Es Barber¨¢, no la justicia

El Tribunal Supremo ha rechazado dos recursos de los afectados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que, en octubre de 2004, en una re?ida decisi¨®n por solo diez votos a ocho, resolvi¨® a favor del Plan Especial de Protecci¨®n y Reforma Interior promovido por el Ayuntamiento de Valencia para El Cabanyal-Canyamelar. Conjunto hist¨®rico, anexionado a Valencia en 1897, que mereci¨® la calificaci¨®n en 1993 de Bien de Inter¨¦s Cultural (BIC), la m¨¢xima categor¨ªa de protecci¨®n de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, por el singular valor de su trama urbana, herencia del alineamiento de las antiguas barracas de pescadores y por su peculiar arquitectura, ejemplo irrepetible de modernismo popular.

La sentencia descarta la ilegalidad del plan, pero ello no lo convierte en el m¨¢s id¨®neo

En el origen del conflicto est¨¢ la contradicci¨®n entre la proclamada voluntad municipal de proteger y mejorar el conjunto urbano formalmente protegido y el empe?o en prolongar Blasco Ib¨¢?ez a trav¨¦s del barrio, abriendo una brecha de algo m¨¢s de 100 metros de anchura, 48 para la avenida y el resto para nuevas manzanas edificables, con la consiguiente destrucci¨®n de 450 edificios, muchos de ellos de alto valor patrimonial, la p¨¦rdida de 1.651 viviendas y el desplazamiento forzoso de centenares de vecinos. Algo a lo que, desde hace ya diez a?os, se vienen oponiendo los afectados con el aval de expertos y universidades y la solidaridad de miles de ciudadanos.

La nueva sentencia descarta la ilegalidad del plan municipal, pero ello no lo convierte en el m¨¢s id¨®neo ni en la mejor opci¨®n. Porque, como es sabido, los tribunales, obligados a ce?irse a una concreta y acotada controversia jur¨ªdica, no alcanzan a valorar la idoneidad o no de una decisi¨®n administrativa cuando era posible elegir entre diferentes soluciones t¨¦cnicas. Podemos pues reiterar que el PEPRI promovido por el Ayuntamiento, tal y como hoy est¨¢ formulado y m¨¢s all¨¢ de la sentencia, sigue sin ser la mejor soluci¨®n para El Cabanyal-Canyamelar y para la ciudad de Valencia, al menos, por tres razones.

La primera, porque de todas las opciones t¨¦cnicamente posibles para la necesaria protecci¨®n y recuperaci¨®n del conjunto declarado BIC, el Ayuntamiento de Valencia, con el aval de la Generalitat, ha elegido la m¨¢s burda y, al tiempo, m¨¢s dolorosa para el barrio y sus habitantes. La prolongaci¨®n proyectada, acompa?ada de bloques de nueva edificaci¨®n a ambos lados que duplican la altura media de las viviendas tradicionales del barrio producir¨¢, donde antes hab¨ªa un barrio singular de marcada homogeneidad, de razonables proporciones y a escala humana, dos residuos urbanos ocultos tras las modernas edificaciones, desconectados entre s¨ª a causa de una v¨ªa r¨¢pida al servicio del transporte motorizado. Una opci¨®n demasiado elemental y anticuada que recuerda la apertura de avenidas que, como la del Oeste, acabaron por agudizar la degradaci¨®n de barrios tradicionales, como pasara ya con Velluters y el Mercat.

En segundo lugar, el plan no es viable porque los nuevos bloques a construir, con una altura prevista de cinco plantas, no van a servir de suficiente aliciente a la iniciativa privada como para permitir al Ayuntamiento encontrar socios que financien su proyecto en estos tiempos de crisis, a¨²n a pesar de que a?os de desidia municipal hayan podido abaratar el precio del suelo afectado. En consecuencia, a la se?ora Barber¨¢ le van a quedar muy pocas opciones y ninguna buena, o modifica al alza la edificabilidad del plan para hacer atractiva la inversi¨®n al capital privado, agravando a¨²n m¨¢s el desprop¨®sito urban¨ªstico, o compromete otras compensaciones a los inversores forzando la ley u opta por hacer a toda la ciudad part¨ªcipe del desaguisado y sufraga con el dinero de los valencianos su obstinaci¨®n, costeando los cientos de millones de euros que costar¨¢n las expropiaciones y las obras de urbanizaci¨®n mediante el incremento, m¨¢s o menos encubierto, de la presi¨®n fiscal y el mayor endeudamiento para el futuro.

Por ¨²ltimo, este plan municipal no ha ido acompa?ado de voluntad de di¨¢logo y consenso previo con los afectados e hipot¨¦ticos beneficiarios de la actuaci¨®n. Y es que un plan que quiere presentarse como de mejora para un barrio de alto inter¨¦s patrimonial y de gran vitalidad social no puede partir de considerarlo como si de un erial se tratase. Tampoco las autoridades pueden abusar de la legitimidad que dan las urnas para imponer su voluntad negando el derecho de participaci¨®n de la ciudadan¨ªa. Cuando, adem¨¢s, desde la reforma de la legislaci¨®n local de 2003, el Ayuntamiento de Valencia tiene la obligaci¨®n de someter los temas de planificaci¨®n estrat¨¦gica y grandes proyectos urbanos a un consejo social que la se?ora Barber¨¢ elude constituir.

Que hoy parezca no haber soluci¨®n para El Cabanyal-Canyamelar no es resultado, pues, de una decisi¨®n judicial m¨¢s o menos desafortunada, el problema viene de una err¨®nea decisi¨®n pol¨ªtica previa, de un mal entendimiento de la autoridad y de una obstinaci¨®n que amenaza con privar de su ¨²nico patrimonio a centenares de personas a cambio de una valoraci¨®n incierta, imponi¨¦ndoles un desarraigo afectivo y vital insoportable en tanto sufren la incertidumbre de un lejano retorno. Algo que a¨²n podr¨ªa enmendarse si la se?ora Barber¨¢ fuese capaz de dejar en suspenso la ejecuci¨®n de este plan para sentarse con las vecinas y vecinos a buscar una soluci¨®n diferente de entre las varias t¨¦cnicamente posibles, una soluci¨®n consensuada, viable y menos traum¨¢tica para el barrio y la ciudad.

Antonio Montiel es abogado.