Una sentencia cuestiona que se expropien montes vecinales para parques e¨®licos

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha anulado la declaraci¨®n de utilidad p¨²blica que aprob¨® el Gobierno de Manuel Fraga para expropiar el monte Argoz¨®n, en Chantada, y permitir la construcci¨®n de un parque e¨®lico. El fallo, recurrible ante el Supremo, ordena que se retiren los 23 aerogeneradores que se instalaron en la zona. Los magistrados cuestionan que la explotaci¨®n el¨¦ctrica por parte de la empresa Enerf¨ªn tenga m¨¢s inter¨¦s social que el aprovechamiento "secular" que le dan los vecinos al monte a trav¨¦s del pastoreo y del negocio de la madera.

"A veces los d¨¦biles se imponen a los poderosos en los tribunales", proclama Jos¨¦ L¨®pez, el abogado que defiende los intereses de los comuneros del monte Argoz¨®n, en el municipio lucense de Chantada. El letrado pide al actual conselleiro de Industria, el nacionalista Fernando Blanco, que no recurra el fallo del Tribunal Superior para no amparar la expropiaci¨®n "chapucera" que sufrieron los vecinos en 2003. "Ser¨ªa darle la raz¨®n a empresas como Enerf¨ªn, que campan a sus anchas y pretenden hacer dinero a costa de los dem¨¢s", manifiesta el sindicato Uni¨®ns Agrarias.

En julio de 2003, la Xunta, entonces gobernada por el PP, aprob¨® la declaraci¨®n de utilidad p¨²blica para permitir la construcci¨®n en el monte vecinal Argoz¨®n de 23 aerogeneradores. El proyecto estaba promovido por la empresa Enerf¨ªn, filial de la multinacional Elecnor, que no lleg¨® a un acuerdo con los propietarios de los terrenos para alquilarles las parcelas. Ante la falta de un pacto, la Conseller¨ªa de Industria expropi¨® el monte, ubicado dentro de la Red Natura, es decir, dentro de una zona protegida por su valor ecol¨®gico.

La comunidad de montes de Argoz¨®n, integrada por un centenar de propietarios, present¨® un contencioso en el Tribunal Superior contra la declaraci¨®n de utilidad p¨²blica aprobada por Industria para amparar la expropiaci¨®n de los terrenos. El martes, la m¨¢s alta instancia de la justicia en Galicia emiti¨® una sentencia en la que anula la resoluci¨®n porque "no se motiva suficientemente la prevalencia de la explotaci¨®n energ¨¦tica de la instalaci¨®n sobre la utilidad p¨²blica e inter¨¦s social".

El fallo cuestiona que la explotaci¨®n el¨¦ctrica que la empresa saca de la instalaci¨®n e¨®lica tenga m¨¢s inter¨¦s social que la "riquez paisaj¨ªstica" y la "productividad del monte" a trav¨¦s de las actividades de pastoreo y del "aprovechamiento de las maderas". La instalaci¨®n de dicha energ¨ªa renovable, se?alan los magistrados, "no beneficiar¨ªa al sector local, sino que se explotar¨ªa en perjuicio de la riqueza de territorio de la comunidad aut¨®noma, remitiendo su beneficio a otras partes del territorio nacional". La sentencia argumenta adem¨¢s que existen "otras fuentes similares [de energ¨ªa] que no perjudican los valores paisaj¨ªsticos y cineg¨¦ticos del monte".

El Tribunal Superior anula la resoluci¨®n de la Conseller¨ªa de Industria que permiti¨® la expropiaci¨®n de los terrenos y acuerda "reponer el monte al estado anterior a la ejecuci¨®n del parque". Esta decisi¨®n judicial supone no s¨®lo la retirada de los 23 aerogeneradores instalados en Argaz¨®n sino tambi¨¦n el desmontaje de las l¨ªneas de intercomunicaci¨®n y transporte de energ¨ªa de los cuatro parques e¨®licos instalados en la sierra de Faro-Farelo, ya que todo este cableado atraviesa el monte afectado por la sentencia.

La comunidad de montes de Argoz¨®n no descarta renunciar a la retirada del parque e¨®lico si se les otorga una compensaci¨®n acorde con los beneficios que generan las instalaciones que construy¨® Enerf¨ªn. Jos¨¦ Antonio Di¨¦guez, presidente de Ventonoso -asociaci¨®n creada por Uni¨®ns Agrarias para agrupar a afectados por parques e¨®licos-, reclama a la empresa un mill¨®n de euros anuales, es decir, un 1% de su facturaci¨®n. "El monte lleva ocupado cuatro a?os y dos a?os produciendo de manera irregular", se?ala Di¨¦guez, "esa producci¨®n irregular de 10 millones de euros anuales debe ser resarcida a nuestra comunidad".

Uni¨®ns Agrarias cree que el fallo tendr¨¢ consecuencias en otros casos similares y reclama que los jurados de expropiaci¨®n incrementen la valoraci¨®n de los terrenos: "Esta sentencia debe servir para que las comunidades de montes y los particulares afectados por instalaciones que a¨²n no se pusieron en marcha sepan que hay defensa posible delante de las empresas concesionarias y la administraci¨®n y que pueden exigir una compensaci¨®n justa".