Interior retira del servicio a 16 guardias civiles por la manifestaci¨®n de protesta
De la Vega advierte de que "el Gobierno no va a aceptar insubordinaciones ni chantajes"
El Ministerio del Interior expedient¨® ayer a otros 16 guardias civiles por liderar la manifestaci¨®n de agentes uniformados que reclamaron al Gobierno, en la plaza Mayor de Madrid, los derechos que el PSOE prometi¨® reconocerles. Con ¨¦stos son 18 los agentes sancionados por "falta muy grave". La Guardia Civil los ha apartado del servicio tres meses de forma cautelar, y puede despedirlos. Fuentes del instituto armado afirman que habr¨¢ m¨¢s sanciones, y que la treintena de l¨ªderes de la protesta, la c¨²pula de la principal asociaci¨®n, ser¨¢n apartados. La vicepresidenta primera del Gobierno, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, advirti¨®: "El Gobierno no va a aceptar insubordinaci¨®n ni chantajes".
La protesta de 3.000 guardias civiles uniformados en la Plaza Mayor de Madrid para exigir m¨¢s derechos y en la que se oyeron gritos de "?Zapatero, embustero!" depar¨® ayer nuevas sanciones a los organizadores. La Direcci¨®n General de la Guardia Civil expedient¨® el pasado 20 de enero, seis d¨ªas despu¨¦s de la protesta, a dos de los l¨ªderes del acto: el secretario general de la Asociaci¨®n Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Joan Miquel Perpiny¨¤, y su secretario de Comunicaci¨®n, Juan Antonio Delgado. Uno lanz¨® la proclama pidiendo m¨¢s derechos y el otro organiz¨® el acto.
El Gobierno recibi¨® quejas de la c¨²pula militar, que teme la propagaci¨®n de las reivindicaciones al Ej¨¦rcito, y extendi¨® ayer la sanci¨®n a otros 16 guardias. Con ¨¦stos ya est¨¢n sancionados la mayor¨ªa de los aproximadamente 28 miembros de la asociaci¨®n que subieron a la tribuna. All¨ª estaban los ocho miembros de la c¨²pula directiva de la asociaci¨®n y la mayor¨ªa de sus secretarios provinciales. Los expedientes no han sido notificados a los agentes afectados, por lo que a¨²n no saben los nombres de los apartados. Interior tiene seis meses para incoar los expedientes por la protesta.
La direcci¨®n de la Guardia Civil les atribuye una "falta muy grave" de disciplina, tipificada en el art¨ªculo 9.9 del r¨¦gimen disciplinario del instituto. Este art¨ªculo castiga "observar conductas gravemente contrarias a la disciplina, servicio o dignidad de la instituci¨®n que no constituya delito".
El expediente ser¨¢ tramitado por un instructor militar, pero mientras se dirime -la AUGC ha logrado el archivo de muchos expedientes a sus afiliados- la Direcci¨®n General de la Guardia Civil ha impuesto que los agentes sean apartados del servicio durante tres meses. Esto no significa suspensi¨®n de empleo ni de sueldo sino una separaci¨®n "en atenci¨®n a la gravedad" de la protesta.
Permiso sin uniforme
Los agentes ten¨ªan permiso para manifestarse pero no advirtieron de que ir¨ªan de uniforme, lo que la convirti¨® en una protesta in¨¦dita, que irrit¨® a la c¨²pula militar y puso en un grave aprieto al Gobierno.
El r¨¦gimen disciplinario prev¨¦ para estas infracciones p¨¦rdida del escalaf¨®n, suspensi¨®n de empleo de hasta un a?o o separaci¨®n del servicio, medida que s¨®lo puede ser impuesta por el ministro de Defensa.
La AUGC cuenta con 24.700 afiliados de los 70.000 guardias civiles, por lo que representa a m¨¢s de un tercio de los agentes. En la campa?a de las elecciones legislativas de 2004, Jes¨²s Caldera, actual ministro de Trabajo, prometi¨® desmilitarizar el cuerpo y el PSOE se comprometi¨® en su programa a "suprimir la sanci¨®n de arresto para las infracciones de los guardias civiles relacionadas con la seguridad ciudadana". Asimismo, propuso "atribuir en exclusiva al Ministerio del Interior y mandos de la Guardia Civil las competencias sancionadoras y evitar la concurrencia con el C¨®digo Penal Militar" as¨ª como "regular el derecho de asociaci¨®n profesional de los miembros de la Guardia Civil". La asociaci¨®n, que de hecho act¨²a como un sindicato, critica que el anteproyecto de la Ley del R¨¦gimen Disciplinario de la Guardia Civil aprobado el pasado enero por el Gobierno incumple sus compromisos electorales.
El Sindicato Unificado de Polic¨ªa reiter¨® su apoyo incondicional a los agentes expedientados. Por su parte, la AUGC mantuvo su posici¨®n reivindicativa y anunci¨® que las consecuencias de los expedientes son "imprevisibles".
Cumplir la ley
La vicepresidenta primera del Gobierno, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, no confirm¨®, tras el Consejo de Ministros de ayer, la apertura de los expedientes a los guardias civiles. No obstante, resalt¨® que "el Gobierno no va a aceptar ni insubordinaciones ni chantajes", en alusi¨®n a la manifestaci¨®n de uniforme, que el Ejecutivo considera una "infracci¨®n". La vicepresidenta primera se remiti¨® al director general de la Polic¨ªa y la Guardia Civil, Joan Mesquida, que tiene que hacer "cumplir el r¨¦gimen disciplinario de la Guardia Civil".
Fern¨¢ndez de la Vega asegur¨®, tambi¨¦n, que el Gobierno "est¨¢ realizando avances que nunca se hab¨ªan producido en el instituto armado, tanto en las condiciones laborales y retributivas de los agentes como en la coordinaci¨®n de la actuaci¨®n de la benem¨¦rita con otros cuerpos policiales".
El Ejecutivo mantiene su compromiso electoral de "regular el derecho de asociaci¨®n de los guardias civiles y de suprimir las sanciones para infracciones relacionadas con la seguridad ciudadana", manifestaron ayer fuentes gubernamentales.
Asimismo, la vicepresidenta present¨®, tras la reuni¨®n del Consejo de Ministros, la Oferta de Empleo P¨²blico para 2007, una de cuyas prioridades es la seguridad ciudadana, con la creaci¨®n de 5.580 plazas de guardias civiles, la cifra m¨¢s alta desde 1991 y que supone un aumento del 37% respecto a 2006. A estas plazas se unen las 45 de la Escala Superior de Oficiales.
Fern¨¢ndez de la Vega insisti¨® en que el aumento de plazas es "consecuencia de la disminuci¨®n de efectivos entre 1999 y 2003 y de la necesidad de que la Guardia Civil contribuya a mejorar la seguridad ciudadana y la colaboraci¨®n en operaciones internacionales". La Oferta de Empleo se complementa con un aumento de 5.575 plazas de polic¨ªas nacionales, para mantener la recuperaci¨®n de efectivos desde 2005.
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