El Consejo Fiscal propone que las sanciones a guardias civiles salgan de la jurisdicci¨®n militar

El Consejo Fiscal, presidido por el fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, inform¨® ayer a favor del proyecto de desmilitarizaci¨®n del r¨¦gimen disciplinario de la Guardia Civil y propuso adem¨¢s que las sanciones a los miembros del instituto armado sean revisadas por la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa en vez de por la militar. Con la reforma saldr¨¢n del C¨®digo Penal Militar la insubordinaci¨®n y los ataques contra la disciplina, por lo que seria "incoherente" que sean sometidas a la jurisdicci¨®n militar las infracciones de menor gravedad.

El informe del Consejo Fiscal asegura que el anteproyecto de reforma del r¨¦gimen disciplinario de la Guardia Civil es "el punto de partida para una importante modificaci¨®n en el ¨¢mbito de aplicaci¨®n de las leyes penales militares" y tiene tal trascendencia que hace imprescindible considerar si tal reforma obliga a reinterpretar el "¨¢mbito estrictamente castrense" establecido en la Constituci¨®n.

El texto aprobado recuerda que la reforma del art¨ªculo 8 del C¨®digo Penal Militar prev¨¦ que los guardias civiles, a los efectos del C¨®digo Penal Militar, tendr¨¢n la consideraci¨®n de militares, "en tiempo de guerra, durante la vigencia del estado de sitio, durante el cumplimiento de misiones de car¨¢cter militar o cuando se integren en unidades militares".

Si el texto de esa reforma del art¨ªculo 8 del C¨®digo Penal Militar llega a convertirse en ley, saldr¨¢n del C¨®digo Penal Militar los comportamientos realizados por guardias civiles contra la disciplina y la subordinaci¨®n jer¨¢rquica, "con lo que excluir¨¢ de la competencia de la jurisdicci¨®n militar la tutela de dichos valores".

Es decir, los miembros de la Guardia Civil dejar¨¢n de tener la consideraci¨®n de militares incluso cuando incurran en un delito contra la disciplina militar previsto en el C¨®digo Penal Militar. Por eso, para el Consejo Fiscal resulta "incoherente" que los agentes se encuentren sometidos a la jurisdicci¨®n militar cuando cometen infracciones de menor gravedad y recurren en v¨ªa jurisdiccional las sanciones que se les imponen.

El anteproyecto prev¨¦ tambi¨¦n una modificaci¨®n de la ley org¨¢nica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, de modo que cuando la Guardia Civil act¨²e en el cumplimiento de misiones de car¨¢cter militar o cuando se integre en unidades militares, le resultar¨¢ de aplicaci¨®n el r¨¦gimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, el art¨ªculo 79 del anteproyecto determina que la revisi¨®n judicial de las resoluciones que pongan fin a la v¨ªa disciplinaria sea realizada por la jurisdicci¨®n militar.

Cambios legislativos

Pero el Consejo Fiscal va m¨¢s all¨¢ del anteproyecto. As¨ª, opina que la desmilitarizaci¨®n del r¨¦gimen disciplinario de la Guardia Civil "obliga a implementar los cambios legislativos necesarios" para que en los supuestos en los que resulte de aplicaci¨®n el C¨®digo Penal Militar o la ley org¨¢nica de r¨¦gimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, quede atribuida dicha competencia a los ¨®rganos de la jurisdicci¨®n militar.

En cambio, "en el resto de los supuestos", para infracciones de menor gravedad, "tal potestad debe ser ejercida por los ¨®rganos de la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa, mediante el recurso de esta naturaleza". Esta propuesta del Consejo Fiscal coincide con una de las reivindicaciones hist¨®ricas de las agrupaciones de guardias civiles.

En cuanto a los delitos y faltas cometidos por guardias civiles en su condici¨®n de militares antes de la entrada en vigor de la reforma, ser¨¢n castigados conforme al C¨®digo Penal Militar, excepto cuando la aplicaci¨®n de las disposiciones del C¨®digo Penal resultasen m¨¢s favorables para el reo.

Por otra parte, el Consejo Fiscal emiti¨® ayer un informe favorable sobre la reforma que permitir¨¢ el acceso de las nuevas unidades de protecci¨®n de las v¨ªctimas de violencia dom¨¦stica a los datos del Registro Central, en relaci¨®n con los casos de malos tratos. No obstante, el Consejo echa en falta una mayor informaci¨®n sobre cu¨¢l ser¨¢ "el instrumento normativo regulador" de las nuevas entidades.