Divergencias entre los juristas

Los juristas interpretan con cautela declaraci¨®n de ilegitimidad de los juicios de la Guerra Civil y el franquismo. Coinciden en que de momento, y hasta que se concreten las condiciones, es pronto para asegurar cu¨¢les son las consecuencias jur¨ªdicas del acuerdo entre PSOE e IU-ICV, y las que intuyen apuntan en distintas direcciones.

Carlos Jim¨¦nez Villarejo, ex fiscal Anticorrupci¨®n y veterano jurista, cree que "es el primer paso

de un largo proceso para obtener la nulidad jur¨ªdica de miles de sentencias". Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, magistrado del Tribunal Supremo, afirma que hubiese preferido que la ley hubiera empleado el t¨¦rmino "nulidad" y duda de que la declaraci¨®n de ilegitimidad acu?ada tenga consecuencias jur¨ªdicas.

CARLOS JIM?NEZ VILLAREJO. Ex fiscal Anticorrupci¨®n

Carlos Jim¨¦nez Villarejo ha asesorado a ICV en la negociaci¨®n con el PSOE y tiene muy clara la interpretaci¨®n de la ley. "No es lo mismo acudir a un tribunal a pedir una anulaci¨®n de sentencia en virtud de que ¨¦sta va en contra que hacerlo apelando a una ley que expresamente declara esa ilegitimidad. La v¨ªa para conseguir una anulaci¨®n directa es ahora m¨¢s accesible. En ¨²ltima instancia depender¨¢ de la interpretaci¨®n de los tribunales, pero es razonable pensar que los jueces dif¨ªcilmente podr¨¢n seguir hablando, como ha hecho hasta ahora la Sala de lo Militar del Supremo, por ejemplo en el caso Grimau, de que no puede revisar algo que se hizo seg¨²n el ordenamiento vigente en ese momento. La posici¨®n de los jueces tiene necesariamente que ser distinta. Hay que pensar que, seg¨²n un libro reciente, al final de 1941 el 9,5% de la poblaci¨®n espa?ola hab¨ªa sufrido alg¨²n tipo de proceso en base a la ley de responsabilidades pol¨ªticas. Hablamos de muchos miles de personas. Creo que ahora se abre el camino para la reconciliaci¨®n definitiva, basada en la justicia".

JOS? A. MART?N PALL?N. Magistrado del Tribunal Supremo

La palabra "ileg¨ªtimo" le sabe a poco. "Yo soy partidario de la nulidad absoluta. El problema esencial que tiene que plantearse un jurista es que los juicios se celebraron sin posibilidades de defensa para los acusados. El problema son los condenados por delitos de sangre, pero tampoco ellos tuvieron un juicio justo. Son todos ileg¨ªtimos porque el proceso sumar¨ªsimo no daba ninguna garant¨ªa de defensa", explica.

Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn considera que el acuerdo para declarar ileg¨ªtimos los juicios de la Guerra Civil y el franquismo es "un paso adelante", pero no cree que vaya a tener consecuencias jur¨ªdicas: "Parece que con este acuerdo se cargan la excusa de la inseguridad jur¨ªdica, pero quedan demasiados flecos sueltos, es muy ambiguo". El magistrado propone incluir una cl¨¢usula en el art¨ªculo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para declarar nulas todas las condenas de tribunales militares en juicios sumar¨ªsimos. "Comprendo", agrega, "que para un pol¨ªtico no es f¨¢cil resolverlo, pero esto no lleva a ning¨²n lado".

JOS? LUIS REQUERO. Vocal del Consejo General del Poder Judicial

Jos¨¦ Luis Requero, vocal conservador del Consejo General del Poder Judicial, acoge con inquietud el acuerdo para declarar ileg¨ªtimos los juicios de Franco. "Si finalmente esto sirve para anular las sentencias de la Guerra Civil y el franquismo supondr¨ªa anular tambi¨¦n sentencias de verdaderos delitos, incluso de terrorismo, como si nunca hubieran hecho nada. Llevar¨ªa a situaciones de injusticia, porque supondr¨ªa declarar tambi¨¦n ileg¨ªtimos los juicios de cr¨ªmenes abominables. Adem¨¢s, crea inseguridad jur¨ªdica. ?Y si dentro de 50 a?os cuaja la idea de que los etarras eran combatientes del pueblo vasco y anulan todas las sentencias de la Audiencia Nacional?".

A Requero le preocupa que la declaraci¨®n de ilegitimidad de los juicios de la Guerra Civil y el franquismo estimule a los propios condenados y a sus familiares a pedir la anulaci¨®n de sus juicios. "Ser¨ªa un desprop¨®sito. Algo enloquecedor. Habr¨ªa que destinar centenares de personas a revisar asuntos ya olvidados. Miles y miles de asuntos", asegura.

Este vocal del Consejo del Poder Judicial, contrario al proceso de recuperaci¨®n de la memoria hist¨®rica -"es un error estrat¨¦gico. Creo que la sociedad espa?ola no est¨¢ preparada", aduce- considera que el proyecto de ley "iba bien como estaba" y explica: "Se hac¨ªa una declaraci¨®n de car¨¢cter moral, de condena, a los abusos y las condenas de car¨¢cter ideol¨®gico, y se a?ad¨ªa que este tipo de declaraciones no supondr¨ªan jam¨¢s una responsabilidad para el Estado; pero si reconoce que ha administrado justicia ileg¨ªtimamente, los condenados o sus familias podr¨ªan pedir un resarcimiento, y eso ser¨ªa muy peligroso desde el punto de vista econ¨®mico para el Estado".

MARC CARRILLO. Catedr¨¢tico de Derecho Constitucional

"La nueva ley, como todas, vincula a los tribunales. Por tanto, la declaraci¨®n de ilegitimidad ha de coadyuvar a que todos los tribunales, incluido el Supremo, en los casos que puedan acreditarse, deban emitir sentencias declarativas de la ilegitimidad de las sentencias y sanciones administrativas", afirma Marc Carrillo. ?ste no cree que vaya a ser necesario crear comisiones especiales: "El derecho a obtener una declaraci¨®n de reparaci¨®n y recogimiento personal se hace compatible con las acciones ante los tribunales. No obstante, en principio, los efectos jur¨ªdicos de dichas acciones quedan indeterminados en la nueva redacci¨®n de la ley".

En cualquier caso, subraya este catedr¨¢tico de la Universidad Pompeu Fabra, la decisi¨®n de declarar ileg¨ªtimos los juicios de la Guerra Civil y el franquismo tiene "un gran valor simb¨®lico".