Casi la mitad de los ayuntamientos no tienen reservas de suelo p¨²blico

El s¨ªndic de greuges, Rafael Rib¨®, pidi¨® ayer a los ayuntamientos catalanes que hagan un mayor uso del patrimonio p¨²blico de suelo para construir vivienda social. Rib¨® present¨® en el Parlament un informe de vivienda realizado a partir de las quejas recibidas y de una encuesta de la fundaci¨®n Un Sol M¨®n, de Caixa Catalunya, que afirma que el 46,2% de los 41 ayuntamientos de m¨¢s de 10.000 habitantes preguntados no ha constituido su patrimonio municipal de suelo y vivienda.

El 48,7% de los ayuntamientos encuestados s¨ª tiene reservas para edificar vivienda p¨²blica y el 5,10% no respondi¨®. Inventariar el suelo procedente de las cesiones (el 10% que deben entregar los privados) y ponerlo a disposici¨®n de pol¨ªticas p¨²blicas de vivienda es una obligaci¨®n de los ayuntamientos de acuerdo con la nueva Ley de Urbanismo, apunta el director de Ordenaci¨®n del Territorio y Relaciones Locales del S¨ªndic, Matias Vives. Antes, recuerda, los consistorios sol¨ªan vender este suelo.

La raz¨®n que explica que casi la mitad de los ayuntamientos no cumplan con esta obligaci¨®n es que todav¨ªa trabajan con Planes Generales de Ordenaci¨®n Urbana antiguos y no tendr¨¢n que realizar las reservas hasta que redacten los nuevos Planes de Ordenaci¨®n Urbana Municipal. El s¨ªndic tambi¨¦n inst¨® a los consistorios para que agilicen los tr¨¢mites y para fijar calendarios en la vivienda social.

Rib¨®, que el a?o pasado ya emiti¨® un informe centrado en el asedio inmobiliario, afirm¨® que el estudio de 2007 obedece a que el asunto de la vivienda "es una preocupaci¨®n social" y a que las quejas al respecto aumentan "a?o tras a?o". Recibi¨® 132 en 2005 y 207 en 2006. El s¨ªndic compar¨® los problemas de la vivienda con la percepci¨®n del paro que se ten¨ªa en los a?os ochenta. "El derecho a una vivienda digna est¨¢ reconocido en la Constituci¨®n y en el Estatuto, pero hoy es un derecho inaccesible para mucha gente", dijo.

En opini¨®n del s¨ªndic, para resolver el problema "es precisa una implicaci¨®n seria de todos los actores, desde las administraciones hasta los privados". La voluntad del informe de 2007, El derecho a la vivienda: obst¨¢culos y l¨ªmites, es "incidir en las pol¨ªticas p¨²blicas". Rib¨® insta a las administraciones para que potencien el alquiler social, que implanten una ventanilla ¨²nica de solicitudes, que den prioridad al sorteo como forma de adjudicaci¨®n y que apuesten por la rehabilitaci¨®n y el control del parque de viviendas existente. Algunas de estas medidas est¨¢n previstas en la Ley por el Derecho a la Vivienda que est¨¢ en el Parlament, pero Rib¨® declin¨® ayer comentarla precisamente porque est¨¢ en tr¨¢mite.