Nueva condena a Espa?a por las 'vacaciones fiscales' del Pa¨ªs Vasco

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, conden¨® ayer a Espa?a por no haber recuperado las ayudas fiscales a empresas concedidas por las haciendas forales vascas durante los noventa y que fueron declaradas ilegales en 2001. Los jueces de la Corte de Luxemburgo confirman las tesis de la Comisi¨®n y fallan que Espa?a "ha incumplido" su obligaci¨®n de recuperar el importe de dichos incentivos a la inversi¨®n considerados ayudas de Estado. Se trata, concretamente, de las llamadas vacaciones fiscales, que exim¨ªan del pago por beneficios durante varios a?os a las empresas de nueva creaci¨®n, y el cr¨¦dito fiscal del 45%, que permit¨ªa deducir en el Impuesto de Sociedades ese porcentaje en el caso de nuevas inversiones de m¨¢s de quince millones de euros.

Ambas medidas fueron derogadas en 2000, aunque Bruselas sostiene, y el Tribunal acepta, que siguen teniendo efectos. La Comisi¨®n tampoco ha logrado, pese a sus requerimientos, que las diputaciones forales le entreguen el listado de las empresas beneficiadas (se estima que rondan las 130) ni la cuantificaci¨®n de las ayudas.

Las diputaciones vascas manifestaron ayer que acatan la sentencia, aunque no la comparten, y recordaron que est¨¢ pendiente de resoluci¨®n un recurso ante el propio Tribunal Europeo sobre el fondo de la cuesti¨®n. No obstante, al igual que la patronal Confebask, se?alaron que deben estudiar las implicaciones del fallo, que es ejecutivo, y apuntaron la "dificultad" que entra?ar¨¢ su cumplimiento efectivo.

El conflicto se inici¨® en 1999 cuando, a ra¨ªz de la investigaci¨®n sobre la instalaci¨®n de las empresas Daewoo y Ramond¨ªn en ?lava, el Ejecutivo comunitario puso la lupa sobre los mencionados incentivos, que declar¨® ilegales en 2001, por considerar que se trataba de ayudas de Estado incompatibles con la legislaci¨®n comunitaria relativa a Mercado Interior. La Comisi¨®n orden¨® entonces a Espa?a a recuperar los fondos entregados en el plazo de dos meses, que venc¨ªa en septiembre de 2001.

La sentencia del Tribunal Europeo reprocha a las autoridades espa?olas no haber realizado "una aplicaci¨®n real" de medidas que permitiera la puesta en pr¨¢ctica efectiva de las exigencias de la Comisi¨®n. "La recuperaci¨®n", indicaba ¨¦sta, "se efectuar¨¢ sin dilaci¨®n y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional, siempre que ¨¦stos permitan la ejecuci¨®n inmediata y efectiva de la presente Decisi¨®n", y apostillaba que "la ayuda recuperable devengar¨¢ intereses".

Durante la vista del caso, a finales de 2005, el Gobierno espa?ol aleg¨® que ya se hab¨ªan puesto en marcha las medidas necesarias para cumplir con la Comisi¨®n. Sin embargo, ¨¦stas se limitaron a informar a las empresas afectadas de que ya no podr¨ªan seguir benefici¨¢ndose de las ayudas cuestionadas. Por ello, el Tribunal estima "fundadas las imputaciones de la Comisi¨®n" y condena a Espa?a a pagar las costas del proceso.