El principal acusado trabaj¨® como alto cargo en una empresa del 'caso Malaya'

Laguardia se ha convertido estos d¨ªas en un hervidero de rumores y sospechas tras el levantamiento del secreto del sumario por el intento de soborno al edil de EA para ampliar la construcci¨®n de viviendas alrededor del proyectado campo de golf. El caso tom¨® ayer un cariz inesperado. El principal acusado, Gregorio Ochoa, trabaj¨® como delegado para el norte de Espa?a de Aifos, una de las mayores inmobiliarias de la Costa del Sol y la principal empresa implicada en la trama de corrupci¨®n marbell¨ª del caso Malaya, destapada en abril de 2006. Ochoa fue quien propuso directamente al concejal, Gregorio L¨®pez, a comienzos del pasado diciembre pagarle 90.000 euros a cambio de que votase a favor del PP para que el proyecto incluyese 320 viviendas en lugar de las 120 que aceptaba el consistorio. Ochoa ya hab¨ªa hecho una primera intentona en septiembre, cuando le ofreci¨® a L¨®pez 60.000 euros.

Ochoa dej¨® su puesto en Aifos tres meses antes de que estallara todo el esc¨¢ndalo en Marbella, la mayor trama espa?ola de corrupci¨®n municipal. Durante la investigaci¨®n del caso Malaya, la Agencia Tributaria cifr¨® en m¨¢s de 11,4 millones de euros las cuotas defraudadas a Hacienda. Los titulares de la empresa pagaron al cerebro de la trama, el ex asesor urban¨ªstico marbell¨ª Juan Antonio Roca, para obtener resoluciones favorables. Sus directivos han reconocido ante el juez que pagaron a Roca m¨¢s de 3,4 millones por la firma y ratificaci¨®n de convenios.

El voto del edil de EA resulta fundamental para resolver el empate a cuatro concejales entre el PP y el PNV, que gobierna el consistorio desde las pasadas municipales. El PP es firme partidario de ampliar las 120 viviendas autorizadas por el Plan Territorial Parcial y las disposiciones urban¨ªsticas y medioambientales del Gobierno hasta 320. Seg¨²n los populares, tal es el n¨²mero m¨ªnimo para hacer viable el proyecto y que los constructores se interesen por ¨¦l. Con este objetivo, el PP promovi¨® el plan hace tres a?os, cuando gobernaba la localidad con mayor¨ªa y fij¨® ese n¨²mero de casas junto al campo de golf en una localidad de 1.500 habitantes. El Gobierno rebaj¨® luego el n¨²mero al considerarlo excesivo para la zona. Pese a este rev¨¦s, los populares han intentado de nuevo subir la cifra, aunque ya no controlan la alcald¨ªa y PNV y EA se oponen.

Tras destaparse el intento de soborno, el actual equipo de gobierno ha reiterado su intenci¨®n de dar marcha atr¨¢s y anular el proyecto. Ni el PNV ni EA estaban conformes con ¨¦l y mucho menos con la pretensi¨®n de levantar m¨¢s casas. En estos momentos, se encuentra a la espera de conocer un informe encargado a sus abogados para ver qu¨¦ posibilidades tiene de recalificar las hect¨¢reas sobre las que se asienta el proyecto y revertirlas de suelo urbano, su calificaci¨®n actual, a r¨²stico.

Junto a Ochoa, la juez instructora, la titular del juzgado n¨²mero 3 de Vitoria, ha imputado recientemente a otros dos empresarios: Mario Luis Balza de Vallejo Go?i, que tiene negocios relacionados con el mundo del vino en Logro?o, y Jes¨²s Mar¨ªa Cadarso Arrausi, con domicilio en Laguardia y que se dedica a la compraventa de terrenos. La implicaci¨®n de ¨¦ste ¨²ltimo es algo menor a la de los otros dos acusado, seg¨²n fuentes conocedoras del proceso. Ninguno de los tres imputados ni sus abogados quisieron hacer ayer declaraciones sobre la causa.

La juez no ha terminado de practicar todas las pruebas. Para el lunes est¨¢ previsto que los tres imputados pasen una rueda de reconocimiento en el juzgado. Varios testigos deber¨¢n reconocerles y explicar qu¨¦ relaci¨®n entablaron con ellos. Las pesquisas han supuesto la intervenci¨®n de numerosas conversaciones telef¨®nicas y abierto dos nuevas l¨ªneas de investigaci¨®n: las posibles irregularidades en la planificaci¨®n de los campos de golf de Laguardia y de Labastida. En ambos casos, las irregularidades guardan relaci¨®n con el uso de informaci¨®n privilegiada en la compraventa de terrenos.

Informaci¨®n elaborada por Eduardo Azumendi, Txema G. Crespo e Isabel C. Mart¨ªnez