Cuatro juzgados de Barcelona han ejecutado miles de sentencias pendientes desde hace a?os

En ocasiones la justicia funciona. Incluso bien. Un ejemplo son los cuatro juzgados penales de Barcelona, que en los ¨²ltimos tres a?os han ejecutado miles de sentencias firmes que se amontonaban en los armarios. Son siempre casos menores, en los que las penas de c¨¢rcel no superan los cinco a?os de prisi¨®n o que se pueden saldar tambi¨¦n con el pago de una multa o la retirada del carnet de conducir. As¨ª, miles de ciudadanos han zanjado las cuentas que ten¨ªan pendientes con la justicia desde hac¨ªa a?os y las arcas p¨²blicas han ingresado varios millones de euros.

Jos¨¦ A. O. fue sorprendido por la polic¨ªa cuando conduc¨ªa ebrio el 11 de febrero de 2005. Se neg¨® a realizar la prueba de alcoholemia y el Juzgado de lo Penal n¨²mero 2 de Barcelona le conden¨® a nueve meses de c¨¢rcel y a otros 15 de retirada de carnet de conducir. La justicia le pidi¨® que entregara ese documento, pero no le localizaron por cambio de domicilio. El pasado mes de enero fue ¨¦l mismo quien acudi¨® al juzgado a entregar el carnet. El juez le suspendi¨® las dos penas de prisi¨®n por una medida penal alternativa consistente en asistir a un curso de seguridad vial. Luego se supo que ten¨ªa otras cuentas pendientes y se le requiri¨® para que entrara en prisi¨®n. Su abogado recurri¨® y ahora el juez debe resolver de nuevo.

El caso no est¨¢ resuelto, pero casi. Hace unos a?os hubiera ido a parar a un armario y ca¨ªdo en el olvido, con el riesgo de acabar prescribiendo. Para dar una salida a esa bolsa de miles de casos pendientes que hab¨ªa en Barcelona, en 2002 se crearon cuatro juzgados penales de ejecutorias. Como su nombre indica, s¨®lo se dedican a ejecutar sentencias firmes en las que la pena de prisi¨®n no supera los cinco a?os de c¨¢rcel. En 2004, los cuatro juzgados se reforzaron con m¨¢s personal: un juez, un secretario y cinco funcionarios.

Entre 2003 y 2006 llegaron a esos juzgados un total de 81.691 asuntos. Hoy est¨¢n en tr¨¢mite poco m¨¢s de 30.000. Los 50.000 restantes o est¨¢n resueltos o se ha llegado a un punto en el que no puede avanzarse m¨¢s. Buena parte de ellos acabar¨¢n prescribiendo, porque la justicia llega hasta donde llega.

Un insolvente al uso

Es el caso de Jos¨¦ Luis A. M. Fue condenado en 2003 a seis meses de c¨¢rcel por el robo de un veh¨ªculo en Sant Adri¨¤ de Bes¨°s en 1999. El juez de entonces, Carlos Gonz¨¢lez Zorrilla, actual director de la Escuela de Polic¨ªa de Catalu?a, le conmut¨® la pena por una multa de 468 euros y 1.200 euros de costas judiciales. La justicia no supo nada de ¨¦l hasta 2003, cuando se descubri¨® que estaba en La Modelo. All¨ª se le requiri¨® al pago de la multa y respondi¨® que no ten¨ªa un euro. Al a?o siguiente se comprob¨® que dec¨ªa la verdad y el caso se archiv¨® en un armario. Tres a?os despu¨¦s, el magistrado Jos¨¦ Antonio Rodr¨ªguez, titular del Juzgado Penal n¨²mero 21 de Barcelona, le ha declarado insolvente. Ahora s¨®lo falta que pase el tiempo y prescriba el caso, pero no por olvido, sino por decisi¨®n judicial.

Las cifras exactas de los miles de asuntos que hay en esta situaci¨®n no se pueden determinar, porque, aunque pueda sorprender, el sistema inform¨¢tico que manejan los jueces no da para mucho. ?sa es la cruz de los juzgados penales de ejecutorias. La cara es que el personal sigue trabajando en un mar de carpetas. "Cada ejecutoria que cerramos requiere un m¨ªnimo de ocho a diez actuaciones judiciales", explica Dolors Leyba, la juez de refuerzo del Juzgado Penal 21. Eso significa que la carpetilla de un mismo caso se abre y se cierra otras tantas veces por el juez para, por ejemplo, reconvertir en multa la pena de privaci¨®n de libertad, declarar la insolvencia del acusado o liquidar la condena.

"La dificultad no es jur¨ªdica, sino f¨¢ctica. Ponerse en la piel de las personas e intentar adaptarse a sus vidas", a?ade Leyba. Ella, por ejemplo, ha suspendido el ingreso en la c¨¢rcel de un delincuente multirreincidente con c¨¢ncer terminal, pero con la misma decisi¨®n entiende que "la ley ha de cumplirse. Porque, si no, no es ley". El juez Rodr¨ªguez es todav¨ªa m¨¢s contundente: "si las sentencias no se cumplen, el Estado no existe". Uno de sus casos es el de un delincuente que est¨¢ pagando diez euros al mes para poder liquidar la multa que le impuso.

M¨¢s de 25 millones

Las cifras econ¨®micas sobre la eficacia de los juzgados de ejecutorias son espectaculares. En el a?o 2004 los ingresos bancarios ascendieron a 10,22 millones de euros. El a?o pasado fueron de 25,14 millones. La deficiente inform¨¢tica impide saber qu¨¦ cifra corresponde a pago de multas y qu¨¦ parte a indemnizaciones a particulares, aunque los jueces afirman que al menos dos tercios de esas cantidades fueron a parar a las arcas p¨²blicas.

Muchos casos se refieren a delincuentes reincidentes y delitos menores. De ah¨ª la importancia de que los juzgados organicen el trabajo por penado, no por casos, para agrupar todas las sentencias. En otras ocasiones son delincuentes primarios, como en el caso de J. A., un ecuatoriano que en 2003 golpe¨® a su esposa. Fue condenado a tres meses de c¨¢rcel.

Ahora la sentencia es firme y debe cumplirse, con la dificultad a?adida de que no tiene papeles. "Si tengo base legal, yo no puedo expulsar a ese hombre de Espa?a por un asunto de hace cuatro a?os, porque, adem¨¢s, no ha vuelto a delinquir", explica el juez Rodr¨ªguez. "Aqu¨ª no hacemos como en Tr¨¢fico, que te quitan el carnet sin hablar contigo. Nuestro sistema es garantista y eso quiere decir hablar con el afectado", a?ade el magistrado.