PP y PSdeG defienden el derecho de los alcaldes a tener intereses inmobiliarios

La actitud de los partidos pol¨ªticos ante los alcaldes y concejales que simultanean sus cargos con el desempe?o de actividades privadas en el ¨¢mbito de la construcci¨®n o la promoci¨®n inmobiliaria est¨¢ muy lejos de ser homog¨¦nea. Partido Popular y PSdeG no ven inconveniente, aunque con diferentes matices, y s¨®lo el BNG cree que se trata de una pr¨¢ctica incompatible con el servicio p¨²blico.

Los socios en la Xunta coinciden en que los regidores "no pueden ser juez y parte"

"Ning¨²n partido puede dar lecciones" en esta materia, asegura la popular Pilar Rojo

El PP considera que, en principio, ninguna actividad tiene que estar vetada a la hora de ejercer la pol¨ªtica, tanto si tiene que ver con la construcci¨®n como con la medicina o la arquitectura. Pilar Rojo, ex conselleira y responsable popular en materia de urbanismo en el Parlamento de Galicia, sostiene que, "de entrada", que alcaldes y concejales se dediquen a la construcci¨®n "no tiene por qu¨¦ ser sospechoso" porque "hay que creer en la honestidad" de los que accden a cargos p¨²blicos.

Rojo distingue, sin embargo, entre las personas que se dedicaban a actividades inmobiliarias antes de ser elegidos, que en su opini¨®n tienen todo derecho a mantener sus empresas, y aquellas que comenzaron despu¨¦s de acceder a los gobiernos municipales. "No es lo mismo antes que despu¨¦s", subraya la representante del PP. Aunque no quiere pronunciarse sobre el caso del alcalde de Ourense, Enrique N¨®voa, que inici¨® sus actividades en el ¨¢mbito inmobiliario cuando ya estaba en el Ayuntamiento.

Seg¨²n Rojo lo que hay que hacer es cumplir la legislaci¨®n en materia de incompatibilidades, en la que observa "poco rigor". Y cita la supuesta contrataci¨®n irregular de un hermano del conselleiro de Industria, del BNG, por parte de la titular de Cultura, del mismo color pol¨ªtico. Su partido, a?ade, tiene las "manos limpias" en comparaci¨®n con el PSOE. Y cita los casos de Cambre y de Porto do Son. La ¨²nica sentencia firme en esta materia afecta a la ex alcaldesa socialista de Cabanas, recuerda Rojo. "Ning¨²n partido puede dar lecciones" en esta materia, asegura. El PP no ha previsto proponer iniciativa alguna en las pr¨®ximas elecciones para evitar pr¨¢cticas ilegales, m¨¢s all¨¢ de la decisi¨®n de apartar a quienes se vean envueltos en casos de corrupci¨®n, como sus dos concejales en Gondomar, o de pedir a sus representantes que den explicaciones p¨²blicas, como ha ocurrido en el caso del alcalde de Arteixo.

El PSdeG apuesta tambi¨¦n por aplicar "a pol¨ªticos y t¨¦cnicos" la legislaci¨®n en materia de incompatibilidades. Pero su secretario de Organizaci¨®n, Ricardo Varela, en vez de distinguir entre antes y despu¨¦s de la llegada a los cargos p¨²blicos, como hace el PP, establece la diferencia en que las actividades privadas en la construcci¨®n o la promoci¨®n inmobiliaria se lleven a cabo dentro o fuera del propio municipio. "No es razonable que un promotor o un constructor sea alcalde donde promueve o construye viviendas, porque se convierte en juez y parte", asegura Varela. En esas circunstancias, explica, se ve afectada "la credibilidad de los ayuntamientos", pero eso no ocurre si sus empresas limitan sus actividades a otros municipios. "Casos como el de Ourense, con tres millones de beneficios en una recalificaci¨®n", se?ala el dirigente socialista, "son dif¨ªciles de entender". El ejemplo del alcalde socialista de Cambre "no tiene nada que ver", afirma, porque se trataba de obras realizadas en otro municipio diez a?os atr¨¢s.

La soluci¨®n no pasa, en opini¨®n de Varela, por el establecimiento de nuevas incompatibilidades, sino por el control de las recalificaciones y de las plusval¨ªas que ¨¦stas generan. El PSdeG apuesta por la reforma de la Ley de Suelo, actualmente en tr¨¢mite en las Cortes. La nueva norma har¨¢ de las recalificaciones un hecho "excepcional" y obligar¨¢ a que las plusval¨ªas generadas al incrementar el valor del suelo reviertan en el municipio y no en los propietarios de las parcelas.

Es el BNG el ¨²nico partido que no tiene ninguna duda acerca de que alcaldes y concejales no deber¨ªan compatibilizar sus cargos con actividades privadas relacionadas con la construcci¨®n o la promoci¨®n inmobiliaria. Su coordinador, Francisco Jorquera, advierte adem¨¢s que el problema trasciende lo legal, porque la mera abstenci¨®n en una votaci¨®n que les afecte no impide que sus compa?eros de filas sean quienes acaben adoptando decisiones que les favorezcan.

Como en el caso del PSdeG, Jorquera sostiene que alcaldes y concejales no pueden ser "juez y parte" pero, a diferencia de los socialistas y los populares, no hace distinciones en funci¨®n del territorio en el que operan las empresas o de la fecha de inicio de los representantes p¨²blicos en la actividad inmobiliaria. Se trata de una pr¨¢ctica "totalmente reprobable" contra la que hay que luchar con m¨¢s transparencia y m¨¢s controles pol¨ªticos. Los nacionalistas sostienen que parte de los problemas urban¨ªsticos se solucionar¨ªan otorgando m¨¢s competencias a la administraci¨®n auton¨®mica. De ese modo ser¨ªa posible, explica Jorquera, liberar a los municipios m¨¢s peque?os de la responsabilidad de tener que hacer frente a planes urban¨ªsticos detr¨¢s de los cuales se mueven a menudo grandes intereses econ¨®micos.