Interrogatorios
Los interrogatorios a presos en Guant¨¢namo por miembros de la polic¨ªa, del cuerpo diplom¨¢tico y de los servicios de inteligencia espa?oles plantean, para empezar, una doble cuesti¨®n moral y pol¨ªtica. Al aceptar la condici¨®n impuesta por Estados Unidos de que se trataba de misiones de informaci¨®n, y no de protecci¨®n consular, el entonces Gobierno de Aznar se convirti¨® en c¨®mplice de una de las mayores desverg¨¹enzas de la pol¨ªtica antiterrorista de Bush, aunque Washington a¨²n la considere legal y un tribunal de apelaci¨®n haya avalado ayer esta tesis, no seg¨²n el derecho internacional, sino de acuerdo con los poderes especiales otorgados al presidente y comandante en jefe.
Al rebatir en 2005 la sentencia de la Audiencia Nacional contra el ceut¨ª Abderrahman Hamed, el Tribunal Supremo consider¨®, en un perfecto resumen de la situaci¨®n, que cuando ¨¦ste fue "entrevistado" en Guant¨¢namo "estaba privado de libertad, sin previa informaci¨®n de derechos, sin asistencia letrada y sin autorizaci¨®n ni mandato de la autoridad judicial espa?ola competente".
Hay a¨²n demasiados puntos oscuros. D¨ªa a d¨ªa van surgiendo nuevos detalles: el n¨²mero de visitas, sus modalidades, la presencia del CNI. Es necesario aclararlo. Por ello es una necesidad urgente la puesta en pie de una comisi¨®n de investigaci¨®n, que ayer pidieron en el Congreso Izquierda Unida y Esquerra Republicana, y por la que este peri¨®dico ya abog¨® d¨ªas atr¨¢s. Sorprende que nadie haya asumido responsabilidades pol¨ªticas por lo ocurrido, y que el jefe de la polic¨ªa de entonces disfrute sin m¨¢s de su condici¨®n de eurodiputado.
Junto a la dimensi¨®n moral y pol¨ªtica, hay otra jur¨ªdica y penal. Bien es verdad que si el Supremo hubiera visto indicios de delito, tendr¨ªa que haberlos denunciado. Pero debe investigarse a fondo si el Estado ejerci¨® o no -aunque consiguiera repatriarlo- su deber nacional de protecci¨®n consular al menos al espa?ol detenido en Guant¨¢namo, y si el equipo que llev¨® a cabo los interrogatorios y sus superiores que los ordenaron no incurrieron en violaciones de las Convenciones de Ginebra sobre derechos de prisioneros de guerra. Que EE UU no los considere como tales no exime a Espa?a de hacerlo.
Esos interrogatorios empezaron en fechas dif¨ªciles, en marzo de 2002, cuando EE UU, y buena parte del mundo, hab¨ªa perdido la cabeza tras los atentados del 11-S, estaba en sus inicios la guerra de Afganist¨¢n y primaban la b¨²squeda de informaci¨®n y la cooperaci¨®n en este campo para evitar otros ataques de terroristas radicales isl¨¢micos. Pero la raz¨®n de Estado no puede quebrar la raz¨®n democr¨¢tica. Lo sabemos muy bien en Espa?a por lo ocurrido con los GAL. Adem¨¢s, desde el punto de vista de los resultados, Guant¨¢namo, Abu Ghraib y otros horrores y humillaciones han hecho engrosar este terrorismo.
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