'Caso Funeraria': el Ayuntamiento 'regal¨®' la empresa por 0,6 euros

La Empresa Municipal de Servicios Funerarios fue privatizada por 0,6 euros (100 pesetas) cuando pudo haber sido vendida por 7.430.132 euros (1.236.270.000 pesetas), "lo que supone un da?o a los intereses p¨²blicos", establece la sentencia que la Audiencia Provincial dict¨® ayer sobre el caso funeraria. Esta decisi¨®n pone punto y aparte a un proceso judicial que se ha dilatado durante 15 a?os y que cierra el mayor esc¨¢ndalo del mandato de Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano en el Ayuntamiento de Madrid (PP, 1989-2003).

Jos¨¦ Ignacio Rodrigo aport¨® "informaci¨®n sesgada" sobre la funeraria municipal Con los due?os de Funespa?a, cre¨® firmas ficticias para evadir impuestos

Los tres magistrados de la Audiencia que han instruido el caso consideran que el primer teniente de alcalde de Madrid entre 1991 y 1995, Luis Mar¨ªa Huete (PP), lo "pudo haber evitado y no lo evit¨®". Por eso, lo condena a dos a?os y un d¨ªa de inhabilitaci¨®n para ocupar cargo p¨²blico. Huete tiene 79 a?os y lleva cinco apartado de la pol¨ªtica.

La sentencia absuelve al resto de los nueve imputados, entre ellos a otros dos ex concejales populares, Sim¨®n Vi?als y Antonio Moreno, de los delitos de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, maquinaci¨®n para alterar el valor de las cosas, falsedad documental y tr¨¢fico de influencias porque algunos ya est¨¢n prescritos.

El caso se inicia en 1992 cuando el primer teniente de alcalde de Madrid Luis Mar¨ªa Huete (PP) decide iniciar los tr¨¢mites para privatizar parcialmente la Empresa de Servicios Funerarios de Madrid. El Ayuntamiento hab¨ªa adquirido la sociedad siete a?os antes y a pesar de que actuaba como un monopolio arrojaba grandes p¨¦rdidas. El concejal de Sanidad, Sim¨®n Vi?als, pidi¨® a las juntas de distrito el cierre de las casas mortuorias privadas para evitar la competencia. La funeraria ten¨ªa adem¨¢s una deuda con el Ayuntamiento de 13.671.505 de euros (2.274 millones de pesetas). Antonio Moreno, ex concejal de Personal y R¨¦gimen Interior, elabor¨® los pliegos del concurso para privatizar la empresa p¨²blica, que terminaron favoreciendo a Funespa?a.

Vi?als, que entonces presid¨ªa la funeraria municipal, contrat¨® como asesor a Jos¨¦ Ignacio Rodrigo (posteriormente consejero y accionista de Funespa?a) que accedi¨® a informaci¨®n privilegiada durante la venta de la funeraria.

Huete, tras ignorar las advertencias de los t¨¦cnicos municipales, decidi¨® adjudicar finalmente la venta del 49% de la funeraria municipal (con el respaldo del Grupo Popular en el pleno) as¨ª como la gesti¨®n y un ingreso adicional del 20% de los beneficios a la funeraria municipal por una cantidad simb¨®lica: 0,6 euros. La sentencia reconoce "la existencia de indicios de que la decisi¨®n [de adjudicar la privatizac¨ª¨®n a Funespa?a] fue influenciada de modo indirecto por Huete".

Los magistrados concluyen que "el ex teniente de alcalde adopt¨® una decisi¨®n a pesar de las advertencias de los t¨¦cnicos de que el verdadero valor de la oferta elegida no era el que figuraba en ella". Y a?ade: "El acusado propuso al pleno aprobar la adjudicaci¨®n a Funespa?a creando una situaci¨®n de riesgo que se concret¨® posteriormente".

Tan s¨®lo unas semanas despu¨¦s de la privatizaci¨®n parcial, la empresa supuestamente estaba en quiebra, Huete propuso la condonaci¨®n de la deuda que manten¨ªa con el Ayuntamiento (13,6 millones). Dos a?os m¨¢s tarde la funeraria arrojaba unos beneficios de seis millones.

Tras conocer ayer la sentencia que le condena a dos a?os y un d¨ªa de inhabilitaci¨®n para ocupar cargo p¨²blico, Luis Mar¨ªa Huete, vestido con traje de chaqueta y gabardina, se llev¨® las manos a la cabeza. Comenz¨® a hacer aspavientos. "Hay que recurrirla", coment¨® a sus abogados con preocupaci¨®n. La pena a Huete ha sido reducida porque el tribunal estima como atenuante "las dilaciones indebidas" del caso. Pero la sentencia lo deja claro: "El acusado no dud¨® en suscribir un contrato en el que figuraba un precio que sab¨ªa incierto e inexacto, ni en proponer al pleno municipal la condonaci¨®n de la deuda que la empresa funeraria ten¨ªa contra¨ªda con el Ayuntamiento".

De esta forma, Funespa?a compr¨® por 0,6 euros una empresa con una deuda de 13,6 millones y tan s¨®lo dos a?os despu¨¦s esta deuda fue perdonada por el Ayuntamiento a instancias del ex teniente de alcalde del Gobierno popular de Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano. El negocio fue redondo.

Uno de los impulsores de este negocio fue Jos¨¦ Ignacio Rodrigo, asesor contratado por el gerente de la empresa funeraria, el ex concejal Sim¨®n Vi?als. Rodrigo pas¨® de elaborar informes sobre la situaci¨®n de la empresa municipal a hacerse con su control. Un estudio encargado por Rodrigo valoraba la funeraria en 18 millones de euros. Sin embargo, ¨¦ste "transmiti¨® -a los responsables municipales- su particular y sesgada opini¨®n de la situaci¨®n econ¨®mica de la sociedad municipal" para vender la empresa mixta, seg¨²n se desprende de la sentencia. El 22 de diciembre de 1992, el Ayuntamiento adjudica el 49% de la empresa funeraria a Funespa?a. Huete aboga por condonar la elevada deuda.

Rodrigo hab¨ªa conocido a los hermanos Juan Antonio y ?ngel Valdivia, propietarios de Funespa?a, y pronto se hizo con un hueco en la nueva organizaci¨®n tras la compra de ¨¦stos de la funeraria municipal. Fue nombrado consejero y se convirti¨® en accionista. Rodrigo dise?¨® un complejo entramado de arquitectura financiera, con empresas ficticias radicadas en Holanda, para hacerse con el control de los socios de Funespa?a, y distribuir el beneficio que obten¨ªa la sociedad por la gesti¨®n de la empresa mixta funeraria entre los hermanos Valdivia e "impedir que la empresa tributara a la Hacienda P¨²blica".

Por estas actuaciones la sentencia culpa a Rodrigo de un delito de tr¨¢fico de influencias y a los hermanos Valdivia de otro contra la Hacienda P¨²blica (correspondiente al a?o 2003) y falsedad documental. Pero los magistrados consideran que estas infracciones han prescrito por lo que "han quedado extinguida sus responsabilidades penales". Los imputados se han beneficiado de 15 a?os de pleitos. La primera denuncia del caso Funeraria fue presentada en 1993 por el ex concejal socialista Juan Barranco contra el proceso administrativo. Tres a?os m¨¢s tarde, IU present¨® otra por la v¨ªa penal. En 2003, el caso se instruye en el Tribunal Superior de Justicia, por ser Huete diputado regional. Cuando se iba a iniciar la vista oral el tribunal lo retras¨® por coincidir con las elecciones auton¨®micas. Cuando Huete abandona el hemiciclo regional su defensa solicita que el caso se traslade a la Audiencia. El pen¨²ltimo escollo se produce en 2006 porque uno de los jueces se inhibe alegando amistad ¨ªntima con una de las partes.

A pesar de todo, la sentencia no ha detectado indicios de maquinaciones para alterar el precio de las cosas, ni de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. Los grupos de la oposici¨®n de Madrid (PSOE e IU) anunciaron ayer que recurrir¨¢n la sentencia.