y generado una innecesaria alarma social.

Es cierto que esta irresponsable difusi¨®n, que desde luego no parece tener otra intenci¨®n m¨¢s que la de desacreditar a la fiscal¨ªa, ha dejado en la opini¨®n p¨²blica una imagen cuanto menos de dejadez de los fiscales, que ni siquiera la intervenci¨®n, llena de ¨ªmpetu democr¨¢tico en defensa del Estado de Derecho del Fiscal General del Estado, C¨¢ndido Conde, como otrora hiciera Bur¨®n Barba, ha podido disipar. Sin embargo, desde el ¨¢mbito judicial, la percepci¨®n de lo sucedido es que la polic¨ªa ha actuado con una absoluta falta de profesionalidad y desprecio de los derechos de los ciudadanos.

Lo peor no es el clima de desconfianza y las rec¨ªprocas acusaciones de negligencia o de revelaci¨®n del secreto sumarial y ocultaci¨®n de pruebas, sino que ha emergido desde lo m¨¢s oculto el siniestro deseo de volver al sistema de "?que pase el condenado!", la idea de que la democracia est¨¢ bien, pero es un incordio para combatir a la delincuencia, se est¨¢ imponiendo a pasos agigantados, y si alguien no lo remedia, puede dar al traste con todas las conquistas democr¨¢ticas, pero que nadie se llame a enga?o: el bando que enarbola esta bandera no es profesional, sino ideol¨®gico.

La soluci¨®n no puede partir de la emoci¨®n, sino de la reflexi¨®n y mesura; no se trata de cortar cabezas, sino de generar m¨¦todos democr¨¢ticos de actuaci¨®n, de fortalecer el sistema acusatorio y crear una aut¨¦ntica polic¨ªa judicial en el marco del pensamiento impecablemente expresado por el a?orado Bur¨®n Barba, que conviene recordarlo con sus propias palabras: "El ministerio fiscal, defensor caracterizado de los valores que representan la libertad y los derechos y libertades p¨²blicas, debe velar por la aplicaci¨®n y observancia de los preceptos espec¨ªficos en direcci¨®n ¨²nica a la justicia, impidiendo la consolidaci¨®n de estados contrarios a los principios inspiradores de un Estado Democr¨¢tico de Derecho".

Pedro Mart¨ªnez es teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.