La Comisi¨®n propina un doble varapalo a Espa?a por los obst¨¢culos a E.ON

La Comisi¨®n Europea dar¨¢ hoy un doble varapalo a las autoridades espa?olas por su obstrucci¨®n a la compra de la el¨¦ctrica Endesa por el gigante alem¨¢n E.ON, en una operaci¨®n de 29.600 millones de euros. Por una parte, la Comisi¨®n ha decidido que las condiciones fijadas por la Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa para la compra de la primera compa?¨ªa el¨¦ctrica espa?ola "son ilegales". Pero adem¨¢s la Comisi¨®n ha decidido exigir formalmente a Espa?a que modifique el decreto del pasado 24 de febrero que aument¨® los poderes de la Comisi¨®n Nacional de Energ¨ªa.

En este segundo caso, el Ejecutivo comunitario apremia al Gobierno espa?ol a que realice las correcciones en el plazo de dos meses o ser¨¢ enviada al Tribunal Europeo de Justicia.

Con este panorama de fondo, el flamante ministro de Industria, Comercio y Turismo, Joan Clos, se estren¨® ayer en Bruselas en el Consejo de Ministros de Competitividad de la UE. Clos manifest¨® la total disposici¨®n del Gobierno a respetar el derecho europeo, al ser preguntado por el caso Endesa. "Somos muy respetuosos con el derecho comunitario porque es derecho espa?ol". "Estudiaremos con profundidad la resoluci¨®n de la Comisi¨®n y el siguiente paso vendr¨¢ con la resoluci¨®n de los recursos de alzada ante los tribunales espa?oles".

Las actuaciones del Gobierno espa?ol, y sobre todo las condiciones fijadas por la CNE, han sido objeto de una doble vigilancia y presi¨®n por parte de los comisarios Neelie Kroes (Competencia) y Charlie McCreevy, (Mercado Interior). Hoy precisamente la Comisi¨®n acordar¨¢ formalmente en Estrasburgo las decisiones a cuyo contenido ha tenido acceso este peri¨®dico.

En relaci¨®n con las 19 condiciones fijadas por la CNE, la decisi¨®n de la Comisi¨®n se basa en dos hechos. En primer lugar, el Ejecutivo comunitario considera que "la decisi¨®n de la CNE fue adoptada y entr¨® en vigor sin previa comunicaci¨®n y aprobaci¨®n" por parte de la Comisi¨®n, lo que viola el art¨ªculo 21 del reglamento de fusiones de la UE. En segundo lugar, "las condiciones establecidas por la CNE a E.ON para la compra de Endesa son contrarias a las normas del Tratado de la UE referente al libre movimiento de capitales y a la libertad de establecimiento".

La Comisi¨®n afirma que "las condiciones impuestas por la CNE son ilegales y requiere a Espa?a para que las retiren sin retraso". La decisi¨®n del Ejecutivo comunitario es vinculante y puede ser invocada ante cualquier tribunal o autoridad p¨²blica en Espa?a.

Comunicaci¨®n previa

La Comisi¨®n recuerda que al amparo del art¨ªculo 21, tiene la competencia exclusiva sobre las fusiones de dimensi¨®n comunitaria, como este caso, que aprob¨® sin condiciones el pasado 25 de abril. Cualquier decisi¨®n que adopten las autoridades nacionales por motivos de seguridad u otros, pero que tengan impacto sobre la operaci¨®n, debe ser comunicada previamente a la Comisi¨®n, que dispone de 25 d¨ªas laborables para decidir si cumple con el derecho comunitario.

En relaci¨®n con la ampliaci¨®n de las competencias de la CNE, la decisi¨®n que tomar¨¢ hoy el Ejecutivo es la segunda fase del procedimiento de infracci¨®n conocida como "aviso motivado". La primera fase, "carta de notificaci¨®n", la recibi¨® Espa?a en mayo. Ahora las autoridades espa?olas tienen dos meses para corregir la ley y evitar ser llevados al Tribunal de Luxemburgo.

Los hechos demuestran que el escrito aclaratorio enviado el 13 de septiembre por las autoridades espa?olas no logr¨® modificar un ¨¢pice el malestar en Bruselas. Seg¨²n fuentes comunitarias, el escrito en el fondo justificaba cada una de las 19 condiciones, aunque dejaba la puerta abierta a su correcci¨®n con ocasi¨®n de la resoluci¨®n de los recursos de alzada contra la decisi¨®n de la CNE, presentados ante el Ministerio de Industria por las empresas afectadas. Las mismas fuentes se?alan que Espa?a s¨®lo hac¨ªa una declaraci¨®n de voluntad, pero no se compromet¨ªa a ninguna rectificaci¨®n concreta, lo que irrit¨® a los comisarios que vigilan la operaci¨®n.

En concreto, el Gobierno se mostraba dispuesto a revisar con "otras alternativas diferentes a las expuestas por la CNE que de forma m¨¢s proporcionada permitan hacer frente a los riesgos descritos sin obligar a desinvertir activos". Las condiciones fijadas por la CNE, amparadas en el logro de la seguridad energ¨¦tica, obligaban a E.ON a desprenderse de un 32% de los activos de Endesa y de la gesti¨®n de las centrales nucleares. Las ventas exigidas por la CNE se refieren expl¨ªcitamente a la central nuclear de Asc¨® I, los sistemas el¨¦ctricos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y las centrales de Compostilla, el complejo minero de Teruel y la participaci¨®n en Anllares. En total estas ventas reducen la capacidad en 7.600 megavatios.