Un exceso de 2.500 millones

La Abogac¨ªa del Estado ha dictaminado que existen razones para reclamar la liquidaci¨®n de los conocidos Costes de Transici¨®n a la Competencia (CTC), concedidos graciosamente por el ministro Josep Piqu¨¦ en 1998 a las empresas el¨¦ctricas como una compensaci¨®n al supuesto deterioro competitivo de sus activos. Considera la abogac¨ªa, a instancias del Ministerio de Industria y de la Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa (CNE), que las el¨¦ctricas han percibido de la tarifa, es decir, de los consumidores, m¨¢s dinero del que les correspond¨ªa. Seg¨²n los c¨¢lculos del equipo ministerial de Clos, las el¨¦ctricas deben unos 2.500 millones de euros. El informe de la Abogac¨ªa del Estado no entra en el c¨¢lculo de esa deuda -parece que s¨®lo Iberdrola tendr¨ªa que devolver unos mil millones de euros-, pero avala cualquier reclamaci¨®n del Gobierno sobre ese dinero. La expresi¨®n m¨¢s correcta ser¨ªa "obliga", porque si el exceso de dinero percibido por las compa?¨ªas no se reclama, bien podr¨ªa pensarse en un caso de negligencia administrativa.

El dictamen permitir¨¢ reducir los 12.500 millones de d¨¦ficit de tarifa

El Gobierno debe pronunciarse ya sobre el almac¨¦n de residuos nucleares

El enredo tarifario medir¨¢ el temple de Sebasti¨¢n y sus colaboradores

Es oficial, por tanto, que la desaparici¨®n de los CTC, decidida en tiempos de Antonio Fern¨¢ndez Segura como secretario general de Energ¨ªa, requer¨ªa una liquidaci¨®n previa para no perjudicar a los consumidores. Esa liquidaci¨®n ofrece al menos dos puntos de inter¨¦s. Permitir¨¢ reducir la pesada carga del llamado d¨¦ficit de tarifa, unos 12.500 millones de euros acumulados al finalizar 2008, un efecto perverso del fraudulento sistema inventado por el PP para calcular el precio de la electricidad. La ocurrencia popular, consistente en presumir de tarifas reducidas por el m¨¦todo de trasladar al futuro, es decir, a otros gobiernos y consumidores, el coste real de producci¨®n, cont¨® con la fr¨ªvola colaboraci¨®n del primer gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero, que se neg¨® a subir el precio de la electricidad y a sustituir el rid¨ªculo mercado minorista cuyos precios se apa?an las el¨¦ctricas con sus propias filiales. En buena l¨®gica, los 12.500 millones que adeudar¨¢n los consumidores a finales de este a?o deber¨ªan reducirse en los 2.500 millones mencionados y en los 1.074 millones de euros correspondientes a los derechos de emisi¨®n de gases de efecto invernadero que tambi¨¦n tienen que restituir las compa?¨ªas.

La pringosa connivencia del PP con los grupos el¨¦ctricos y la incapacidad de los ministerios de Montilla y Clos para articular una pol¨ªtica tarifaria coherente han convertido la tarifa el¨¦ctrica en un enredo laber¨ªntico. Las salidas, como en los aviones y en las casas del terror, est¨¢n marcadas: o se sube la tarifa -para pagar el d¨¦ficit a fecha de hoy, la luz tendr¨ªa que encarecerse en un 30%- o se aplican otros instrumentos de extracci¨®n de ingresos que compensen la carrera imparable del endeudamiento. Durante cuatro a?os, la primera salida ha estado tapiada por la pol¨ªtica presidencial de no subir las tarifas por encima del IPC. Ser¨ªa una sorpresa que Miguel Sebasti¨¢n imponga el criterio m¨¢s racional de repercutir los costes en el consumidor.

La segunda salida consistir¨ªa en aplicar tasas o impuestos que corrijan los cuantiosos beneficios que obtienen las compa?¨ªas como consecuencia de las normas regulatorias. V¨¦ase al respecto el caso de la energ¨ªa nuclear, cuyas instalaciones est¨¢n amortizadas y vueltas a amortizar varias veces a costa del recibo de la luz y que, sin embargo, siguen benefici¨¢ndose de una distancia sideral entre el coste de producci¨®n de la electricidad nuclear -unos 20 euros por megavatio- y el precio de mercado, que ronda los 60 euros por megavatio. La tentaci¨®n de repartir ese margen, excesivo a todas luces, para que una parte revierta en los usuarios podr¨ªa satisfacerse mediante la aplicaci¨®n de un impuesto extraordinario. Advertencia: los te¨®ricos de la regulaci¨®n saben que este tipo de impuestos extraordinarios tienen dificultades, a veces insoslayables, de aplicaci¨®n.

Los activos de generaci¨®n hidroel¨¦ctrica presentan las mismas disfunciones regulatorias. Est¨¢n tan amortizados o m¨¢s que los nucleares y se benefician de la misma distorsi¨®n de precios generada por un precio mayorista que se fabrican las empresas y una tarifa que fija el Gobierno antes de conocer ese coste. La generaci¨®n hidroel¨¦ctrica en Espa?a presenta, adem¨¢s, un fen¨®meno casi paranormal: las empresas -Iberdrola es la m¨¢s beneficiada- no pagan o lo hacen con cantidades irrisorias, pr¨®ximas al expolio, el agua que utilizan para generar kilovatios. Esa agua est¨¢ sometida a un r¨¦gimen de concesi¨®n p¨²blica cuyas condiciones se desconocen. Cualquier sistema racional conceder¨ªa el agua mediante un sistema de subastas que ponga en valor la propiedad p¨²blica que aproxime los costes de producci¨®n a los del mercado, como le gusta al presidente de Iberdrola, Ignacio S¨¢nchez.

El enredo tarifario medir¨¢, y ¨¦ste es el segundo punto de inter¨¦s, el temple pol¨ªtico y t¨¦cnico de Sebasti¨¢n y sus colaboradores. O, m¨¢s de lo mismo, con tarifas pol¨ªticas de m¨ªrame y no me toques mientras sigue creciendo la exorbitante deuda artificial con las compa?¨ªas y sumisi¨®n perruna a la inexpugnable cuenta de resultados de las empresas -no sea que se vayan a desplomar en Bolsa- o una pol¨ªtica de precios m¨¢s coherente que defienda los dineros de los consumidores y su derecho, sin ir m¨¢s lejos, a cambiar de empresa distribuidora. El mismo car¨¢cter, por cierto, que ser¨¢ necesario para decir de una vez el almac¨¦n nuclear centralizado, que ya es urgente. Las piscinas de las centrales se llenan de residuos, el contrato con Francia est¨¢ a punto de expirar y el famoso ATC sigue en el limbo de los justos, o, mejor, de los torpes.

Por cierto, ?qu¨¦ se hizo del Libro Blanco de Electricidad redactado por Ignacio P¨¦rez Arriaga? ?Alguien puede dar cuenta pol¨ªtica de su desaparici¨®n? -