Anticorrupci¨®n aprecia delito en el ex jefe de urbanismo de Aguirre
Sus antiguos subordinados dejan en evidencia la actuaci¨®n de Porto
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha hallado indicios de que el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid Enrique Porto cometi¨®, como m¨ªnimo, un delito: el de actividades prohibidas a funcionarios y abusos en su funci¨®n. Porto enterr¨® un informe de los t¨¦cnicos a sus ¨®rdenes contrario a un plan urban¨ªstico que le favorec¨ªa personalmente. El registro inmobiliario y el testimonio de sus antiguos subordinados lo evidencian.
Porto enterr¨® el informe t¨¦cnico contrario a un plan que le favorec¨ªa personalmente
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n s¨®lo ha analizado hasta el momento uno de los planes urban¨ªsticos del ex director general que denunci¨® el PSOE con base en los art¨ªculos publicados por este diario: el pelotazo inmobiliario que Porto dio en un sector del municipio madrile?o de Villanueva de la Ca?ada.
Una llamada de EL PA?S para consultar por las gestiones que hizo Porto para desbloquear dicho plan, provoc¨® el fulminante relevo del responsable de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, que preside la popular Esperanza Aguirre, en octubre pasado.
El estudio de este caso por Anticorrupci¨®n, seg¨²n fuentes conocedoras de las pesquisas, ya ha perfilado la posible violaci¨®n de un art¨ªculo del C¨®digo penal: el 439, que trata de "de las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios p¨²blicos y de los abusos en el ejercicio de su funci¨®n".
Seg¨²n este art¨ªculo, "la autoridad o funcionario p¨²blico que, debiendo informar, por raz¨®n de su cargo, en cualquier caso de contrato, asunto, operaci¨®n o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participaci¨®n, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrir¨¢ en la pena de multa de doce a 24 meses e inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico por tiempo de uno a cuatro a?os".
Porto ha defendido p¨²blicamente -a¨²n no ha sido citado a declarar por Anticorrupci¨®n- que ¨¦l se limitaba a tramitar o elevar los informes de sus t¨¦cnicos sin apenas tocarlos. Esto, al menos en el caso de su sector, el 1 en Villanueva de la Ca?ada, no es cierto.
Tres funcionarios hab¨ªan forzado el aplazamiento de la aprobaci¨®n de dicho sector en mayo de 2003: el jefe del servicio de planeamiento y control de Madrid Metropolitano, Jes¨²s S¨¢nchez-Cabezudo; la responsable jur¨ªdica, Cristina Navajas, y la responsable t¨¦cnica, la arquitecta Norma P¨¦rez-Huerta.
Las dos ¨²ltimas insistieron en septiembre de 2004 en que dicho sector segu¨ªa vulnerando la legalidad, pues segu¨ªan sin subsanarse tres anomal¨ªas denunciadas en su informe de un a?o antes, por lo que su aprobaci¨®n, seg¨²n su testimonio, deb¨ªa seguir suspendida.
El testimonio prestado por dichos funcionarios en Anticorrupci¨®n, seg¨²n personas conocedoras del mismo, ha sido demoledor: han proclamado la ilegalidad del plan parcial de Villanueva de la Ca?ada que Porto elev¨® para su aprobaci¨®n y han desbaratado el argumento presentado por un alto cargo fiel al ex director general de que era normal que se desoyeran o ignoraran estos informes.
Por el contrario, los funcionarios han proclamado lo ins¨®lito de la actuaci¨®n personal de Porto en este asunto: los informes finales que se elevaban a la comisi¨®n de Urbanismo para aprobar cualquier plan siempre estaban basados en los que ellos previamente elaboraban, y, por dicha raz¨®n, el documento definitivo llevaba su r¨²brica. En el caso del informe final del sector 1 de Villanueva de la Ca?ada, ins¨®litamente, no aparec¨ªan la firma de ninguno de los t¨¦cnicos. Lo rubric¨® Porto, junto con un alto cargo, su subdirector.
Si a la intervenci¨®n de Porto en este plan, que dej¨® trazas tan f¨¢ciles de seguir por Anticorrupci¨®n, se une que la consulta del registro inmobiliario ya ha probado sus intereses en dicho sector, el cortocircuito entre los intereses privados y las actuaciones p¨²blicas del ex alto cargo de Aguirre ha quedado en evidencia a los ojos de los investigadores.
Porto, junto con sus socios privados, pose¨ªa 22.000 metros cuadrados en el sector 1 de Villanueva de la Ca?ada cuando fue nombrado director general de Urbanismo de Madrid. Los t¨¦cnicos a sus ¨®rdenes le plantearon en septiembre de 2004 que deb¨ªa mantenerse la suspensi¨®n para edificar en dicho sector porque no se hab¨ªan corregido tres deficiencias que denunciaron en mayo de 2003 y que provocaron que la comisi¨®n de Urbanismo devolviera el plan al Ayuntamiento. Porto desoy¨® y enterr¨® el informe de sus t¨¦cnicos. En su lugar, elev¨® un informe en el que daba por subsanadas todas las deficiencias.
La comisi¨®n de Urbanismo, con presencia de Porto, s¨®lo conoci¨® el informe elevado por el director general. Los miembros de la comisi¨®n nunca conocieron el informe contrario de los t¨¦cnicos, ni mucho menos de que quien les elevaba el plan pose¨ªa terrenos en esa zona.
La comisi¨®n aprob¨® el plan el 28 de septiembre de 2004. Este hecho revaloriz¨® tanto sus terrenos que Porto lo incluy¨® en sus escrituras de venta: "Las fincas se encuentran dentro de un sector de suelo urbanizable que dispone a fecha de hoy de plan parcial aprobado definitivamente y firme en derecho".
En enero de 2006, Porto y sus socios, vendieron esos terrenos por 4,3 millones de euros, cuando los hab¨ªan comprado por apenas 87.000 euros antes de su recalificaci¨®n, en 1999, que tambi¨¦n fue obra suya como autor del planeamiento municipal.
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