Los 60 inmigrantes que denunciaron una estafa siguen sin regularizar

Harresiak Apurtuz, la coordinadora que agrupa a las principales organizaciones de apoyo a inmigrantes, acudir¨¢ al Parlamento ante la "pasividad" de los jueces y el Gobierno central en el caso de los 60 inmigrantes de Bilbao estafados durante el proceso de regularizaci¨®n Un a?o despu¨¦s de que presentaran sus denuncias, los inmigrantes siguen en situaci¨®n irregular, pese a que la Ley de Extranjer¨ªa prev¨¦ la regularizaci¨®n en estos casos. De los siete supuestos estafadores, entre ellos dos abogadas, ha sido procesada una asesora.

Los inmigrantes pagaron una media de 1.000 euros a supuestos empresarios e intermediarios que les aseguraban un contrato de trabajo durante el proceso de regularizaci¨®n extraordinaria del pasado a?o, por lo que la estafa global ronda los 60.000 euros. Se formalizaban contratos para empresas inexistentes sin medios materiales ni recursos y que se constituyeron d¨ªas antes del inicio de la regularizaci¨®n. Los hechos fueron confirmados por el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, que traslad¨® los datos a los juzgados.

La investigaci¨®n permiti¨® descubrir cuatro redes de fraude: dos encabezadas por sendas abogadas que contaron con la ayuda de dos socios cada una; la tercera, por una asesora, y la cuarta, una falsa ONG que abri¨® una oficina y desapareci¨®.

Harresiak Apurtuz, la coordinadora vasca de ONG de apoyo a los inmigrantes, que fue la que alert¨® de este fraude, lleva un a?o de peregrinaje por juzgados e instituciones para resolver el caso. Hasta hace unos meses, confiaba en que al menos sirviera para regularizar la situaci¨®n de los m¨¢s de 60 afectados, como recogen los art¨ªculos 31 y 45 de la Ley de Extranjer¨ªa para los caos en que se denuncien ilegalidades. La Subdelegaci¨®n del Gobierno en Vizcaya mostr¨® a principios de este a?o "buena disposici¨®n" a resolverlo.

Sin embargo, el tiempo ha pasado y la Subdelegaci¨®n, seg¨²n se?ala Harresiak Apurtuz, no ha adoptado ninguna medida con el argumento de que no era su competencia. Hace unos meses, la coordinadora tuvo conocimiento de una resoluci¨®n del Ministerio de Trabajo, del 23 de junio, que deja en manos de las subdelegaciones la potestad de regularizar a inmigrantes que colaboren con las autoridades. "Contactamos de nuevo con la Subdelegaci¨®n y entonces nos dijo que no pod¨ªa hacer nada, porque el tema est¨¢ en los tribunales. Fueron ellos los que nos instaron a acudir a los juzgados y ahora nos dicen que hay que esperar a la resoluci¨®n judicial. Esto es kafkiano", se?al¨® el abogado de la entidad.

La coordinadora critic¨® que la Subdelegaci¨®n no haya promovido ninguna investigaci¨®n y que la Inspecci¨®n de Trabajo se inhibiese en favor de la Fiscal¨ªa y ¨¦sta "no ha intervenido en una sola declaraci¨®n ni ha pedido una sola prueba". Las quejas se extienden al Colegio de Abogados, que no ha adoptado ninguna medida cautelar contra las dos letradas implicadas.

S¨®lo uno de los cuatro juzgados encargado de estos casos ha procesado por estafa a una asesora, Carla Sandra Santos, que recibi¨® 7.550 euros de nueve inmigrantes. Harresiak Apurtuz se?al¨® que esta persona se ha marchado de Vizcaya, pero los otros implicados siguen trabajando con extranjeros.

La Direcci¨®n de Inmigraci¨®n del Gobierno consider¨® ayer "incomprensible" que el Ejecutivo central no solucione "la situaci¨®n de personas que no han hecho, sino cumplir con la legalidad" y respald¨® la petici¨®n de acudir al Parlamento vasco. Un portavoz de la Subdelegaci¨®n se limit¨® a decir: "No queremos hacer ninguna valoraci¨®n".