Nefasta actuaci¨®n policial y judicial

El Consejo de Estado asegura que el funcionamiento "extremadamente deficiente" de los servicios p¨²blicos facilit¨® que el moldavo Pietro Arkan pudiera asesinar, en su propia casa y en presencia de su mujer, al abogado Arturo Castillo, el 20 de junio de 2001. Este ¨®rgano consultivo del Gobierno recomienda que se indemnice con 760.000 euros a la familia, ya que la "profunda descoordinaci¨®n" entre los servicios policiales y los jueces, y la no ejecuci¨®n de las ¨®rdenes de expulsi¨®n contra el moldavo supusieron un "funcionamiento anormal" de la Administraci¨®n que, incluso, agrav¨® el crimen.

La principal conclusi¨®n de la Comisi¨®n Permanente del Consejo de Estado se resume as¨ª: "Si el primer y principal responsable de un delito es el delincuente y en situaci¨®n normal no puede imputarse a los poderes p¨²blicos las consecuencias de una acci¨®n antijur¨ªdica, en el presente caso las deficiencias de la polic¨ªa para identificar y retener a Pietro Arkan coadyuvaron a que ¨¦ste pudiera cometer un crimen m¨¢s en su dilatada carrera delictiva y la lentitud en prestar ayuda a las v¨ªctimas tambi¨¦n coadyuv¨® a los da?os sufridos por ¨¦stas".

Hubo "una profunda descoordinaci¨®n" entre los servicios policiales y los juzgados

La comisi¨®n permanente elabor¨® y aprob¨® por mayor¨ªa un dictamen en abril pasado, a petici¨®n del Ministerio del Interior, despu¨¦s de que los representantes legales de la familia Castillo presentasen un expediente de responsabilidad patrimonial de la Administraci¨®n por un funcionamiento anormal de ¨¦sta. Entonces era ministro del Interior y vicepresidente Mariano Rajoy, hoy l¨ªder del PP. La familia aleg¨® que el retraso en la llegada de los agentes de la comisar¨ªa de Pozuelo de Alarc¨®n al chal¨¦ del abogado facilit¨® la comisi¨®n de los delitos, pese a que fueron avisados hasta en cuatro ocasiones.

La familia argument¨® tambi¨¦n que "el defectuoso funcionamiento de los servicios de gesti¨®n de la informaci¨®n" posibilit¨® "que el asesino siguiera en libertad", pese a que fue detenido en nueve ocasiones con anterioridad y ten¨ªa pendientes dos ¨®rdenes de expulsi¨®n y dos autorizaciones judiciales para hacerlo, "adem¨¢s de ocho procedimientos judiciales conocidos".

El asesino sigui¨® en libertad incluso despu¨¦s de que Interpol hubiera recibido, en febrero y abril de 2001, dos mensajes de Interpol Bucarest en los que reclamaba su extradici¨®n por homicidio, robo y allanamiento de morada, delitos que tambi¨¦n cometi¨® en el asalto nocturno del chal¨¦ de Castillo.

El Consejo de Estado, cuyos dict¨¢menes no son vinculantes, analiz¨® la sentencia por la que Arkan fue condenado a 75 a?os de presidio, as¨ª como el expediente adjunto a la reclamaci¨®n, en el que se relata el historial policial y judicial de Arkan. El documento recoge c¨®mo la mujer del abogado, malherida de bala, con su marido moribundo a su lado en la cama y con el asesino a¨²n en la casa y sometiendo a sus hijas, tuvo que llamar en cuatro ocasiones al 091 y al 112 para recibir ayuda. La primera llamada la hizo a las 4.09 y la ¨²ltima a las 4.44.

El dictamen explica que el servicio de emergencias 112 comunic¨® la llamada de auxilio a la polic¨ªa, pero "transform¨® en una queja por ruidos la llamada, necesariamente angustiosa, de una persona herida que acaba de ver como agreden mortalmente a su esposo y teme por la integridad de sus hijas". Ello revela "una plena incapacidad en el cumplimiento de sus funciones" de quienes atendieron las llamadas.

A juicio del Consejo de Estado, el mismo reproche merecen los polic¨ªas que se personaron "donde se estaba cometiendo un crimen m¨²ltiple y se limitaron a llamar al timbre y esperaron m¨¢s de 60 minutos hasta ver huir al delincuente". Desde que la polic¨ªa supo del asalto hasta que prestaron los primeros auxilios "pas¨®, m¨¢s o menos, una hora y cuarto". Esto revela "un funcionamiento" anormal y "muy deficiente" de los servicios policiales.

El consejo tambi¨¦n acepta las otras dos alegaciones de la familia, ya que estima que los hechos que se relatan en la sentencia "confirman la profunda descoordinaci¨®n de los servicios policiales entre s¨ª y la Interpol, de dichos servicios con los ¨®rganos de la jurisdicci¨®n penal y de ¨¦stos entre s¨ª". Para demostrar esto, explica c¨®mo la polic¨ªa, "tras siete episodios delictivos en los que aparece implicado Pietro Arkan y al menos un expediente de expulsi¨®n", le instruye diligencias por haber portado en una pelea un arma de fogueo, lo lleva a un hospital "y all¨ª se le da el alta y permite su marcha sin realizar la correspondiente identificaci¨®n, a la vez que un juzgado de Coslada decreta la averiguaci¨®n de su paradero".

La comisi¨®n permanente considera elocuente de estas disfunciones el que Arkan siguiera en libertad pese a "las m¨²ltiples diligencias judiciales, inconexas entre s¨ª" contra el moldavo, las "numerosas ¨®rdenes de averiguaci¨®n de su paradero" y la existencia "de al menos cuatro expedientes de expulsi¨®n de dicho sujeto, judicialmente autorizadas y nunca ejecutadas". Todo ello, explica, revela "un funcionamiento del servicio p¨²blico que por su extremada deficiencia puede y debe calificarse de anormal, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera proceder deducir".

El consejo se plantea si "una m¨¢s pronta intervenci¨®n policial" hubiera evitado las heridas de la esposa del fallecido, as¨ª como el padecimiento de sus hijas, "sin que pueda precisarse si una m¨¢s pronta asistencia hubiera evitado la muerte por hemorragia del se?or Arturo Castillo, como consigui¨® evitar la de su esposa". Por tanto, establece que hay "una relaci¨®n de causalidad entre tales hechos y el funcionamiento anormal de los servicios p¨²blicos". Los autores del informe solicitan a la Administraci¨®n que, para evitar casos como ¨¦ste, adopte "las medidas necesarias para que los elementos humanos y t¨¦cnicos de la polic¨ªa est¨¦n en condiciones de atender con presteza las llamadas de socorro de los ciudadanos agredidos, incluso entrando en los domicilios desde donde han sido hallados, y de identificar a los delincuentes que detiene".

El reproche a c¨®mo funcionaban los servicios policiales en la fecha del crimen, en 2001, bajo el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, se completa con la reclamaci¨®n al Estado para que establezca relaciones con los pa¨ªses a los que pueden ser expulsados los delincuentes extranjeros.

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