El desaf¨ªo urban¨ªstico de Pedro Rodr¨ªguez

Al sur de la ciudad de Huelva, en el espacio que limitan su casco urbano, la r¨ªa y el polo qu¨ªmico, se abre un gran paisaje conocido como Marismas del Tit¨¢n. Un espacio, que se ha convertido, desde hace tres a?os, en un campo de batalla virtual entre la Junta de Andaluc¨ªa y el Ayuntamiento. El gobierno local que dirige Pedro Rodr¨ªguez (PP) quiere basar en estas 120 hect¨¢reas, que adquiri¨® en 1998 a Ercros por 600.000 euros, la ampliaci¨®n de la ciudad hacia el sur. Aqu¨ª, alrededor del nuevo estadio de f¨²tbol, planea construir 3.500 viviendas, una gran superficie comercial, un complejo deportivo, la futura Ciudad de la Justicia, varios centros escolares y hasta una nueva catedral. Lo que Rodr¨ªguez considera el "proyecto m¨¢s importante de los ¨²ltimos cincuenta a?os" incluye tambi¨¦n la nueva estaci¨®n de la futura l¨ªnea de AVE y un paseo mar¨ªtimo.

El proyecto tambi¨¦n ha sido una notable fuente de ingresos para el Ayuntamiento. En 2003 convoc¨® un concurso p¨²blico para vender 66,4 hect¨¢reas de este suelo municipal. El grupo murciano Trusam, del empresario Jes¨²s Samper, gan¨® la puja, con una oferta de 66 millones de euros, cien veces m¨¢s que lo que pag¨® el Ayuntamiento a Ercros por todo el terreno.

Pero aqu¨ª surge el primer problema con la Junta: el concurso deb¨ªa haber contado con la autorizaci¨®n previa de la Consejer¨ªa de Gobernaci¨®n, que es imprescindible cuando una corporaci¨®n local plantea una operaci¨®n cuyo importe supera el 25% del presupuesto municipal (en este caso, supon¨ªa m¨¢s del 30%). El permiso no lleg¨®, pero el Ayuntamiento convoc¨® el concurso al entender que hab¨ªa pasado el plazo para que Gobernaci¨®n se pronunciara y que el silencio administrativo era equivalente a una autorizaci¨®n. La Consejer¨ªa consider¨® que ni el plazo hab¨ªa transcurrido ni el concurso hab¨ªa cumplido con algunos requisitos t¨¦cnicos y recurri¨® la decisi¨®n del Ayuntamiento.

Tras un largo periplo de recursos, el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) declar¨® la pasada semana la suspensi¨®n cautelar del concurso y venta de las 66,4 hect¨¢reas de terreno hasta que dictamine sobre el fondo de la cuesti¨®n. Pero el Ayuntamiento ha hecho o¨ªdos sordos de la decisi¨®n judicial y ha respondido que piensa seguir adelante con los tr¨¢mites para llevar a cabo la construcci¨®n del proyecto, escud¨¢ndose en que los terrenos ya est¨¢n vendidos.

A la Junta se le abre un horizonte conocido. Un paisaje en el que la pol¨ªtica urban¨ªstica de hechos consumados llevada a cabo por algunos ayuntamientos y constructores, especialmente de la Costa del Sol, ha derivado en una selva de ladrillos ilegales que luego no deja m¨¢s salida que la demolici¨®n. ?Puede ocurrir lo mismo con el proyecto de Huelva? El Ayuntamiento no ha alterado su gui¨®n: va a proceder a la reparcelaci¨®n de los terrenos y quiere aprobar antes de Navidad el proyecto de urbanizaci¨®n, licitarlo y, a partir de ah¨ª, dar licencias de obra a los particulares.

Cumplir el auto judicial

Fuentes jur¨ªdicas se?alan que el camino a seguir por la Junta si Rodr¨ªguez se mantiene en su postura, es reclamar al TSJA que para hacer efectivo su auto, obligue al Ayuntamiento a depositar la cantidad de dinero equivalente a la venta de los terrenos en instancias judiciales -por si dicha venta es ilegal y haya que devolverlo- hasta restringir las facultades inherentes del comprador para ejercer como tal en ese territorio.

El litigio no se acaba ah¨ª. M¨¢s all¨¢ de la autorizaci¨®n de la venta de suelo, el n¨²cleo de las diferencias entre la Junta y el Ayuntamiento est¨¢ en el desarrollo del proyecto. El Ayuntamiento mantiene que esta operaci¨®n urban¨ªstica se puede tramitar como un plan parcial -y as¨ª lo ha hecho- por lo que fue aprobado de forma directa por el pleno municipal. La Junta rechaz¨® tomar en consideraci¨®n ese plan, porque estima que desarrolla suelo que no estaba previsto en el plan urban¨ªstico de Huelva en vigor al sumar 3.500 nuevas viviendas a las 20.000 planificadas. Obras P¨²blicas record¨® en varias ocasiones al Ayuntamiento que, en estos casos, la Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica de Andaluc¨ªa exige que se tramite un plan de sectorizaci¨®n, m¨¢s complejo, en el que se justifique ante la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas si la transformaci¨®n del suelo para su utilizaci¨®n inmediata se integra en las necesidades globales de la ciudad y del territorio.

Ante la renuncia del Ayuntamiento a tramitar un plan de sectorizaci¨®n, Obras P¨²blicas plante¨® este a?o otro recurso ante el TSJA, que a¨²n no se ha pronunciado. En todo caso, los recursos judiciales a¨²n no han llegado a la discrepancia de fondo: la Junta no ve con buenos ojos los usos establecidos por el Ayuntamiento para suelos de propiedad municipal.

"El planteamiento de la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas es que todas las intervenciones que tenga que realizar la Junta en materia urban¨ªstica en el Ensanche Sur, ser¨¢n totalmente escrupulosas con respecto a la legalidad. Es decir, nosotros nos opondremos y no autorizaremos, cuando sea necesario, todo aquello que vaya en contra de las resoluciones judiciales dictadas", afirma el delegado de Obras P¨²bicas en Huelva, Gabriel Cruz, quien espera que el Ayuntamiento vuelva a "la cordura" y acate el primer auto judicial por la denuncia de Gobernaci¨®n.

Si el Ayuntamiento sigue adelante, a Obras P¨²blicas a¨²n le queda una bater¨ªa de recursos (podr¨ªa impugnar tambi¨¦n las licencias de obra). Y si la desobediencia del Ayuntamiento persistiese, siempre cabe la v¨ªa penal. "Si alguna de las actuaciones es constitutiva de delito o si se insiste por la v¨ªa que ha anunciado el Ayuntamiento de rebeld¨ªa, seguramente estar¨ªamos hablando de desobediencia judicial. Si adem¨¢s se descubriese que hay razones poco claras que les ha llevado a ir por la v¨ªa de los hechos consumados, tambi¨¦n se actuar¨ªa en este sentido", dice el delegado de Obras P¨²blicas.

Rodr¨ªguez insiste en que seguir¨¢ adelante pero, a diferencia de lo que ocurri¨® en Marbella, ahora los tribunales tienden a suspender de forma cautelar las operaciones urban¨ªsticas cuando aprecia base legal en las impugnaciones de la Junta. Un escenario, en suma, en el que la negociaci¨®n entre Administraciones parece el final m¨¢s probable.