La Junta aprueba la ley integral de atenci¨®n a las v¨ªctimas de la violencia de g¨¦nero

El Consejo de Gobierno aprob¨® ayer el proyecto de Ley de Medidas de Prevenci¨®n y Protecci¨®n Integral contra la Violencia de G¨¦nero, que garantizar¨¢ los derechos de las v¨ªctimas y de sus hijos a recibir atenci¨®n, protecci¨®n, seguridad e informaci¨®n, as¨ª como ayudas para la integraci¨®n sociolaboral. Seg¨²n explic¨® la consejera de Igualdad, Micaela Navarro, se trata de dar rango de ley a las iniciativas que ha puesto en marcha la Junta y desarrollar la normativa de ¨¢mbito estatal. "Es un delito muy complejo que no se parece a ning¨²n otro y merece un trato especial", dijo.

Navarro record¨® que los malos tratos a las mujeres motivaron el a?o pasado 14.000 denuncias en Andaluc¨ªa y 3.300 durante el primer trimestre de 2007. El Parlamento de Andaluc¨ªa form¨® en 2004 un grupo de trabajo que elabor¨® un borrador que ha servido de punto de partida a la futura ley, seg¨²n explic¨® la consejera. Mediante la nueva normativa, que consta de cuatro t¨ªtulos, 56 art¨ªculos y dos disposiciones adicionales, se consolidar¨¢n y reforzar¨¢n los recursos asistenciales y preventivos desarrollados desde 1998 a trav¨¦s de los planes auton¨®micos contra la violencia de g¨¦nero, cuya inversi¨®n total ha alcanzado los 55 millones de euros.

Navarro dijo que el texto presta especial atenci¨®n a las medidas preventivas, entre las que se incluyen la aprobaci¨®n, cada cinco a?os, de un plan integral que desarrollar¨¢ las estrategias de actuaci¨®n en los ¨¢mbitos de la educaci¨®n, la comunicaci¨®n, la coordinaci¨®n institucional, la formaci¨®n y la detecci¨®n de esta violencia. "Una vez que la mujer denuncie, no se quedar¨¢ sola, debe contar con un dispositivo que garantice la seguridad, la vida y la libertad de las v¨ªctimas de malos tratos", se?al¨®.

En cuanto a la educaci¨®n, se recogen medidas de revisi¨®n y adaptaci¨®n de contenidos curriculares, as¨ª como intervenciones para identificar y atender las situaciones de violencia que se puedan producir en los centros. Respecto a la salud, se incluye la atenci¨®n psicol¨®gica como parte del tratamiento a las v¨ªctimas, junto con los objetivos prioritarios de detecci¨®n precoz y atenci¨®n especializada.

El proyecto tambi¨¦n da rango legal a las medidas en materia de empleo desarrolladas durante los ¨²ltimos a?os. De este modo, la Administraci¨®n auton¨®mica conceder¨¢ incentivos para facilitar el trabajo aut¨®nomo y el desarrollo de las empresas creadas por mujeres que hayan sufrido violencia. De igual manera, se fomentar¨¢ la inclusi¨®n de medidas de apoyo en la negociaci¨®n colectiva. En el caso espec¨ªfico de la Administraci¨®n auton¨®mica, se facilitar¨¢ el derecho a la reducci¨®n o flexibilizaci¨®n de la jornada, as¨ª como a la movilidad geogr¨¢fica y la excedencia.

En el cap¨ªtulo de las iniciativas para la integraci¨®n de las v¨ªctimas, la ley prev¨¦ establecer un cupo de reserva espec¨ªfico en las promociones de vivienda protegida para su cesi¨®n o adjudicaci¨®n a mujeres que acrediten sufrir una situaci¨®n de maltrato. Como novedad, esta medida incluir¨¢ viviendas en r¨¦gimen de propiedad, frente al actual cupo limitado al alquiler. Adem¨¢s, tendr¨¢n prioridad en el acceso a las guarder¨ªas infantiles. Micaela Navarro dijo que la ley hace especial hincapi¨¦ en la detecci¨®n precoz por parte de los profesionales sanitarios, un elemento fundamental para que las mujeres se decidan a presentar denuncias. "Incluso puede ser que el sanitario convenza a la mujer para que verbalice la situaci¨®n en la que vive".

Casos de muerte

Por su parte, en la atenci¨®n jur¨ªdica se garantiza la asistencia letrada por el turno de oficio especializado y se dispone la personaci¨®n de la Junta en juicios sobre casos de muerte violenta. "De lo que se trata es de procurar la autonom¨ªa, la independencia y la seguridad de las mujeres que deciden presentar una denuncia por malos tratos", indic¨® Navarro, quien cifr¨® en 28,4 millones de euros el presupuesto de este a?o para desarrollar la nueva norma.

Con la futura norma se consolidar¨¢ la estructura de atenci¨®n urgente que funciona en la comunidad aut¨®noma con sus tres niveles de centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados. Esta red cuenta actualmente con 550 plazas y el pasado a?o atendi¨® a un total de 2.085 personas, entre mujeres e hijos.

Al a?o de la entrada en vigor de la ley, se constituir¨¢ una comisi¨®n institucional de coordinaci¨®n y seguimiento de las medidas en marcha.