Las demoliciones generan divisi¨®n

?Demoliciones s¨ª o demoliciones no? El debate se ha reavivado despu¨¦s de que la Junta haya pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) que ordene el derribo de 334 viviendas ilegales de Marbella. La posibilidad de que esta dr¨¢stica decisi¨®n pueda extenderse a m¨¢s construcciones irregulares ha generado una profunda divisi¨®n entre los partidos y opiniones contrarias entre vecinos, promotores y ecologistas. La Junta es partidaria de demoler las viviendas ilegales construidas en espacios reservados a equipamientos p¨²blicos. El PP rechaza de plano los derribos, posici¨®n en la que coinciden los promotores. Las asociaciones de vecinos de Marbella y los ecologistas creen que debe valorarse el beneficio o perjuicio de la demolici¨®n caso a caso.

La controversia generada tras la petici¨®n de la Junta no se ha visto empa?ada en Marbella por la tercera fase de la operaci¨®n Malaya, y el agrio debate es palpable en todos los ¨¢mbitos pol¨ªticos y sociales. Nadie es ajeno a una pol¨¦mica que por ahora ata?e a 334 viviendas de siete promociones, pero en la que podr¨ªan verse envueltas hasta aproximadamente 5.000 viviendas que se calcula han sido construidas en espacios reservados para equipamientos p¨²blicos.

Hace una semana, la Junta pidi¨® al TSJA que ordene el derribo de 334 viviendas ilegales en Marbella por tratarse de "los casos m¨¢s graves". "Los equipamientos p¨²blicos son los atributos m¨¢s sagrados de una ciudad y bajo ning¨²n concepto puede construirse en ellos", explic¨® el director de la Oficina de Planeamiento, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Povedano.

Pero el pasado martes el consejero de Turismo Paulino Plata, rest¨® contundencia a la petici¨®n de ejecuciones de sentencias al alto tribunal. "Es muy importante ver el lado humano del problema en este asunto. La ¨²nica soluci¨®n no es el derribo, ni mucho menos", declar¨® Plata. El futuro candidato socialista a la alcald¨ªa marbell¨ª record¨® que el juez decidir¨¢ en cada caso si el derribo es procedente. "La decisi¨®n debe ser justa para que la gente la entienda".

Desde el PP, su presidente regional, Javier Arenas, ha cogido la bandera de las posibles demoliciones para cuestionar la actuaci¨®n de la Junta en Marbella y tildar de "inmoral" los derribos. Ayer, junto a la candidata de su partido en Marbella, ?ngeles Mu?oz, Arenas recalc¨® que las familias que viven en estas viviendas no pueden "ser v¨ªctimas de lo que ha pasado". Y volvi¨® a se?alar a la Administraci¨®n auton¨®mica como la principal responsable de las irregularidades.

El l¨ªder del PP reclam¨® un pleno extraordinario del Parlamento para tratar de forma monogr¨¢fica la situaci¨®n generada en Marbella y plante¨® la posibilidad de que su partido pida una comisi¨®n de investigaci¨®n.

Arenas dio por seguro que los controles urban¨ªsticos est¨¢n fallando en Andaluc¨ªa "todos los d¨ªas" y reclam¨® un "cambio radical" en el control de la legalidad urban¨ªstica. "La situaci¨®n no puede seguir as¨ª", dijo.

Los promotores y constructores malague?os tambi¨¦n se han pronunciado en contra de las demoliciones y han planteado que los due?os compensen a la ciudad en caso de que ocupen zonas de equipamiento.

Por su parte, los vecinos consideran que la extrema medida podr¨ªa estar justificada siempre que los compradores de buena fe fueran indemnizados. "No nos oponemos de ra¨ªz. Siempre que los vecinos resulten indemnizados y si la construcci¨®n est¨¢ sobre suelos para equipamientos y jardines, estamos de acuerdo porque hay que restituir esos suelos al pueblo", opina Alejandro Dogan, presidente de la Federaci¨®n de asociaciones de vecinos de Marbella y San Pedro Alc¨¢ntara. "El problema es qui¨¦n indemniza. Si los promotores o los responsables pol¨ªticos que autorizaron las promociones", matiza.

Para Dogan, la postura de la Junta es contradictoria. "No entendemos c¨®mo la Junta ped¨ªa hace una semana las demoliciones y s¨®lo d¨ªas despu¨¦s Plata diga que hay que ver caso por caso y que es muy dif¨ªcil que ¨¦stas ocurran".

El representante vecinal cree que en Marbella existen edificaciones sin habitar que incumplen la ley, y que deber¨ªan ser objetivo prioritario de las demoliciones. "Si quieren derribar, ah¨ª est¨¢ el Hotel Senator", afirma.

Para Javier de Luis, ex l¨ªder ecologista azote del gilismo y actual asesor t¨¦cnico de la gestora, el beneficio de las posibles demoliciones al tratarse de viviendas habitadas, debe ser sopesado por el juez en funci¨®n del hipot¨¦tico perjuicio que causar¨ªan.

"?D¨®nde est¨¢ el beneficio?"

"Si tiras Banana Beach [urbanizaci¨®n ilegal de 238 viviendas frente al mar], el suelo sigue siendo de Jos¨¦ ?vila Rojas [promotor imputado en el caso Malaya por cohecho]... ?d¨®nde est¨¢ el beneficio para la ciudad?", pregunta. De Luis apoya las demoliciones siempre que se haya comprobado que el beneficio generado es superior al perjuicio.

El asesor t¨¦cnico estima que es preferible hablar de "restablecimiento de la legalidad urban¨ªstica perturbada", toda vez que la decisi¨®n final sobre el derribo depender¨¢ de un magistrado. "En todos los procesos que se est¨¢n abriendo habr¨¢ que buscar una garant¨ªa de que aquello no va a volver a suceder, y de que aquellos que infringieron la ley obtendr¨¢n su castigo. Debe consumarse el embargo de cuentas corrientes y bienes, de ex concejales y promotores que participaron en estas operaciones", asegura.

Por su parte, tanto Arenas como Mu?oz relacionaron al ex asesor de Urbanismo de Marbella y supuesto cerebro de la red de corrupci¨®n de este municipio, Juan Antonio Roca, con la Junta y el PSOE. "El PSOE conoc¨ªa las negociaciones de la moci¨®n y se ha beneficiado de lo que ha ocurrido en Marbella", dijo Mu?oz. El Gobierno andaluz puso el acento en que el PP est¨¢ creyendo las declaraciones de los imputados en la Operaci¨®n Malaya.