Urbanismo al servicio de los ciudadanos

Se ha desatado una dura pol¨¦mica en relaci¨®n con las limitaciones al crecimiento urban¨ªstico que prescribe el recientemente aprobado Plan de Ordenaci¨®n del Territorio de Andaluc¨ªa (POTA). A los responsables de la CEA no les gusta, bueno, en realidad no les gusta ning¨²n plan que ordene el territorio, prefieren el urbanismo a la carta, para poder decidir d¨®nde y cuanto construyen. Olvidan que estamos en un Estado de derecho, que la Constituci¨®n adscribe una funci¨®n social a la propiedad, y que la ordenaci¨®n del territorio debe realizarse en funci¨®n de los intereses generales de la sociedad. El urbanismo debe generar ciudades con calidad de vida, no favorecer al ladrillo como inversi¨®n especulativa. Los hechos han demostrado la falacia de los que, desde los ¨¢mbitos pol¨ªticos y empresariales, han defendido que con la liberalizaci¨®n del suelo se abaratar¨ªa la vivienda. Jam¨¢s se han construido tantas viviendas en Andaluc¨ªa y nunca ha sido m¨¢s inaccesible para la mayor¨ªa de los ciudadanos, y muy particularmente para los j¨®venes.

El actual modelo urban¨ªstico y territorial de Andaluc¨ªa es insostenible y est¨¢ provocando grav¨ªsimos impactos ambientales, sociales y econ¨®micos, hipotecando su futuro. Ecologistas en Acci¨®n advirti¨® en sus alegaciones que los objetivos del POTA -per seguir un modelo territorial equilibrado y sostenible, preservar los recursos naturales, potenciar los n¨²cleos urbanos tradicionales en contra de la proliferaci¨®n de urbanizaciones desgajadas de pueblos y ciudades...- pod¨ªan quedarse en buenas intenciones si no se incorporaba una normativa rigurosa que impidiera que los Ayuntamientos siguieran con una pol¨ªtica de recalificaciones abusivas y salvajes, bajo la presi¨®n de empresas constructoras e inmobiliarias. Por ello propusimos que se incluyeran normas que establecieran unos l¨ªmites razonables al crecimiento urban¨ªstico, que no se permitieran modificaciones de los PGOU para recalificar m¨¢s suelo residencial, que se diera prioridad a las promociones de viviendas protegidas y que se ampliara la servidumbre de Protecci¨®n del Dominio P¨²blico Mar¨ªtimo Terrestre a 500 metros, tal y como permite la Ley de Costas. La Junta no lo acept¨® pero, ante la presi¨®n de los esc¨¢ndalos urban¨ªsticos, el Parlamento ha incluido algunas normas en el POTA que pueden poner cierto l¨ªmite al desmadre urban¨ªstico que estamos sufriendo.

Que los empresarios monten en c¨®lera porque los municipios "s¨®lo" puedan crecer un 40% de suelo urbanizable y un 30% de poblaci¨®n, es ins¨®lito, y s¨®lo se explica por la voracidad de un empresariado acostumbrado a los pelotazos urban¨ªsticos y por la presi¨®n del dinero negro que lubrifica en parte la m¨¢quina de la construcci¨®n. Con una poblaci¨®n estabilizada, ?c¨®mo puede tildarse de insuficientes estos crecimientos en ocho a?os? Lo que se pretende es seguir con la pol¨ªtica de recalificaciones a golpe de talonario, ya sea "legal", v¨ªa convenios urban¨ªsticos, o manteniendo el marco que ha propiciado la corrupci¨®n de la que se han beneficiado no pocas empresas constructoras.

Tambi¨¦n rechazan los empresarios regular la instalaci¨®n de campos de golf, disoci¨¢ndolos del desarrollo urban¨ªstico. En realidad, los campos de golf son meras excusas para recalificar terrenos y construir macrourbanizaciones, hoteles y centros comerciales. Los empresarios aducen que, sin urbanizaciones, los campos de golf no son rentables, entonces ?por qu¨¦ se construyen devorando recursos escasos como son el suelo y el agua? Tenemos ya 100 campos de golf en Andaluc¨ªa y se pretende construir 400 m¨¢s, cuando los turistas que demandan golf no suponen ni el 2% de los que visitan Andaluc¨ªa, muchos menos de los que vienen atra¨ªdos por nuestra naturaleza o nuestra riqueza monumental. Estos campos de golf consumir¨ªan 250 hect¨®metros c¨²bicos de agua, el equivalente a una poblaci¨®n de dos millones y medio de habitantes, ?de d¨®nde saldr¨¢ este agua?

Si algo hay que achacarle a la Junta y a nuestros parlamentarios no es que regulen el futuro de nuestros pueblos y ciudades, sino la tardanza en reaccionar a un fen¨®meno que era evidente, y que ha provocado graves da?os a nuestro territorio, a nuestros recursos naturales y a nuestra democracia. Esperemos que no ocurra igual que con la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida, que se reform¨® nada m¨¢s aprobarse por presi¨®n de los constructores, eliminando la obligatoriedad de construir un 30% de VPO en todos los desarrollos urban¨ªsticos. Ante la especulaci¨®n urban¨ªstica y la corrupci¨®n que conlleva no puede haber "flexibilidad". La Junta de Andaluc¨ªa tiene ahora una ocasi¨®n de oro para demostrar que apuesta por un urbanismo donde primen los intereses generales de los ciudadanos y no los de un peque?o grupo de especuladores que est¨¢ imponiendo el planeamiento en la mayor¨ªa de los municipios en funci¨®n de sus intereses particulares.

Juan Clavero Salvador es catedr¨¢tico de Biolog¨ªa y secretario de Ordenaci¨®n del Territorio de Ecologistas en Acci¨®n de Andaluc¨ªa