Cr¨ªticas al empleo del Ej¨¦rcito en la lucha contra el crimen
Numerosos sectores temen que los militares se contaminen como ocurri¨® con la polic¨ªa
La movilizaci¨®n de unos 30.000 efectivos del Ej¨¦rcito y de la Marina en m¨¢s de una decena de Estados mexicanos es el elemento m¨¢s controvertido de la ofensiva del Gobierno de Felipe Calder¨®n contra el narcotr¨¢fico. El debate entre defensores y detractores de la implicaci¨®n de los militares en una batalla dif¨ªcil de ganar llena p¨¢ginas de diarios y revistas y ocupa amplios espacios en los medios audiovisuales. Muchos temen que esa guerra termine por contaminar a los soldados como ha ocurrido con la polic¨ªa.
El principal argumento que esgrime el Gobierno es el de la incapacidad de los distintos cuerpos policiales para hacer frente a las poderosas organizaciones criminales mexicanas. El descabezamiento de la c¨²pula de la polic¨ªa federal, ¨²nico cuerpo con competencia en toda la Rep¨²blica, es un claro ejemplo de hasta d¨®nde llega la connivencia de las fuerzas de seguridad con la delincuencia organizada.
Quienes critican el empleo del Ej¨¦rcito en la lucha contra el narcotr¨¢fico advierten de los riesgos de contaminaci¨®n que entra?a esta medida, por la m¨¢s que demostrada capacidad de corrupci¨®n de los carteles de la droga que manejan miles de millones de d¨®lares. Recuerdan los detractores que el general Jes¨²s Guti¨¦rrez Rebollo, zar antidrogas bajo el Gobierno de Ernesto Zedillo en febrero de 1997, fue detenido despu¨¦s de demostrarse que trabajaba al servicio del cartel de Ju¨¢rez, que en aquella ¨¦poca comandaba Amado Carrillo Fuentes, conocido con el apodo El se?or de los cielos.
Guti¨¦rrez Rebollo cumple una condena de 40 a?os de prisi¨®n en el penal de m¨¢xima seguridad El Altiplano, en M¨¦xico.
En realidad, el Ej¨¦rcito mexicano ya hab¨ªa sido utilizado en operativos contra el narcotr¨¢fico en ocasiones anteriores, sobre todo en labores de destrucci¨®n de plantaciones de marihuana y de amapola (opio) en el llamado Tri¨¢ngulo Dorado, que conforman los Estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua.
Riesgo de combate
La novedad es el uso a gran escala de los militares en acciones que conllevan el riesgo de entrar en combate con los narcotraficantes y los sicarios que los defienden. El Ej¨¦rcito es el ¨²ltimo cartucho en manos del Gobierno en una guerra que se prev¨¦ larga, compleja, dif¨ªcil y de resultado incierto. Si falla, sea porque no se logran los objetivos marcados por el Ejecutivo o porque cae en las redes de corrupci¨®n, el presidente Calder¨®n no tendr¨¢ a mano ninguna otra herramienta del Estado de derecho para enfrentarse al crimen organizado.
Otro aspecto que provoca numerosas cr¨ªticas en el empleo de los militares es su falta de entrenamiento para este tipo de lucha. Dos episodios recientes demuestran que los soldados mexicanos carecen de la preparaci¨®n adecuada para llevar a cabo misiones fuera de los cuarteles. En el Estado de Michoac¨¢n, efectivos del Ej¨¦rcito est¨¢n bajo investigaci¨®n por supuesta violaci¨®n de varias mujeres. El presidente de la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos, Jos¨¦ Luis Soberanes, afirm¨® que en los operativos algunos militares incurrieron "en violaciones de derechos humanos de suma gravedad". Agreg¨® que las presuntas violaciones fueron perpetradas por personal del Ej¨¦rcito, la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y la Procurador¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR).
Hasta el 15 de mayo, Soberanes hab¨ªa recibido 52 quejas por el caso de Michoac¨¢n. En Sinaloa, dos maestras y tres ni?os murieron el 1 de junio al ser tiroteado por soldados el veh¨ªculo en el que viajaban. Seg¨²n la versi¨®n oficial difundida por el Ej¨¦rcito, el coche no se detuvo en un puesto de control militar.
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