Reescribir la transici¨®n

Desde hace ya cierto tiempo, y al margen de la historiograf¨ªa, dos relatos sobre la transici¨®n espa?ola de la dictadura a la democracia han ido ganando una notable difusi¨®n p¨²blica y una apreciable aunque desigual aceptaci¨®n. Por una parte, desde algunos sectores pol¨ªticos e intelectuales cr¨ªticos con la realidad sociopol¨ªtica actual se ha ido perfilando un relato que da cuenta de un proceso absolutamente determinado por unos omnipresentes y omnipotentes poderes f¨¢cticos -nacionales e internacionales- y caracterizado por la debilidad, las renuncias o la traici¨®n de la oposici¨®n democr¨¢tica. En tal proceso estar¨ªa el origen de muchos de los males pol¨ªticos actuales, y por ello se sostiene la necesidad de una "segunda transici¨®n" que corrija los defectos de la primera y resuelva definitivamente los problemas supuestamente pendientes. Algunos incluso han afirmado que la actual democracia es, en esencia, una continuaci¨®n del franquismo y que, en efecto, todo qued¨® "atado y bien atado" como sostuvo el Caudillo. Y para demostrar inapelablemente lo anterior, nada mejor que recurrir al mantenimiento de la forma mon¨¢rquica de gobierno establecida por Franco y a la continuidad en la jefatura del Estado de su sucesor. Al parecer, para quienes sostienen tal argumentaci¨®n, es irrelevante que la monarqu¨ªa configurada en la Constituci¨®n de 1978 nada tenga que ver con la monarqu¨ªa "del 18 de julio", aunque probablemente les parecer¨ªa un descomunal desprop¨®sito considerar que la rep¨²blica portuguesa democr¨¢tica es una continuaci¨®n del salazarismo puesto que la Revoluci¨®n de los Claveles no comport¨® un cambio en la forma de gobierno.

Alianza Popular, de la que procede el PP, defend¨ªa la continuidad de las ideas del r¨¦gimen

Pero hay un segundo relato mucho m¨¢s potente pol¨ªtica y medi¨¢ticamente que, parad¨®jicamente, alimenta al anterior: es el de los que hoy se presentan como los art¨ªfices del establecimiento de la democracia en Espa?a, apropi¨¢ndose incluso de la Constituci¨®n y otorg¨¢ndose la potestad de se?alar qui¨¦n es "constitucionalista" y qui¨¦n no lo es, cuando, contrariamente, en su d¨ªa defendieron la continuidad del franquismo m¨¢s o menos reformado, obstaculizaron en todo lo posible el avance del proceso de cambio pol¨ªtico e incluso algunos rechazaron, en todo o en parte, la Constituci¨®n finalmente aprobada.

Cuando la tergiversaci¨®n alcanza extremos como los que pueden leerse en una reciente entrevista a Manuel Fraga (EL PA?S, 12-8-2007), es necesario recordar que, hasta la muerte del dictador, la inmensa mayor¨ªa de la clase pol¨ªtica franquista rechaz¨® frontalmente la sustituci¨®n de la legalidad y de las instituciones de la dictadura por un nuevo ordenamiento democr¨¢tico. Unos, y por cierto no poco numerosos, se opon¨ªan a cualquier "apertura" o reforma, aunque fuera limitada, y propugnaban una defensa "con u?as y dientes" del "r¨¦gimen del 18 de julio" tal como estaba configurado. Otros muchos consideraban, resignadamente, que era inevitable una reforma del r¨¦gimen, para superar la crisis y estabilizar la situaci¨®n pol¨ªtica; pero estaba muy claro que lo que propon¨ªan era una reforma del r¨¦gimen y no un cambio de r¨¦gimen.

El proyecto pol¨ªtico del Gobierno presidido por Carlos Arias Navarro, con Manuel Fraga como vicepresidente para Asuntos Pol¨ªticos y ministro de la Gobernaci¨®n, obedec¨ªa a tal planteamiento de continuismo reformista, lo que comport¨® a los seis meses de su constituci¨®n que su absoluto fracaso resultara inapelable. A pesar de utilizar una ret¨®rica democr¨¢tica -como el franquismo llevaba ya mucho tiempo haciendo-, el Gobierno no logr¨® el m¨¢s m¨ªnimo cr¨¦dito de ning¨²n sector de la oposici¨®n democr¨¢tica, ni siquiera entre los m¨¢s moderados. Con Adolfo Su¨¢rez en la presidencia del gobierno, y con la manifiesta voluntad democratizadora del rey Juan Carlos, fue creciente el n¨²mero de franquistas que gradualmente acabaron convenci¨¦ndose, en un contexto de movilizaci¨®n popular muy notable, de que no era posible estabilizar la situaci¨®n social y pol¨ªtica solamente con cambios en el r¨¦gimen, y deb¨ªa aceptarse ir hac¨ªa un cambio de r¨¦gimen. Pero otros muchos se negaron a dar ese paso, entre ellos los que acabar¨ªan formando Alianza Popular -la fuerza pol¨ªtica de la que procede el actual Partido Popular-, aunque finalmente no tuvieran m¨¢s remedio que ir adapt¨¢ndose al avance de los cambios.

El manifiesto fundacional de Alianza Popular, de octubre de 1976, se iniciaba con una abierta cr¨ªtica al Gobierno de Su¨¢rez por las "excesivas concesiones a actividades revanchistas, erosionantes de la paz y el orden y disgregadoras de la unidad nacional", rechazaba frontalmente "un periodo constituyente de car¨¢cter rupturista" y se presentaba como una fuerza que defender¨ªa unas ideas "basadas en la continuidad perfectiva y en la reforma responsable". Adem¨¢s, quienes segu¨ªan identific¨¢ndose con el r¨¦gimen dictatorial proclamaban su oposici¨®n a la legalizaci¨®n de "quienes no respetan las reglas del juego democr¨¢tico", comunistas, separatistas y terroristas, lo que en el lenguaje pol¨ªtico franquista inclu¨ªa a buena parte de las fuerzas democr¨¢ticas. Poco despu¨¦s, en el debate en las Cortes de la Ley para la Reforma Pol¨ªtica, los procuradores adscritos a Alianza Popular intentaron modificar el proyecto gubernamental para limitar hasta donde fuera posible el alcance de los cambios iniciados.

En el primer congreso, celebrado en marzo de 1977, Manuel Fraga afirm¨®: " se niega a aceptar la voladura de la obra gigantesca de los ¨²ltimos cuarenta a?os". Y pocas semanas m¨¢s tarde, cuando el Gobierno decidi¨® la legalizaci¨®n del PCE, condici¨®n indispensable para culminar el proceso hacia unas elecciones aceptadas como leg¨ªtimas, AP calificar¨ªa tal decisi¨®n como un "verdadero golpe de Estado, grave error pol¨ªtico, farsa jur¨ªdica y quiebra a la vez de la legalidad y la legitimidad".

Tras las elecciones del 15 de junio de 1977, AP no tuvo m¨¢s remedio que aceptar el proceso constituyente que se iniciaba. Parad¨®jicamente, Manuel Fraga acabar¨ªa convirti¨¦ndose en "padre de la Constituci¨®n" por su participaci¨®n en la ponencia que la redact¨® en representaci¨®n de un grupo pol¨ªtico que hab¨ªa rechazado claramente tal opci¨®n. En definitiva, buena parte de los miembros de la clase pol¨ªtica franquista, unos antes y otros despu¨¦s, haciendo de la necesidad virtud, acabaron aceptando la democracia, lo que fue sin duda positivo para el pa¨ªs. Pero que hoy sean presentados como sus art¨ªfices resultar¨ªa simplemente esperp¨¦ntico si no contribuyera a la mixtificaci¨®n de un proceso costoso y complejo que permiti¨® alcanzar, y consolidar por primera vez en Espa?a, una imperfecta democracia.

Carme Molinero y Pere Ys¨¤s. Centre d'Estudis sobre les ?poques Franquista i Democr¨¤tica, CEFID-UAB