El pacto carece de rango legal

Lo pactado ahora entre el Gobierno socialista y el Estado de la Santa Sede no es m¨¢s que una interpretaci¨®n de dos art¨ªculos del acuerdo bilateral de 1979, sostiene Dionisio Llamazares, catedr¨¢tico de Derecho Eclesi¨¢stico del Estado, ex director general de Asuntos Religiosos (de 1991 a 1993) y presidente de la Asociaci¨®n Derecho, Laicidad y Libertades. Sostiene: "No hay cambio de modelo, deja intacto el Acuerdo de 1979 y no afecta para nada ni a la transitoriedad de la f¨®rmula de la asignaci¨®n tributaria ni al compromiso autocontra¨ªdo por la Iglesia cat¨®lica 'de lograr por s¨ª misma los recursos suficientes o para la atenci¨®n de sus necesidades".

Llamazares subraya, m¨¢s tarde, tres novedades en lo pactado ahora entre el Gobierno y los obispos: da por terminado el periodo de tres a?os para la sustituci¨®n de la dotaci¨®n presupuestaria por la asignaci¨®n tributaria; eleva el porcentaje a entregar a la Iglesia, que se adjetiva como estable, no como indefinido, como compensaci¨®n por la p¨¦rdida de la exenci¨®n del IVA, y la memoria anual pasa de ser meramente explicativa a ser justificativa. "No tiene m¨¢s alcance. Ni es un nuevo acuerdo internacional, ni modifica el de 1979. Por eso no necesita ser ratificado por las cortes", a?ade Llamazares.

"Las relaciones con la Iglesia se mueven hoy en Espa?a en un terreno puramente mercantil"

"Ni es un nuevo acuerdo ni modifica el de 1979. Por eso no necesita pasar por las Cortes"

La nueva f¨®rmula no espanta, sino acrecienta, los "reproches de inconstitucionalidad" de este sistema, sostiene este experto. Son los siguientes:

1. Financiaci¨®n con fondos p¨²blicos (el dinero que se entrega a la Iglesia es dinero p¨²blico) de una actividad y de unos objetivos confesionales: sostenimiento de culto y clero, incompatible con los principios constitucionales de separaci¨®n y de neutralidad.

2. Violaci¨®n del principio de igualdad tributaria. Es evidente que es menor la contribuci¨®n al sostenimiento de los servicios p¨²blicos y para fines de inter¨¦s general de quienes ponen la cruz a favor de la Iglesia cat¨®lica que de quienes no la ponen.

3. Violaci¨®n de la libertad de conciencia de quienes no ponen la cruz a favor de la Iglesia cat¨®lica, que tienen que pagar obligatoriamente unos impuestos de los que se detrae la cantidad que se entrega a esta Iglesia, como si del pago de un impuesto estatal con fines religiosos se tratara.

El te¨®logo Juan Jos¨¦ Tamayo, director de la C¨¢tedra de Teolog¨ªa y Ciencias de las Religiones en la Universidad Carlos III de Madrid, sostiene que "el PSOE renuncia a la construcci¨®n de un Estado laico" con este acuerdo. "El Estado es m¨¢s confesionalmente cat¨®lico que antes, lo que choca con la afirmaci¨®n constitucional de que 'ninguna religi¨®n tendr¨¢ car¨¢cter estatal', y con la ideolog¨ªa laica del PSOE".

"Estamos cada vez m¨¢s lejos del principio que, dirigi¨¦ndose a P¨ªo IX, defendiera Cavour en sus c¨¦lebres discursos de 1861 sobre la cuesti¨®n romana: Una Iglesia libre dentro del Estado libre. El criterio imperante hoy en Espa?a es, m¨¢s bien, una Iglesia dependiente en un Estado sometido a las presiones de la Iglesia cat¨®lica. El Estado se convierte en recaudador y la Iglesia cat¨®lica es receptora pasiva de lo recaudado sin esfuerzo alguno. Un Estado que se dedica a recaudar fondos para la supervivencia, la reproducci¨®n ideol¨®gica y el mantenimiento institucional de una religi¨®n, tiene muy poco de laico y deja mucho que desear como Estado social de derecho. Una religi¨®n que reclama apoyos econ¨®micos del Estado para sobrevivir deja mucho que desear como fuerza espiritual y referente ¨¦tico. Las relaciones del Estado con la Iglesia cat¨®lica se mueven hoy en Espa?a en el terreno puramente mercantil. Eso constituye una peligrosa desviaci¨®n de los fines y de las funciones de cada una de las instituciones", a?ade Tamayo.

Para este te¨®logo cat¨®lico, la financiaci¨®n del Estado genera dependencia y proteccionismo, y es signo de minor¨ªa de edad. Concluye: "El Gobierno socialista vive instalado, no s¨¦ si muy c¨®modamente, en una flagrante contradicci¨®n o, si se prefiere, tiene dos almas. Por una parte van las declaraciones, en perfecta sinton¨ªa con la tradici¨®n no confesional, con el alma laica del PSOE. Por otra, va la pol¨ªtica del d¨ªa a d¨ªa", se?ala en referencia al manifiesto Constituci¨®n, laicidad y educaci¨®n para la ciudadan¨ªa, recientemente firmado por el PSOE con la aprobaci¨®n expl¨ªcita de su secretario de Organizaci¨®n, Jos¨¦ Blanco.

Alejandro Torres, profesor titular del Departamento de Derecho P¨²blico en la Universidad civil de Navarra, pone un ejemplo para ilustrar la vulneraci¨®n del "principio de laicidad del Estado" que consagra la Constituci¨®n. Dice: "Imaginemos que los poderes p¨²blicos quieren construir una nueva autopista, un colegio o un hospital. Para ello contar¨¢n con el 100% de la cuota tributaria de los ciudadanos que no pongan la cruz a favor de la Iglesia cat¨®lica en su declaraci¨®n del IRPF, pero s¨®lo con el 99,3% de esos impuestos de los ciudadanos que opten por la Asignaci¨®n Tributaria a la Iglesia cat¨®lica, pues el 0,7% restante habr¨¢ ido directamente a financiar a una entidad que desde una parad¨®jica perspectiva constitucional no tiene car¨¢cter estatal. Y es que esa cara amable del Estado no tiene desgraciadamente un coste cero. Es como si se tratara de una hipot¨¦tica corporaci¨®n de derecho p¨²blico eternamente deficitaria".

Alejandro Torres a?ade que la soluci¨®n pactada entre el Gobierno socialista y los obispos es, adem¨¢s, "contraria al esp¨ªritu del Acuerdo de Asuntos Econ¨®micos de 1979, en cuyo art¨ªculo 2.5 se conten¨ªa, hace ya un cuarto de siglo, un compromiso expreso de autofinanciaci¨®n por la Iglesia cat¨®lica, es decir, que esta iglesia lograr¨ªa por s¨ª misma los recursos suficientes para la atenci¨®n de sus necesidades. "N¨®tese que el Acuerdo dec¨ªa por s¨ª misma, y no minorando directamente los ingresos del Estado en concepto de IRPF".

"Es un pacto de caballeros que parece querer olvidar la ra¨ªz verdadera del asunto, y es que la financiaci¨®n de las confesiones religiosas es algo que debe canalizarse mediante la mentalizaci¨®n de los fieles para que ¨¦stos realicen sus propias aportaciones a las confesiones religiosas (que por cierto, ya cuentan con un generoso sistema de desgravaciones fiscales para favorecer tales donaciones), y no cargando al Estado con el coste de esa factura", afirma Torres.

"M¨¢s dif¨ªcil de entender" le resulta a este experto en Derecho Eclesi¨¢stico la justificaci¨®n dada al incremento de la asignaci¨®n tributaria hasta el 0,7%, y a la compensaci¨®n a la Iglesia cat¨®lica por la renuncia a la no sujeci¨®n al IVA de los objetos destinados al culto. Dice: "La no sujeci¨®n al IVA era manifiestamente incompatible con la normativa comunitaria de armonizaci¨®n fiscal de la tributaci¨®n indirecta y constitu¨ªa una inexplicable fractura a la supremac¨ªa del derecho de la UE, a su efecto directo, y al deber de los Estados miembros de trasponer las directivas europeas al Derecho interno, que en Espa?a ha dormido el sue?o de los justos m¨¢s de dos d¨¦cadas".