Un consejo estatal fomentar¨¢ el compromiso social de las empresas

Las empresas venden, cada vez m¨¢s, valores asociados a sus productos. El consumidor se empieza a familiarizar con conceptos como la energ¨ªa verde, el desarrollo sostenible o los proyectos de cooperaci¨®n cuando paga la factura de la luz o compra un billete de avi¨®n. El Gobierno y los agentes sociales quieren aprovechar este clima para generalizar la responsabilidad social corporativa, una idea a¨²n poco extendida, sobre todo en las peque?as empresas. El primer paso consistir¨¢ en crear un consejo que defina estas pr¨¢cticas, las fomente y las eval¨²e.

El Ministerio de Trabajo tiene previsto cerrar hoy, con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la patronal CEOE, un acuerdo para incentivar la responsabilidad social de las empresas. El concepto aglutina elementos tan dispares como respetar el medio ambiente, velar por la igualdad en el seno de las empresas o luchar contra la corrupci¨®n. La idea que subyace es que la empresa tiene una funci¨®n social m¨¢s all¨¢ de la b¨²squeda del beneficio.

Documento de Trabajo

Trabajo ha elaborado un documento, al que ha tenido acceso este peri¨®dico, en el que se esbozan las principales propuestas en este terreno. La m¨¢s novedosa es la creaci¨®n de un consejo estatal de responsabilidad social de las empresas compuesto, de forma paritaria, por empresarios, trabajadores, organizaciones sociales y administraciones p¨²blicas (tanto la central como las auton¨®micas). "Ser¨¢ el primer ¨®rgano de este tipo que funcione en la Uni¨®n Europea", explica Toni Ferrer, responsable de acci¨®n sindical de UGT y participante en la negociaci¨®n.

El consejo, que propondr¨¢ al Gobierno pol¨ªticas p¨²blicas y fijar¨¢ los criterios que deben cumplir las compa?¨ªas para recibir la etiqueta de responsables, se constituir¨¢ mediante un decreto ley, seg¨²n confirma el director general de Econom¨ªa Social del Ministerio de Trabajo, Juan Jos¨¦ Barrera. "Adem¨¢s, tenemos un mandato del Senado para crear esa figura", a?ade. El objetivo es aprobarlo este a?o para que pueda constituirse en el primer trimestre de 2008, antes de que acabe la legislatura.

El consejo tendr¨¢ que enfrentarse a una cuesti¨®n crucial: c¨®mo se estimula a las empresas para que sean socialmente responsables. El documento del Gobierno habla de incentivos, pero no especifica si ser¨¢n econ¨®micos o no. Barrera reh¨²sa pronunciarse, aunque admite que, sean del tipo que sean, tendr¨¢n que centrarse en las peque?as y medianas empresas, muy atrasadas en este terreno. "Sobre todo hay que quitar la idea de que esto supone un coste. Debemos decirles a las empresas que esto les va a suponer ventajas porque el consumidor lo va a exigir", subraya.

El documento que previsiblemente se acordar¨¢ hoy insiste en el car¨¢cter voluntario de las medidas. Es decir, ninguna empresa estar¨¢ obligada a someterse a los c¨¢nones de responsabilidad social -a no ser que trabajen con la administraci¨®n p¨²blica- y tampoco se pretende establecer un marco paralelo o sustitutivo de la negociaci¨®n colectiva entre empresas y trabajadores.

Esta aclaraci¨®n persigue aplacar los recelos suscitados en la CEOE, contraria a fijar obligaciones por escrito. No obstante, los empresarios son cada vez m¨¢s receptivos a este tipo de medidas, seg¨²n fuentes de la negociaci¨®n. Las firmas que las adoptan, adem¨¢s, suelen rentabilizar sus logros en t¨¦rminos de imagen p¨²blica.

Para evaluar si una empresa es responsable o no, el consejo fomentar¨¢ los informes y las memorias de responsabilidad social corporativa. Se trata de un documento donde las empresas deben explicar qu¨¦ han hecho para mejorar su entorno, similar a lo que realizan las cotizadas en Bolsa.

La Administraci¨®n ya trata de fomentar por diversas v¨ªas que las firmas cumplan unas exigencias sociales. La reciente ley de contratos p¨²blicos obliga a que los proyectos se adjudiquen s¨®lo a compa?¨ªas respetuosas con el medio ambiente, con los derechos de los trabajadores y los criterios de igualdad.

Tambi¨¦n la norma que permitir¨¢ invertir en Bolsa la hucha de las pensiones (el Fondo de Reserva) establece que esas inversiones se realicen con criterios de responsabilidad corporativa. Esta ley no ver¨¢ la luz en la legislatura por falta de tiempo y de apoyos parlamentarios suficientes, aunque el Gobierno conf¨ªa en recuperarla en 2008.