Todos dentro

A la necesaria y demandada estabilidad del sistema educativo que justamente reclama la sociedad espa?ola hay que sumarle otras caracter¨ªsticas sociales, pol¨ªticas y formativas para responder a la exigencia que tiene en el conocimiento el valor a?adido que nos hace progresar m¨¢s y crecer m¨¢s. La educaci¨®n es el puente entre ese conocimiento -accesible y universal, aunque con brechas y desigualdades- y los avances comunes; as¨ª lo han entendido quienes llevan la primac¨ªa en el desarrollo. Pero la sociedad que nos pide evolucionar demanda una formaci¨®n sin exclusiones porque el progreso de todos depende de todos y debemos mejorar las tasas de ¨¦xito escolar de nuestro pa¨ªs en los primeros niveles educativos y aumentar la continuidad en los secundarios. La misma UE se ha puesto deberes antes y despu¨¦s de las etapas obligatorias para que la educaci¨®n sea una constante no s¨®lo en lo que hasta ahora consider¨¢bamos la vida acad¨¦mica de un ciudadano sino a lo largo de toda la vida, incluso m¨¢s all¨¢ del periodo laboralmente productivo: todos dentro de un sistema educativo que proporciona la formaci¨®n requerida se sea titulado o no, empleado o no.

El Gobierno del Estado y el Parlamento han elaborado y aprobado la Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n (LOE) para responder a estos retos. El acuerdo social, territorial y pol¨ªtico -extenso y hasta donde algunos han querido, sabido y podido-, y por tanto la estabilidad educativa, debe continuar en el desarrollo de la ley como ha venido haciendo (s¨ªntesis de la dispersa normativa, propuesta para el debate, resultados de ¨¦ste y las sucesivas propuestas a la LOE) una sociedad que ha aportado criterios en cientos de documentos y miles de intervenciones junto a las reuniones de las organizaciones e instituciones representativas.

Esa permanencia del aprendizaje a lo largo de la vida es un objetivo formativo que debe tener continuidad al disponer de las suficientes ofertas educativas, pero tambi¨¦n porque otras instituciones integren esa necesidad de nuestro sistema productivo y social; por ejemplo, necesitamos m¨¢s formaci¨®n en las empresas y m¨¢s empresas en la formaci¨®n. Las evaluaciones internacionales nos indican que hay que ampliar nuestra eficacia educativa y hacer coincidir la eficiencia con nuestra pertenencia a un entorno occidental, democr¨¢tico y desarrollado, y aunque el periodo valorado se corresponde en su mayor¨ªa con gobiernos distintos del actual, y sin caer en la autocomplacencia del gran salto formativo del periodo democr¨¢tico, debemos avanzar en una formaci¨®n que tiene que extender a lo largo -mayores resultados- y ancho -mejores resultados- sus efectos sociales: una inclusi¨®n de todos y para todos. El camino de otros pa¨ªses que obtienen buena valoraci¨®n, con pocas variaciones, suele coincidir con lo que el MEC propone como calidad con equidad. No se puede pretender recuperar educativamente a quienes se les excluye desde edades tempranas derivando s¨®lo hacia ellos una responsabilidad que debemos ampliar al resto del sistema.

Ese esfuerzo compartido, de todos, exige estudio, esfuerzo y disciplina (y valga esta referencia para salir al paso de quienes niegan su presencia en la LOE, aunque con el rechazo intelectual de tener que dedicar unos momentos a lo evidente) del alumno, pero tambi¨¦n coherencia social con lo que se pide a la escuela, compromiso educativo, econ¨®mico y ecol¨®gico de las administraciones educativas, pol¨ªticas de igualdad, organizaci¨®n y proyectos de los centros, formaci¨®n y reconocimiento del profesorado y una dedicaci¨®n familiar que debe aumentar su contribuci¨®n por propia iniciativa y con ayudas, sin olvidar la importancia de su relaci¨®n con colegios e institutos, que depende de recuperar una presencia y participaci¨®n restringida por la normativa anterior. Es l¨®gico que las familias colaboren escasamente con una escuela que las expulsaba de las decisiones comunes. En fin, nada distinto de lo que han deducido los responsables educativos de la OCDE de esos informes cuyos resultados inexplicablemente se utilizan para desviar una situaci¨®n -ya hemos dicho que sin duda mejorable- hacia unas soluciones contrarias a las que son coherentes con esas conclusiones. Se retuercen los elementos cuantitativos para reforzar criterios cualitativos preconcebidos.

El sistema educativo espa?ol cuenta con la presencia, avalada constitucionalmente, de la escuela privada, que puede acceder a un sistema de conciertos con veinte a?os de vigencia con diferentes gobiernos, lo que contribuye para conseguir la libertad de elecci¨®n de centro que inexplicable e interesadamente se le niega a la LOE. Ahora, a la necesidad social de la extensi¨®n de la gratuidad a la etapa de 3-6 a?os -asumida por el Gobierno del PSOE y que es el mejor, aunque no ¨²nico, ejemplo de que no se hace tabla rasa y se respetan y se mantienen decisiones anteriores- hay que sumar la urgencia tambi¨¦n social del equilibrio en la admisi¨®n de alumnos necesitados de atenci¨®n educativa espec¨ªfica, con el correspondiente aumento de recursos cuando se produzca esta nueva exigencia. No es objetiva ni solidaria una descalificaci¨®n global de la escuela que atiende, en una situaci¨®n ahora desequilibrada, mayoritariamente al diferente, lo que tiene su traducci¨®n en los resultados.

Por otra parte, la Constituci¨®n nos otorga una estructura pol¨ªtica que transfiere a las Comunidades Aut¨®nomas la responsabilidad educativa ¨²ltima. El sistema educativo debe tener en cuenta, adem¨¢s de todo lo anterior, esta situaci¨®n y ser respetuoso con ella. No es posible poner en marcha una educaci¨®n inestable permanentemente porque estas Administraciones se vean injustamente agredidas en unas competencias fundamentales para proporcionar el servicio p¨²blico de la educaci¨®n y una escuela p¨²blica de calidad. ?stos son valores constitucionales que compartimos y junto a otros su presencia curricular es necesaria. Por supuesto que de forma transversal impregnando toda la ense?anza, pero esto no impide ni es contradictorio con su inclusi¨®n program¨¢tica espec¨ªfica. Que se acuse de doctrinaria la formaci¨®n c¨ªvica en estos principios en una sociedad democr¨¢tica supone desconfiar de ellos, de los ¨®rganos de control, de los equipos y organizaciones que dise?an su curr¨ªculo y su did¨¢ctica y de la libertad de c¨¢tedra -otro principio constitucional- que amparar¨¢ su ense?anza. Y la propia Constituci¨®n reconoce el derecho a la opci¨®n elegida por los padres, y las leyes y acuerdos la presencia escolar de la formaci¨®n religiosa, y as¨ª lo indica la LOE; como respeto constitucional merecen los que no lo hagan, posibilidades mutuamente compatibles. El resto de decisiones depender¨¢n del desarrollo de la Ley, y cuentan de entrada con la disposici¨®n favorable al di¨¢logo de responsables del Gobierno, y a pesar de quienes prefieren el "cuanto peor, mejor" se abren camino v¨ªas de encuentro y comunicaci¨®n. El reconocimiento de la diversidad pol¨ªtica, cultural o religiosa, al contrario de lo que se dice, cohesiona e incluye a todos. Primordial y determinante ser¨¢ que la sociedad eleve su valoraci¨®n sobre un profesorado al que hay que dar m¨¢s oportunidades formativas, seguramente distinta formaci¨®n inicial y un reconocimiento que debe tener como colaboradores a los dem¨¢s responsables educativos, y ratificar los acuerdos sectoriales entre sus representantes y las administraciones competentes. La inclusi¨®n de estos y otros criterios en el tan esperado y por fin pr¨®ximo Estatuto sobre la docencia p¨²blica deber¨ªa responder a las tantas veces frustradas expectativas.

La educaci¨®n comprende m¨¢s aspectos que tratar, pero, entre todos, las evaluaciones internacionales indican como referente la media de gasto educativo de los pa¨ªses de nuestro entorno, y es condici¨®n necesaria -aunque no suficiente- aumentar la financiaci¨®n para aumentar la calidad. El refuerzo econ¨®mico contenido en la memoria que acompa?a a la LOE supone un compromiso que ahora s¨ª atiende econ¨®micamente las obligaciones educativas que la normativa b¨¢sica establece para las Comunidades Aut¨®nomas. Es la mejor forma de iniciar la prioridad educativa prometida de promoci¨®n personal y progreso social.

Raimundo Benzal es portavoz de Educaci¨®n del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados.