El Gobierno ve tres ilegalidades en Ciudadan¨ªa

El Gobierno ha identificado tres puntos d¨¦biles en el desarrollo de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa anunciado por la Generalitat. Ha recabado antecedentes, ha afilado los argumentos jur¨ªdicos y s¨®lo aguarda la publicaci¨®n de la orden del Consell para iniciar una batalla legal que da por ganada. El diputado socialista Adolf Sanmart¨ªn adelant¨® ayer en las Cortes los ejes del recurso que presentar¨¢ el Ministerio de Educaci¨®n en un pleno ¨¢spero en el que pidi¨® al consejero Alejandro Font de Mora que dimita por "utilizar a los alumnos en un enfrentamiento partidista".

Font de Mora empez¨® en ingl¨¦s su intervenci¨®n en las Cortes

El consejero protagoniz¨® una an¨¦cdota ins¨®lita al empezar su intervenci¨®n en ingl¨¦s. Jos¨¦ Cholbi, presidente en funciones de las Cortes, le interrumpi¨® para recordarle que las lenguas oficiales de la C¨¢mara son el valenciano y el castellano, y le inst¨® a traducir lo que hab¨ªa dicho.

Aunque el Ejecutivo considera inadecuado que la asignatura se d¨¦ en ingl¨¦s (la primera piedra en el camino lanzada por el Gobierno de Francisco Camps), dejar¨¢ esa cuesti¨®n fuera del recurso. Se centrar¨¢ en la opci¨®n B ideada por Font de Mora (reducir la materia a tres trabajos de libre elecci¨®n por curso), al entender que la f¨®rmula deja sin impartir la mayor parte de los contenidos, lo que supondr¨ªa incumplir las materias m¨ªnimas comunes para toda Espa?a que establecen normas b¨¢sicas.

Tanto la Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n (LOE) como los reales decretos de desarrollo permiten a las comunidades aut¨®nomas elegir el modelo de evaluaci¨®n (en vez de ex¨¢menes podr¨ªan elaborarse trabajos), pero no recortar sustancialmente los contenidos de la asignatura.

El Ejecutivo atacar¨¢ tambi¨¦n, si finalmente queda recogida en la orden de consejer¨ªa, la "atenci¨®n educativa" para quienes se decidan por la objeci¨®n de conciencia ante cualquier versi¨®n de la asignatura. La Generalitat ha comparado esa atenci¨®n con la que se presta a quienes no estudian Religi¨®n, pero en este caso se trata de una posibilidad contemplada por la LOE.

El Gobierno considera que extenderla a Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa y los Derechos Humanos, o crear un registro de objetores de conciencia como el que el Consell ha declarado que crear¨¢, supondr¨ªa reconocer un comportamiento (el de los padres) que carece de base legal. Los informes del ministerio recogen cinco sentencias en las que el Tribunal Constitucional ha tumbado los intentos de apelar a la objeci¨®n de conciencia en casos no sostenidos por alguna norma, como la que se preve¨ªa legalmente en su d¨ªa para evitar el servicio militar.

El Gobierno no solo est¨¢ convencido de que ganar¨¢ el recurso, sino de que la Generalitat tambi¨¦n lo sabe. Y cree que esa es la raz¨®n por la que Font de Mora ha elegido la v¨ªa de la orden para desarrollar la asignatura, en vez de la del decreto. Una norma que exigir¨ªa que el Consejo Jur¨ªdico Consultivo se pronunciara, dando el primer varapalo a la alternativa del Consell.