La guerra y los periodistas

Santiago Pedraz es un nombre que, desde ahora, los periodistas de todo el mundo deber¨¢n recordar. Es el de un juez espa?ol que ha tenido el coraje de lanzar, el pasado 16 de enero, una orden de detenci¨®n internacional contra tres militares estadounidenses -Thomas Gibson, Philip Wolford y Philip De Camp- que el 8 de abril de 2003 mataron en Bagdad de un disparo de tanque al camar¨®grafo gallego Jos¨¦ Couso que se encontraba, junto con decenas de corresponsales extranjeros, en el hotel Palestina cubriendo la ocupaci¨®n de la capital iraqu¨ª por las fuerzas norteamericanas.

La admirable familia de Couso no ha cesado de reclamar justicia. Despu¨¦s de constatar que los hechos no eran perseguidos ni en Irak ni en Estados Unidos, y que hasta organizaciones como Reporteros sin Fronteras aceptaban la muerte de Jos¨¦ Couso como "consecuencia normal de una guerra", los familiares del c¨¢mara muerto presentaron una querella ante la Audiencia Nacional, que decidi¨® archivar el caso. Sin descorazonarse, la familia acudi¨® entonces al Tribunal Supremo. ?ste le acaba de dar la raz¨®n, y ha resuelto que la Audiencia Nacional es competente para investigar los hechos.

El Supremo fundament¨® su decisi¨®n en una sentencia dictada en octubre de 2005 por el Tribunal Constitucional, que declar¨® que la Justicia espa?ola tiene competencia para investigar cr¨ªmenes de lesa humanidad, y que el principio de jurisdicci¨®n universal prima sobre la existencia o no de intereses nacionales.

En ese marco, el juez instructor Santiago Pedraz ha lanzado una orden internacional de detenci¨®n y ha solicitado la colaboraci¨®n de las autoridades estadounidenses para tomar declaraci¨®n a los tres presuntos asesinos. Pero Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha negado a prestar esa colaboraci¨®n bajo el pretexto que el Comando Central del Ej¨¦rcito norteamericano ya investig¨® los hechos y concluy¨® que el comportamiento de los tanquistas hab¨ªa sido una "respuesta justificada y proporcionada" seg¨²n las reglas de la guerra.

Insatisfecho con semejante respuesta, el magistrado Santiago Pedraz reclama la extradici¨®n de los acusados para que puedan ser juzgados en Espa?a.

No es la primera vez que militares norteamericanos matan a un periodista espa?ol. Lo hicieron ya, con mayor alevos¨ªa, si cabe, en diciembre de 1989, en el marco de una intervenci¨®n militar, tambi¨¦n ilegal, no autorizada por la ONU, en Panam¨¢. Con el prop¨®sito de derrocar al presidente Manuel Noriega, quien, como Saddam Hussein, hab¨ªa sido largo tiempo aliado de Washington, abatieron al fot¨®grafo de EL PA?S, Juan Antonio Rodr¨ªguez.

Tambi¨¦n en esa ocasi¨®n arguyeron que se trataba de una "consecuencia normal de la guerra", cuando sabemos que la consigna de los militares estadounidenses era que no hubiese testigos no controlados, para poder as¨ª presentar al mundo una versi¨®n as¨¦ptica y parcial de una intervenci¨®n militar que caus¨® varios miles de muertos civiles paname?os.

Existen pruebas fehacientes de ataques directos contra ¨®rganos de prensa y periodistas por parte de las fuerzas armadas estadounidenses. Por ejemplo, en noviembre de 2001, aviones norteamericanos lanzaron bombas de precisi¨®n contra los estudios de Al Jazira en Kabul, reduci¨¦ndolos a escombros. Y lo volvieron a hacer en abril de 2003 en Bagdad, causando la muerte del periodista Tarik Ayyub.

En Irak, desde el comienzo de la guerra, el 20 de marzo de 2003, han muerto ya 93 periodistas y 37 asistentes (traductores, ch¨®feres, gu¨ªas). Varios profesionales de la informaci¨®n, adem¨¢s de Jos¨¦ Couso, han sido abatidos por militares norteamericanos. La agencia Reuters, por ejemplo, acusa al Pent¨¢gono de ser culpable de la muerte de por lo menos tres de sus periodistas. La guerra no debe ser un pretexto para silenciar la prensa. Por eso la causa de Jos¨¦ Couso es la de todos los periodistas.