Bruselas lleva el decreto de la CNE al Tribunal de Luxemburgo

La Comisi¨®n Europea ha decidido llevar a Espa?a ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber corregido las nuevas competencias de la Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa (CNE), incluidas en un decreto de febrero de 2006, tras haberlas considerado ilegales. ?ste es el tercer paso del procedimiento de infracci¨®n abierto por Bruselas contra el Gobierno por "haber modificado las funciones de la CNE, el regulador espa?ol en el campo del gas y la electricidad".

Para la Comisi¨®n, estas modificaciones de las atribuciones de la CNE constituyen "restricciones injustificadas de la libre circulaci¨®n de capitales y del derecho de establecimiento, violando las reglas del Tratado". Competencia recalc¨® que el decreto espa?ol contiene unas disposiciones que "subordinan a un procedimiento de autorizaci¨®n" por la CNE, "las tomas de participaci¨®n superiores a un 10% (o suficientes para conferir una influencia notable) en el capital de las empresas, que realicen directamente o indirectamente actividades reguladas o actividades sujetas a una intervenci¨®n administrativa" en los sectores de gas y electricidad.

Argumentos rechazados

Las nuevas competencias permitieron a la CNE fijar 19 condiciones a E.ON en su OPA sobre Endesa, la primera el¨¦ctrica espa?ola. La Comisi¨®n consider¨® tambi¨¦n ilegales 18 de esas condiciones, por lo que abri¨® otro expediente de infracci¨®n independiente, que tambi¨¦n acabar¨¢ ante el mismo Tribunal con sede en Luxemburgo, seg¨²n manifestaron recientemente las autoridades comunitarias.

El procedimiento de infracci¨®n por el decreto de la CNE empez¨® el pasado 3 de mayo con una "carta de emplazamiento" y sigui¨® con "un dictamen motivado" en septiembre. Seg¨²n Bruselas, los argumentos invocados por Espa?a para defender el decreto son "insatisfactorios a la vista de la jurisprudencia del Tribunal".

La Comisi¨®n considera que el procedimiento de autorizaci¨®n previo para las operaciones de adquisici¨®n mencionadas va m¨¢s all¨¢ de la necesidad de garantizarse un aprovisionamiento m¨ªnimo de productos y servicios energ¨¦ticos, como defiende Espa?a, y "puede tener un efecto disuasorio sobre inversiones provenientes de otros Estados Miembros". En definitiva, se trata de una normativa que viola la libre circulaci¨®n de capitales y la libertad de establecimiento. Para Bruselas "el cuidado del inter¨¦s p¨²blico podr¨ªa haber sido establecido por otras disposiciones menos restrictivas".

El Ministerio de Industria consider¨® ayer normal que sea el Tribunal de Justicia de la UE el que resuelva finalmente el tema. En su opini¨®n el decreto se "ajusta plenamente al derecho comunitario".