El 'impuesto a las bibliotecas' desata la protesta

Jos¨¦ Luis Sampedro, Andreu Buenafuente, Luis Eduardo Aute y otros rostros conocidos del mundo de la cultura han decidido batallar contra la imposici¨®n del canon por pr¨¦stamo bibliotecario, aunque ¨¦ste no beneficie precisamente su cuenta corriente. No entienden que Europa obligue a gravar la lectura de libros, la escucha de discos o el visionado de pel¨ªculas en estos centros por mucho que sea en concepto de derechos de autor.

"Es una nueva maniobra de mercantilizaci¨®n de la cultura", se quejan los autores

Blanca Calvo: "Se parte de que prestar libros reduce las compras. Y eso es mentira"

"Nos negamos a servir de coartada a esta nueva maniobra de mercantilizaci¨®n de la cultura", argumentan. Por eso han dado su apoyo a la plataforma contra el pr¨¦stamo de pago que se moviliza contra una medida inevitable. Espa?a est¨¢ obligada a imponer un canon estimado en 1.600.000 euros anuales, y cuanto antes. Si no, el Tribunal Europeo -que le conden¨® en octubre de 2006 a 300.000 euros diarios de multa por incumplimiento de directiva- podr¨ªa ejecutar su sentencia. As¨ª las cosas, los partidos negocian in extremis la forma de incluirlo en la futura Ley del Libro, que se debatir¨¢ el pr¨®ximo mi¨¦rcoles en la comisi¨®n de Cultura del Congreso y que podr¨ªa estar aprobada en junio.

Las bibliotecas (el 96% son municipales) y mediatecas espa?olas prestaron el a?o pasado 44 millones de obras, en su mayor¨ªa (30 millones), libros. Y los autores nacionales, a diferencia de lo que ocurre en otros pa¨ªses de la UE (como Francia, Reino Unido, Dinamarca y Letonia) no vieron un euro por el derecho derivado de lectura. "Espa?a transpuso en 1994 la directiva [de 1992]", explica Concepci¨®n Becerra, secretaria t¨¦cnica del Ministerio de Cultura. "Pero excluy¨® a tantas bibliotecas que Europa la declar¨® mal aplicada e inici¨® un procedimiento sancionador", que ha acabado en condena.

Todav¨ªa no se ha resuelto su aplicaci¨®n. Pero si quedara plasmada la enmienda del grupo socialista, cada creador o editor (en el caso de creaciones colectivas, como enciclopedias) recibir¨ªa 20 c¨¦ntimos a trav¨¦s de su entidad de gesti¨®n por cada ejemplar comprado con destino a una biblioteca. Quedar¨ªan exentas las salas de municipios de menos de 5.000 habitantes y las del ¨¢mbito educativo. Todo esto, hasta que se apruebe el decreto que debe fijar la cuant¨ªa de la remuneraci¨®n y los mecanismos para hacerla efectiva. El PP exige que se le ponga fecha a ese desarrollo normativo.

En cualquier caso, es un dinero que no saldr¨¢ ni del bolsillo de los usuarios ni de los presupuestos de las bibliotecas. La ministra de Cultura, Carmen Calvo, no se ha cansado de repetirlo y Becerra lo hace de nuevo. "Los que van a estar obligados al pago van a ser los titulares de esos establecimientos", explica, en la l¨ªnea de lo estipulado en la enmienda socialista: "El Estado, las Comunidades Aut¨®nomas y las corporaciones locales podr¨¢n acordar los mecanismos de colaboraci¨®n necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de remuneraci¨®n".

Este modelo de aplicaci¨®n del canon por obra comprada es el que practica Francia. No as¨ª otros pa¨ªses europeos, que gravan los pr¨¦stamos. "En CEDRO [Centro Espa?ol de Derechos Reprogr¨¢ficos] pensamos que este ¨²ltimo sistema ser¨ªa el m¨¢s l¨®gico", afirma su vicepresidente primero, Juan Moll¨¢. Para los autores y editores, resultar¨ªa, adem¨¢s, m¨¢s rentable: cinco millones de euros frente a los 1,6 manejados por Cultura. "No es una cuesti¨®n de dinero", dice Moll¨¢. En esto coincide con el secretario general de la Asociaci¨®n Colegial de Escritores de Catalunya, Jos¨¦ Luis Gim¨¦nez Front¨ªn: "Es calderilla. Se trata de una cuesti¨®n de principios, de respeto al derecho de propiedad intelectual".

La plataforma contra el canon, promovida por un grupo de bibliotecarios, profesores y creadores, cree que ya se les reconocen suficientemente sus derechos de autor. Y que se los pagan cada vez que se compra un libro. Se oponen porque supone un doble obst¨¢culo: para las bibliotecas, a las que "les est¨¢ costando mucho trabajo remontar un retraso de 40 a?os de dictadura"; y, tambi¨¦n, para el fomento de la lectura en un pa¨ªs en el que los ¨ªndices son bajos y en el que adem¨¢s no se llega a la ratio deseable de tres libros por habitante en los centros de pr¨¦stamos (se queda en uno).

Blanca Calvo, consejera de Cultura de Castilla-La Mancha e impulsora de este movimiento contestatario cuando era directora de la Biblioteca de Guadalajara, cree que existen muchos intereses de por medio. "La directiva es de la Direcci¨®n General del Comercio Interior, que piensa que prestar libros reduce las compras. Y eso es mentira". Desde CEDRO, la responden: "El pago por pr¨¦stamo no tiene como finalidad resarcir a los autores por posibles ventas de sus obras que se dejen de realizar, sino remunerarles por un determinado uso de ellas". Adem¨¢s, a?aden: "Es indudable el papel cultural que desempe?an las bibliotecas y los beneficios que su trabajo reportan a los autores (...) Pero eso no debe eximirlas de cumplir otras obligaciones derivadas de la propiedad intelectual".

Calvo es consciente de que las autoridades espa?olas est¨¢n atadas de pies y manos. Por eso propugna desde su consejer¨ªa que si no queda otro remedio se pague el canon, pero a trav¨¦s de una oficina p¨²blica, no de las entidades de gesti¨®n. Su objetivo sigue siendo, en todo caso, que se pida una moratoria y que se renegocie la directiva apelando a la excepcionalidad cultural de un pa¨ªs muy alejado todav¨ªa de los par¨¢metros saludables de lectura.

Es lo que trata de hacer tambi¨¦n la Federaci¨®n Espa?ola de Sociedades de Archiv¨ªstica, Biblioteconom¨ªa, Documentaci¨®n y Muse¨ªstica (FESABID) a trav¨¦s de su cabecera europea EBLIDA. "La realidad es que no todos los pa¨ªses de la UE han tenido la misma evoluci¨®n. Y al final el canon se plante¨® en su momento para proteger la cultura, para que el autor recibiera una ayuda", afirma Miguel ?ngel Esteban, su presidente. "Y en Espa?a no hay canon, pero s¨ª ayudas muy elevadas a la edici¨®n que no existen en otros pa¨ªses".

La oposici¨®n al canon que ejercen FESABID y la plataforma No al pr¨¦stamo de pago ha tomado dos caminos distintos. Ante la sentencia condenatoria, el primero ha optado por colaborar con el ministerio sin renunciar a su objetivo de lograr la exenci¨®n de pago por pr¨¦stamo p¨²blico. La plataforma ha decidido intensificar sus movilizaciones: manifiestos, recogidas de firmas y reparto de postales para que los usuarios de bibliotecas env¨ªen a los grupos parlamentarios.

El canon es inevitable (adem¨¢s de en Espa?a) en B¨¦lgica, Italia, Portugal, Luxemburgo e Irlanda, pa¨ªses tambi¨¦n condenados por obstaculizar la armonizaci¨®n europea. El debate sigue en la calle.