C¨®mo hemos llegado a esto

Tras ocho a?os de boom urban¨ªstico, la corrupci¨®n aflora por todos los rincones de Espa?a. Y sus mecanismos, hasta ahora subterr¨¢neos, quedan al descubierto. El m¨¦todo m¨¢s conocido es el denominado pelotazo. Hay varias formas de darlo. Por ejemplo, una modificaci¨®n en un convenio urban¨ªstico entre un promotor y un ayuntamiento puede suponer millones de beneficios de golpe. Otra modalidad es el cambio de uso de suelo, con la que el due?o puede obtener plusval¨ªas que ya querr¨ªan empresas en Bolsa (y sin poner un ladrillo). Tambi¨¦n es frecuente el aumento de la edificabilidad de una urbanizaci¨®n, un cambio en el papel que permite al constructor disparar sus ganancias.

Como dice el fiscal coordinador de Urbanismo, Antonio Vercher, "donde hay mucha construcci¨®n, hay m¨¢s delincuencia". Por eso Espa?a es el lugar id¨®neo. La Ley del Suelo de 1997 convert¨ªa casi todo el suelo en susceptible de ser urbanizado y dio sus frutos: entre 1990 y 2005 la superficie edificada aument¨® un 40%, a un ritmo de 800.000 viviendas anuales (tantas como Francia, Alemania y Reino Unido juntos). Desde 1998, los precios de los pisos han subido un 150%. Espa?a, con un tercio de los billetes de 500 euros de la UE, es el para¨ªso del dinero negro. Las autonom¨ªas han recalificado tanto suelo que el proceso es irreversible. Promotores, especuladores e intermediarios tienen suelo para seguir urbanizando durante d¨¦cadas.

La situaci¨®n ha creado una generaci¨®n de ricos del ladrillo: promotores salidos de la nada, constructores en quiebra por la crisis de principios de los noventa, comisionistas, pol¨ªticos a los pies de los constructores, empresarios que graban a los pol¨ªticos... Y todo de forma casi impune. Con una justicia que rara vez paraliza de forma cautelar una obra; con una fiscal¨ªa escasa de medios contra la corrupci¨®n, con tribunales que tardan a?os en sentenciar y que, cuando lo hacen, llegan a ser ignorados. ?stas son las ra¨ªces del esc¨¢ndalo.

La recalificaci¨®n

El pelotazo en sentido estricto se basa en la reca-lificaci¨®n. Mediante este instrumento legal, alguien que ha comprado un terreno no urbanizable logra que pase a urbanizable. El terreno ha sido recalificado (oficialmente, reclasificado) y ya se puede construir. Lo suyo entonces es vender el solar para que otro lo construya a cambio de tres, cuatro, diez veces m¨¢s de lo que cost¨® inicialmente. Resultado, beneficios millonarios sin arriesgar dinero. Porque construir implica un riesgo: contratar personal, invertir, edificar, vender las viviendas...

El Ayuntamiento de Carboneras, del PSOE, sac¨® a concurso dos parcelas (600.000 metros cuadrados en total, 60 campos de f¨²tbol) r¨²sticas junto al hotel del Algarrobico en 2003. Las adjudic¨® por 3,6 euros el metro cuadrado a dos empresas locales y en nueve meses las recalific¨®, con lo que su valor se multiplic¨®. Est¨¢ a falta de que lo apruebe la Junta de Andaluc¨ªa.

Convenio urban¨ªstico

El catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica Manuel Villoria afirma que los convenios urban¨ªsticos son "un nido de corrupci¨®n". Mediante estos convenios, totalmente legales, un promotor que tiene suelo no urbanizable negocia con el Ayuntamiento la recalificaci¨®n y cu¨¢nto podr¨¢ construir si paga dinero. As¨ª soslaya el Plan de Ordenaci¨®n Urbana, que regula el urbanismo de la ciudad y que se hace cada varios ocho a?os.

Los convenios han proliferado en los ¨²ltimos a?os y con ellos se han dise?ado urbanizaciones en peque?os pueblos. As¨ª, dos constructoras compraron 453 hect¨¢reas protegidas junto al Guadiana en El Granado (600 habitantes, en Huelva). El 5 de abril de 2006 firmaron con el alcalde un convenio en el que ¨¦ste se compromet¨ªa a recalificar el suelo a cambio de 3,3 millones de euros y el 10% del terreno. Las empresas podr¨ªan urbanizar all¨ª 3.088 chal¨¦s, hotel y campo de golf. El alcalde, Juan Burga, del PSOE, defiende el proyecto.

Viviendas ilegales

En toda Espa?a, pero principalmente en la costa, proliferan las viviendas ilegales, casas en terreno r¨²stico. Entre enero de 2005 y junio de 2006, la Guardia Civil ha denunciado 12.832 construcciones ilegales, 24 al d¨ªa. Y sin embargo es la punta del iceberg. En la huerta de Valencia o de Murcia era frecuente que los particulares levantasen casas en sus terrenos sin permiso. Son casas para uso particular que consiguen abastecimiento de agua y luz de forma alegal y que con el tiempo acaban amnistiadas.

Sin embargo, ya hay casos de urbanizaciones construidas en terreno no urbanizable. En M¨¢laga, a base de reparcelaciones en terreno r¨²stico y ampar¨¢ndose en la ley que permite construir un chamizo para aperos de labranza, hay 9.000 chal¨¦s ilegales, la mayor¨ªa vendidos a extranjeros, y que ahora ser¨¢n legalizados. En Zurgena (Almer¨ªa), la fiscal¨ªa ha pedido el procesamiento de todos los concejales por permitir 1.300 chal¨¦s en suelo r¨²stico.

Justicia ineficaz

Greenpeace ha contabilizado un centenar de denuncias y sumarios abiertos por delitos urban¨ªsticos s¨®lo en el litoral, pero la justicia rara vez frena las obras. Un fiscal de Urbanismo admite: "No tenemos medios. Llegamos a los casos que afloran por denuncias o por un empresario cabreado, pero no alcanzamos a saber si en los convenios urban¨ªsticos hay un acuerdo previo y corrupci¨®n".

Este fiscal lamenta la dificultad para paralizar cautelarmente obras. Los jueces son reacios a concederlas porque el da?o al promotor es muy grande si al final se demuestra que la obra es legal. As¨ª que, como en Cantabria, cuando llegan sentencias que anulan una urbanizaci¨®n, las viviendas est¨¢n ya construidas. A veces, como en Las Navas del Marqu¨¦s, la sentencia llega antes de que entren las m¨¢quinas. Eso no ha evitado que el constructor Francisco G¨®mez, El Paloma, haya talado unos 5.000 pinos con el argumento de que nadie ha pedido la ejecuci¨®n de sentencia.

Dinero negro

El sector inmobiliario es tradicionalmente uno de los refugios predilectos para el blanqueo de dinero. Es una evidencia que nadie discute. Por eso, el boom del sector ha disparado las alarmas. Una de ellas es muy significativa: en Espa?a circulan un tercio de los billetes de 500 euros de la Uni¨®n Europea

Otros factores contribuyen a situar a Espa?a como uno de los para¨ªsos para el lavado de dinero, pero casi todos ellos est¨¢n relacionados con el urbanismo. Destacan los escasos controles que hab¨ªa hasta hace unos meses sobre las actividades de notarios y registradores, elementos fundamentales para que se produzcan operaciones de lavado con inmuebles de por medio.

La Operaci¨®n Ballena Blanca, en la que se intervino la urbanizaci¨®n La Alcaidesa, en la L¨ªnea de la Concepci¨®n, demuestra c¨®mo delincuentes extranjeros utilizaban Espa?a y las viviendas para poner a buen recaudo sus inversiones.

Nuevos poderosos

Los a?os de la explosi¨®n urban¨ªstica han hecho proliferar promotores que se convierten en multimillonarios con tent¨¢culos en otros negocios. Como Francisco Hernando, Paco el Pocero, que levanta una megaurba-nizaci¨®n de 13.000 viviendas en un secarral de Sese?a, en Toledo. S¨®lo 14 d¨ªas antes de la recalificaci¨®n compr¨® el 44% del suelo. Hernando naci¨® en un barrio muy humilde y apenas aprendi¨® a leer y escribir, seg¨²n su autobiograf¨ªa. Ahora comanda un yate que recuerda al Titanic. Hernando ha dado el salto a gestionar aviones privados.

Pedro Garc¨ªa Mero?o y Facundo Armero eran hace cinco a?os dos desconocidos y hoy son due?os de Polaris World, adjudicatarios de la televisi¨®n auton¨®mica de Murcia y socios en otros negocios del n¨²mero tres del PP murciano, Antonio S¨¢nchez Carrillo. Fidel San Rom¨¢n, constructor de casi todo el municipio madrile?o de Las Rozas, obtuvo la adjudicaci¨®n de la plaza de toros de Las Ventas.

Partidos

La ONG Transparencia Internacional, que cada a?o elabora un informe sobre la corrupci¨®n en el mundo, ha denunciado que en Espa?a existen partidos pantalla en la costa con el fin de controlar el urbanismo. En las negociaciones de las alianzas de gobierno, el urbanismo suele ser la pieza m¨¢s codiciada.

Con la proliferaci¨®n de casos de corrupci¨®n, el PSOE ha anunciado mano dura y que no presentar¨¢ en las municipales de 2007 a los cargos de los que tenga sospechas de corrupci¨®n. El PSOE ha expulsado al alcalde de Ciempozuelos, al de Aldea del Fresno y al de Morata (en Madrid), y tambi¨¦n ha forzado la salida del de Los Alc¨¢zares (Murcia). El PP sostiene que la corrupci¨®n no le afecta y mantiene a los alcaldes de Alicante, Orihuela y Torrevieja, La L¨ªnea de la Concepci¨®n y Tui, entre otros, que est¨¢n imputados. Aunque persiste la sospecha de que las comisiones financian los partidos, no hay casos demostrados.

Otros implicados

La corrupci¨®n urban¨ªstica no se puede entender como un suceso aislado donde s¨®lo intervienen dos partes, el sobornado y el que soborna. Generalmente, en toda operaci¨®n urban¨ªstica intervienen otros agentes en calidad de "profesionales". Y el problema aparece cuando miran para otro lado.

Es el caso de notarios y registradores de la propiedad, de asesores fiscales y despachos de abogados, adem¨¢s de las instituciones bancarias. Todas las operaciones urban¨ªsticas de cierto tama?o requieren la intervenci¨®n de estos profesionales y de estas instituciones. Otra cosa es su grado de compromiso a la hora de poner en conocimiento de las autoridades todas aquellas actuaciones que resulten sospechosas. Muchas viviendas ilegales se han financiado con hipotecas, muchas urbanizaciones sospechosas han recibido un cr¨¦dito bancario. Y es evidente que los mecanismos de control no han funcionado debidamente.