La petici¨®n de amparo de Garz¨®n provoca una grave fractura en el Poder Judicial
El magistrado obtuvo en 2002 el apoyo del gobierno de los jueces con un escrito muy similar
El juez Baltasar Garz¨®n sufre desde hace 10 d¨ªas uno de los ataques m¨¢s virulentos que ha recibido un magistrado por una resoluci¨®n judicial. Desde que imput¨® por falsedad a los peritos que firmaron un documento en el que vinculaban a ETA y el 11-M bas¨¢ndose en una coincidencia, la aparici¨®n del ¨¢cido b¨®rico en la casa de un islamista y en un piso de ETA, el PP y distintas asociaciones y medios de comunicaci¨®n, que coinciden en sus planeamientos o estrategias con el partido conservador, han acusado al juez de prevaricar, prostituir la justicia y dictar autos al servicio del Ejecutivo socialista.
Por una denuncia similar formulada por un dirigente del PNV en 2002 contra Garz¨®n, el Consejo General del Poder Judicial, con los mismos integrantes que ahora, le concedi¨® el amparo. Pero ma?ana, cuando se re¨²na la comisi¨®n permanente del consejo -tres vocales conservadores y dos progresistas-, las cosas no ser¨¢n iguales. Los conservadores ya han evitado un primer pronunciamiento a favor del juez en el pleno del Poder Judicial de la pasada semana y no parecen dispuestos a cambiar su actitud.
El titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n 5 de la Audiencia Nacional ha pedido al Poder Judicial protecci¨®n contra todos los que le han atacado en los ¨²ltimos d¨ªas, incluyendo a uno de los vocales del Gobierno de los jueces, el conservador Jos¨¦ Luis Requero, elegido a propuesta del PP.
La abstenci¨®n de Requero
Algunos entienden que Requero deber¨ªa abstenerse cuando el pleno del Poder Judicial analice en su momento el amparo pedido por Garz¨®n frente a ¨¦l, pero esa abstenci¨®n deja a los vocales conservadores sin la mayor¨ªa que actualmente tienen -10 vocales frente a los nueves que conforman los elegidos a propuesta del PSOE (6), IU (1), CiU (1) y el independiente Agust¨ªn Azparren-, que se ha pronunciado a favor de la defensa de Garz¨®n.
El Poder Judicial ya rechaz¨® la semana pasada una propuesta de declaraci¨®n presentada por vocales progresistas a favor de la independencia judicial y contra los ataques descalificatorios dirigidos al juez desde el PP y medios y asociaciones afines.
La mayor¨ªa conservadora argument¨® que no pod¨ªa suscribirse esa declaraci¨®n cuando Garz¨®n estaba siendo investigado en relaci¨®n con un supuesto maltrato dado a los peritos que firmaron el informe que, bas¨¢ndose en una mera coincidencia, vinculaba a ETA y los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid.
Desde entonces, los vocales del Poder Judicial han recibido escritos de los dos fiscales que intervinieron en los interrogatorios de Garz¨®n a los peritos y de la secretaria judicial que levant¨® acta de los mismos, en los que se niega cualquier incidente relacionado con coacciones o trato vejatorio del juez a los peritos policiales que comparecieron ante ¨¦l.
Juan Carlos Campo, vocal elegido a propuesta del PSOE, quien la semana pasada propuso en un escrito un pronunciamiento del Poder Judicial contra los ataques a Garz¨®n, se?al¨® ayer que no tendr¨ªa sentido un nuevo rechazo de la mayor¨ªa conservadora al amparo solicitado por el magistrado de la Audiencia Nacional. "Los criterios t¨¦cnicos son los que avalan el apoyo al juez Garz¨®n: la cr¨ªtica es sana y loable, pero cuando es desmedida en forma de linchamiento, el Consejo debe actuar", se?ala Campo. Y a?ade: "No se pueden pasar por alto los ataques. Se le ha insultado, se le ha llamado prevaricador, se ha dicho de ¨¦l que hace montajes con fines torticeros. Creo que ¨¦ste es el caso m¨¢s flagrante de los que hemos tenido. Si no hay apoyo al juez, se habr¨¢ producido una degradaci¨®n in extremis del papel del Consejo General del Poder Judicial", concluye.
Enrique L¨®pez, vocal elegido a propuesta del PP, prefiere no prejuzgar lo que puede ocurrir en la comisi¨®n permanente de ma?ana, de la que es miembro. "Habr¨¢ que analizar si existen circunstancias que hayan podido perturbar la independencia del juez", afirma. E introduce el siguiente matiz a lo que ha podido ocurrir en este caso. "No se puede confundir, son dos temas diferentes, el del juez ofendido y el del juez perturbado en su independencia judicial. Hay que analizar la incidencia de las cr¨ªticas pol¨ªticas y medi¨¢ticas. Los poderes p¨²blicos tienen que tener mayor nivel y responsabilidad en esta materia que los medios de comunicaci¨®n", afirma.
L¨®pez no cree que este caso suponga una degradaci¨®n del Poder Judicial: "Hay personas que intentan convertir este hecho en un hecho muy importante, del que depende la independencia del Poder Judicial. A lo que me niego es a que se instrumentalice la defensa del Poder Judicial. Ha habido casos muy similares, en otros supuestos de hecho anteriores, y el Consejo ha actuado", concluye L¨®pez.
Resoluciones a favor del juez
No es la primera vez que Garz¨®n acude al Poder Judicial en petici¨®n de respaldo a su trabajo. Hasta ahora, hab¨ªa conseguido el apoyo del Consejo a sus reclamaciones. En este caso, parece que lo tiene m¨¢s dif¨ªcil.
- 'Caso Batasuna'. En julio de 2002, Garz¨®n fue descalificado por diversos dirigentes del PNV tras dictar un auto contra las finanzas de Batasuna, que no hab¨ªa sido a¨²n ilegalizada por el Tribunal Supremo. El magistrado pidi¨® el amparo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entonces, como ahora, de mayor¨ªa conservadora, y lo consigui¨®, pese a que hubo votos particulares de los vocales del sector progresista.
El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, expres¨® su preocupaci¨®n porque Garz¨®n se hubiera convertido "en fiel brazo pol¨ªtico del Gobierno central" y habl¨® de "utilizaci¨®n pol¨ªtica de la justicia". El juez consider¨® que manifestaciones como la de Azkarraga atacaban su independencia y atentaban contra su imparcialidad.
El Poder Judicial estim¨® entonces que la petici¨®n de amparo de Garz¨®n encontraba cobertura en el art¨ªculo 14 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ), que prev¨¦ la posibilidad de que los jueces que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pongan en conocimiento del CGPJ, dando cuenta de los hechos al tribunal competente, sin perjuicio de practicar por s¨ª mismos las diligencias indispensables para asegurar la acci¨®n de la justicia. "Hacer valoraciones pol¨ªticas de una resoluci¨®n entra dentro del marco de las cr¨ªticas, del derecho de la libertad de expresi¨®n; lo que creo que queda fuera de ese marco es imputar m¨®viles pol¨ªticos al juez que dicta esta resoluci¨®n", dijo entonces el vocal conservador y portavoz del Consejo, Enrique L¨®pez. "Los poderes p¨²blicos y sus responsables tienen un mayor deber de diligencia en el derecho de la cr¨ªtica, y deben ejercerlo con mayor responsabilidad", a?adi¨®.
- 'Caso GAL'. En enero de 1995, el pleno del CGPJ, presidido por un progresista propuesto por el PSOE, concedi¨® tambi¨¦n amparo a la independencia del juez Baltasar Garz¨®n.
El juez hab¨ªa estimado "profundamente perturbada" su independencia como instructor del sumario sobre los Grupos Antiterroristas de Liberaci¨®n (GAL) por las imputaciones recibidas durante algunas semanas contra su actuaci¨®n judicial. El Poder Judicial aprob¨® por unanimidad un pronunciamiento donde rechazaba y deploraba "profundamente los ataques" dirigidos contra Garz¨®n y ped¨ªa que nadie "obstaculice o dificulte" la investigaci¨®n de los GAL mediante el cese "de los motivos determinantes de la situaci¨®n creada, mediante la instauraci¨®n de un clima de sincero y aut¨¦ntico respeto institucional".
El art¨ªculo 13 de la LOPJ establece que "todos est¨¢n obligados a respetar la independencia de los jueces y magistrados", y el art¨ªculo 199 del C¨®digo Penal dice as¨ª: "Incurrir¨¢ en la pena de inhabilitaci¨®n especial el funcionario p¨²blico que atentare contra la independencia de los jueces y magistrados".
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