Partidos y magistrados plantan al presidente del Supremo por el bloqueo del Poder Judicial

El Rey inaugura hoy en el Palacio de las Salesas el curso judicial m¨¢s tenso e incierto de los ¨²ltimos a?os. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones y sin renovaci¨®n posible, navega a la deriva como un buque fantasma ente reyertas internas y presiones pol¨ªticas externas, mientras suma vacantes y aplaza nombramientos. En el Tribunal Constitucional, la mitad de los magistrados est¨¢ a la caza de la presidenta, y la otra mitad a evitar que se cobren la pieza. El PP ha dejado claro que no habr¨¢ renovaci¨®n de consejeros ni magistrados constitucionales hasta despu¨¦s de las elecciones generales, que conf¨ªa en ganar para imponer a sus candidatos.

Las vacantes sin cubrir se acumulan en el Supremo y en los Tribunales Superiores

El ¨²ltimo intento para pactar la renovaci¨®n del gobierno de los jueces fracas¨® el pasado jueves

El malestar ha llevado a la asociaci¨®n Jueces para la Democracia, a la que est¨¢n afiliados m¨¢s de 500 jueces, a no asistir a la ceremonia de apertura, en protesta por el "intolerable retraso" en la renovaci¨®n del Poder Judicial y la consiguiente "par¨¢lisis" del organismo, que repercute en el funcionamiento de la justicia.

Por su parte, fuentes del Tribunal Supremo afirmaron el viernes que entre una docena y una veintena de magistrados ten¨ªan previsto no ocupar sus sitiales en el sal¨®n de plenos para no seguir el discurso del presidente del CGPJ, Francisco Hernando. Dichas fuentes precisaron que, en todo caso, los presidentes de Sala del Supremo estar¨¢n al pie de la escalinata del palacio donde anualmente reciben al Rey, puesto que la protesta no se dirige contra el Monarca sino contra el retraso en la renovaci¨®n del Consejo y contra el discurso de apertura que pronunciar¨¢ el presidente Hernando.

Tampoco los portavoces de PSOE e IU acudir¨¢n a la ceremonia. El socialista Diego L¨®pez Garrido pretext¨® una reuni¨®n de la Ejecutiva de su partido. Gaspar Llamazares, l¨ªder de IU, explic¨® a EL PA?S que hab¨ªa asistido los dos a?os anteriores pero que ¨¦ste no pensaba ir a escuchar el discurso del a¨²n presidente en funciones del Poder Judicial. Los portavoces del PP, Eduardo Zaplana, PNV, Margarita Ur¨ªa, y CiU, Jordi Jan¨¦, s¨ª tienen previsto acudir, aunque este ¨²ltimo ten¨ªa problemas para llegar. Ur¨ªa y Jan¨¦ critican al PP por bloquear la renovaci¨®n del Consejo, pero no creen oportuno boicotear un acto institucional.

El Consejo del Poder Judicial ten¨ªa que haber sido renovado el pasado 7 de noviembre y lleva 10 meses en funciones. Mantiene un precario equilibrio, con ocho vocales designados a propuesta del PP m¨¢s el presidente, Francisco Hernando, es decir, nueve votos del bloque monol¨ªtico conocido como sector conservador. En el otro lado, seis vocales del PSOE, uno de IU, uno de CiU y un no afiliado, que vota unas veces con los conservadores y otras con los progresistas. Pero para los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia se precisan 13 votos, los tres quintos de un Consejo de 21 integrantes (aunque ahora s¨®lo cuenta con 18). Por tanto, es necesario un consenso que s¨®lo se da muy espor¨¢dicamente. En la actualidad, y para desesperaci¨®n de los posibles candidatos, las vacantes sin cubrir se acumulan. Ahora mismo hay 7 en el Tribunal Supremo: 3 en la Sala de lo Militar, otras 3 en la Sala de lo Contencioso y la del presidente de la Sala de lo Social. A ellas hay que a?adir las de la presidencia de los Tribunales de Justicia de Madrid y de Galicia. En total, nueve altos cargos pendientes de cubrir hace meses.

El pasado jueves, en el Congreso, el PP dej¨® claro que no piensa renovar ni el CGPJ ni el Tribunal Constitucional. Tiene la llave en las dos altas instituciones, puesto que los nombramientos de consejeros judiciales y magistrados constitucionales requieren el apoyo de los tres quintos de las C¨¢maras. Ese d¨ªa, el PSOE convoc¨® a una reuni¨®n a los dem¨¢s grupos parlamentarios de la que sali¨® la postura com¨²n de exigir a los populares la renovaci¨®n del Poder Judicial. La respuesta del PP fue fulminante: acusaciones de "chantaje", de intento de imponer un "tr¨¢gala", de conjunci¨®n de voluntades con los nacionalistas para dominar el Poder Judicial, descalificaciones al ministro de Justicia... Y un final de posiciones irreconciliables, contenidas en dos propuestas radicalmente diferentes.

El PSOE plantea renovar a los 20 vocales del Poder Judicial (esos 20 eligen despu¨¦s al presidente) sobre la base de que ninguno de los dos grandes partidos disponga de la denominada minor¨ªa de bloqueo, es decir, los nueve vocales necesarios para impedir los nombramientos que exigen tres quintos de los vocales. As¨ª, su propuesta es de ocho vocales para el PSOE, ocho para el PP y uno para cada uno de los grupos parlamentarios de CiU, PNV, ERC e IU. De esa forma, ninguno tendr¨ªa minor¨ªa de bloqueo y tanto el PSOE como el PP estar¨ªan obligados a buscar amplios apoyos entre ellos o pactar con las minor¨ªas para alcanzar mayor¨ªas de tres quintos.

La propuesta del PP se basa en ceder el protagonismo a las asociaciones judiciales en proporci¨®n a sus afiliados. As¨ª, de los 12 vocales de extracci¨®n judicial se repartir¨ªan cinco o seis a la conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), dos a los centristas de la Francisco de Vitoria (FV), otros dos a los progresistas de Jueces para la Democracia (JpD), y dos o tres a los no afiliados a ninguna asociaci¨®n. De los vocales que nombran el Congreso y el Senado, cuatro ser¨ªan para el PP y otros cuatro para el PSOE.

Pero desde cada lado de la barrera se ve cualquiera de las f¨®rmulas con desconfianza. El PSOE est¨¢ convencido de que los vocales de la APM votar¨ªan monol¨ªticamente lo que quiera el PP, y a ellos se sumar¨ªa alguno de la asociaci¨®n Francisco de Vitoria y un par de los no afiliados, lo que dar¨ªa al PP el control del organismo. Del mismo modo, en el PP ven a los cuatro vocales nacionalistas votando con los ocho del PSOE. Ninguna de las dos propuestas menciona al presidente, que sobre el papel debe ser elegido por los 20 vocales, pero en la pr¨¢ctica llega siempre consensuado a propuesta del partido que ocupa el Gobierno en ese momento. De ah¨ª en parte el inter¨¦s del PSOE por renovar cuanto antes y el del PP por esperar el resultado de las urnas en marzo.

Mientras tanto, el Consejo General del Poder Judicial vive una situaci¨®n de interinidad que impide el desarrollo de planes de futuro. Desde el pasado noviembre, los mensajes sobre la renovaci¨®n han sido contradictorios y los actuales vocales acusan cada vez m¨¢s el desgaste de cinco a?os de continuos enfrentamientos que ahora pueden prorrogarse hasta bien entrada la primavera.

En el Tribunal Constitucional la situaci¨®n es a¨²n m¨¢s cr¨ªtica. El recurso del PP contra la ley org¨¢nica del Tribunal Constitucional ha forzado a la presidenta, Mar¨ªa Emilia Casas, y al vicepresidente, Guillermo Jim¨¦nez, a abstenerse. El art¨ªculo 16.3 de esa ley a?ade una norma que prorroga el mandato de ambos, que expiraba en junio, hasta la fecha en que se produzca su renovaci¨®n.

Ese art¨ªculo se introdujo a ¨²ltima hora -a propuesta de IU y con el apoyo del PSOE- ante la evidencia de que el sector conservador, enardecido por el ¨¦xito de la operaci¨®n de expulsar al juez progresista Pablo P¨¦rez Tremps del tribunal que debe juzgar el Estatuto de Catalu?a, preparaba el asalto a la presidencia.

Y esa pr¨®rroga del mandato de Casas es precisamente la que ha impugnado el PP. Dado que, desde la recusaci¨®n de P¨¦rez Tremps, hay seis magistrados por cada uno de los sectores, hacerse con el voto de calidad que ahora tiene la presidenta (progresista) es fundamental para dirimir empates. En ello est¨¢n Roberto Garc¨ªa-Calvo y Jorge Rodr¨ªguez Zapata, los magistrados afines al PP m¨¢s radicalizados, que en julio reclam¨® la dimisi¨®n de la presidenta.

Aunque entonces se quedaron solos, la situaci¨®n actual se presta a nuevos intentos. De momento, todo apunta a que el tribunal admitir¨¢ las abstenciones de Casas y Jim¨¦nez, lo que har¨ªa que el puesto de presidente en el debate sobre el recurso contra la ley recaiga sobre el magistrado conservador Vicente Conde. Precisamente el candidato m¨¢s firme a alcanzar la presidencia si Casas es apartada.