El Gobierno cierra todas las v¨ªas a PCTV y ANV para que no vayan a las generales

El Gobierno va a ir a por todas y agotar¨¢ todas las v¨ªas para impedir que ANV (Acci¨®n Nacionalista Vasca), PCTV (Partido Comunista de las Tierras Vascas, EHAK, en euskera) o cualquier otra marca vinculada a la ilegalizada Batasuna se presente a las elecciones generales del 9 de marzo. "De ninguna manera va a quedar un hueco para que ni ANV ni PCTV puedan concurrir a las elecciones", dijo ayer la vicepresidenta primera, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, al presentar el acuerdo que aprob¨® el Consejo de Ministros que insta a la Abogac¨ªa del Estado para que las ilegalice.

El acuerdo ministerial posibilita a la Abogac¨ªa del Estado para que utilice todos los mecanismos para "asegurar que se impida judicialmente" que ANV, PCTV o cualquier otra marca vinculada a Batasuna "concurra a las elecciones". Fern¨¢ndez de la Vega precis¨® que para ello recurrir¨¢ a los mecanismos de la Ley Electoral, de la Ley de Partidos y, en su caso, "si es necesario, a las medidas cautelares". As¨ª, en 2002, el juez Baltasar Garz¨®n suspendi¨® cautelarmente a Batasuna, antes, incluso, de que se iniciara el proceso de ilegalizaci¨®n ante la sala 61 del Tribunal Supremo por la v¨ªa de la Ley de Partidos.

El acuerdo, decidido ayer por el Consejo de Ministros, autoriza a la Abogac¨ªa del Estado a que proceda a la ilegalizaci¨®n por tres v¨ªas diferentes.

As¨ª, autoriza al servicio jur¨ªdico del Estado a ejercer las acciones necesarias para ilegalizar ANV y PCTV por la Ley de Partidos, bien por el procedimiento ordinario o en ejecuci¨®n de la sentencia de la Sala del 61 del Tribunal Supremo que decret¨® la ilegalizaci¨®n de Batasuna en 2003. Fern¨¢ndez de la Vega precis¨® que esta decisi¨®n responde a que "se ha acreditado" que ambas marcas "est¨¢n vinculadas a Batasuna". "No hay lugar en la democracia para los que pretenden servirse de ella. Esta decisi¨®n certifica que en un Estado de derecho nada ni nadie puede estar por encima del imperio de la ley", precis¨®.

El mismo acuerdo autoriza, tambi¨¦n, a la Abogac¨ªa del Estado a promover las acciones judiciales necesarias para impedir o anular la proclamaci¨®n de las candidaturas o agrupaciones electorales en que concurran las circunstancias previstas en el art¨ªculo 44,4 de la Ley de R¨¦gimen Electoral, seg¨²n la redacci¨®n dada por la Ley de Partidos.

Trata, con ello, de que la Abogac¨ªa tome medidas en el caso de que la ilegal Batasuna repita lo que intent¨® en las elecciones municipales de mayo de 2007, cuando quiso concurrir con la agrupaci¨®n electoral Abertzale Sozialistak. La Abogac¨ªa del Estado y la Fiscal¨ªa impugnaron en mayo todas las agrupaciones electorales de esa marca ante la sala 61 del Tribunal Supremo e impidieron su participaci¨®n electoral.

El Consejo de Ministros autoriz¨®, asimismo, a los Servicios Jur¨ªdicos del Estado a pedir la ilegalizaci¨®n, a trav¨¦s de la Ley de Partidos o de ejecuci¨®n de sentencia, en el caso de que las formaciones ilegalizadas traten de "resucitar un partido durmiente" para concurrir a las elecciones. Fue lo que sucedi¨® en las elecciones municipales de mayo, en las que la ilegal Batasuna trat¨® de concurrir, primero, con un nuevo partido, Abertzale Sozialisten Batasuna, y despu¨¦s, con una marca de "partido durmiente", ANV, que, adem¨¢s, en sus estatutos, pregonaba el rechazo de la violencia.

La primera fue impugnada por la Abogac¨ªa del Estado y la Fiscal¨ªa y rechazada por el Tribunal Supremo. Y la segunda, ANV, s¨®lo puso disponer de la mitad de sus candidaturas. La otra mitad fueron impugnadas y rechazadas por el Supremo.

Fern¨¢ndez de la Vega justific¨® ayer el que ahora sea posible la ilegalizaci¨®n de ANV y no lo fuera en mayo de 2007 en que fue a partir de la operaci¨®n policial realizada contra la Mesa Nacional de Batasuna en octubre cuando se empezaron a recabar las "pruebas contundentes" que lo han posibilitado.

"Es ahora cuando se dispone, no de los indicios, que se han venido teniendo de forma sucesiva y son los que abren el camino a las pruebas contundentes que van a permitir conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que se proceda a su ilegalizaci¨®n", manifest¨®.