Pol¨ªtica antic¨ªclica

La crisis de los ¨®rganos constitucionales

El Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional pasan por una mala etapa a causa de su empleo por la direcci¨®n del PP como plataformas para el combate partidista

LA CONSTITUCI?N DE 1978 cre¨® algunas instituciones designadas -total o parcialmente- por una mayor¨ªa cualificada de las Cortes y con una duraci¨®n superior al mandato cuatrienal parlamentario con el prop¨®sito de que actuaran como elemento de equilibrio y de control del Gobierno y de las C¨¢maras. En el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el sistema de elecci¨®n de sus miembros fue modificado hasta en dos ocasiones, aprovechando las ambig¨¹edades del art¨ªculo 122.3 de la norma fundamental: en la actualidad, los 20 vocales del ¨®rgano de gobierno de la magistratura son nombrados por los tres quintos de las C¨¢maras sobre la base de ternas previamente propuestas para cada puesto por la carrera judicial. Por su parte, la designaci¨®n de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional (TC) se hace cada tres a?os: cuatro por los tres quintos del Congreso, cuatro por los tres quintos del Senado y cuatro por el Gobierno y por el CGPJ conjuntamente. La duraci¨®n de los mandatos es distinta: cinco a?os para el CGPJ en su conjunto y nueve a?os para cada magistrado del TC. (El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas son elegidos tambi¨¦n por mayor¨ªa cualificada de los tres quintos y disponen de un mandato temporal m¨¢s amplio que el parlamentario; sin embargo, la Constituci¨®n no les garantiza esa privilegiada condici¨®n, que pueden perder en el futuro por una simple decisi¨®n legal de las Cortes).

Aunque la contribuci¨®n al mejor funcionamiento del sistema democr¨¢tico de esos ¨®rganos constitucionales elegidos por mayor¨ªas cualificadas de parlamentos anteriores nunca haya sido enteramente satisfactoria, la situaci¨®n de crisis por la que atraviesan hoy el CGPJ y el TC carece de precedente. Esas dos instituciones en teor¨ªa suprapartidistas est¨¢n siendo utilizadas por el PP como plataformas de lanzamiento de una pol¨ªtica antic¨ªclica -para emplear metaf¨®ricamente el concepto de J. M. Keynes- capaz de contrarrestar la legislaci¨®n de la mayor¨ªa parlamentaria (desde el Estatuto de Catalu?a hasta la ley de matrimonio homosexual) y la estrategia general del Gobierno.

El cambio de legislatura sorprendi¨® en 2004 al ¨®rgano de gobierno de la magistratura con el paso cambiado. Elegido en noviembre de 2001 tras una negociaci¨®n en la que los delegados del PSOE mostraron una candorosa inocencia (los socialistas hasta dieron su voto al presidente Hernando), el CGPJ se convirti¨® en una finca de pastoreo del PP y de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura. De otro lado, el tercio m¨¢s antiguo del actual TC hab¨ªa sido designado por el Senado en noviembre de 1998; s¨®lo por escasas semanas no llegar¨ªan los populares a tiempo de cubrir el a?o 2004 el cupo de dos magistrados correspondiente al Gobierno, que les hubiera permitido afirmar una rotunda mayor¨ªa por ocho a cuatro en el alto tribunal. Aunque las rencillas de los magistrados afines al PP hicieron posible el nombramiento de Mar¨ªa Emilia Casas como presidenta, la emboscada tendida a P¨¦rez Tremps -?c¨®mo los interesados no se hallaban al tanto de un secreto a voces?- a prop¨®sito del Estatuto de Catalu?a y el galopante deterioro de la convivencia dentro del tribunal hacen suponer que las espadas ya no ser¨¢n envainadas.

El mandato de todo el CGPJ venci¨® el 7 de noviembre de 2006; el tercio del TC correspondiente al Senado lo har¨¢ en noviembre de 2007. Cuando falta menos de un a?o para que las legislativas sean convocadas en su fecha l¨ªmite, el PP no abandonar¨¢ probablemente la tentaci¨®n de seguir disponiendo del juguete de un ¨®rgano de gobierno de la magistratura d¨®cil a sus instrucciones. Los populares quiz¨¢ tampoco renuncien a saltar por encima de la actual legislatura con la esperanza de que las nuevas elecciones les permitan volver a controlar el CGPJ (y el TC). No ser¨ªan necesarios demasiados esfuerzos para desarrollar esa estrategia: bastar¨ªa con la hipocres¨ªa profesional de su portavoz Zaplana y con seguir arrastrando los pies mientras culpan a los socialistas de boicotear la renovaci¨®n de los ¨®rganos constitucionales: la mayor¨ªa de los tres quintos exigidos a las C¨¢maras impide imaginar siquiera la renovaci¨®n del CGPJ y del TC sin el visto bueno del PP.